Existen 120 mil predios irregulares en Tijuana: INDIVI

Destacados martes, 14 junio, 2022 2:29 PM

En Tijuana existen 120 mil predios irregulares actualmente, que equivalen a 52 asentamientos; de dos años a la fecha, el INDIVI ha firmado 40 convenios de regularización en este municipio fronterizo

 

Este martes 14 de junio Gregorio Saúl Osnaya López, Director General del Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda para el Estado de Baja California (INDIVI), acudió a una reunión con el Colegio de Abogados en la que tocó el tema de “La regularización de la vivienda en Baja California” e hizo referencia a la problemática que ha venido manifestando el Frente de Posesionarios de la Zona Este de Tijuana de la falta de regularización de sus predios.

“En el caso de la comunidad de la Zona Este de Tijuana se han estado llevando a cabo mesas de trabajo con el Gobierno del Estado encabezadas por el Secretario General de Gobierno, Catalino Zavala, desde un principio se ha atendido a todos los vecinos. Este es un problema añejo que data del 2011 de un asunto que empezó en los 80 y que ahorita ya se está revisando. Obviamente hay mucha expectativa de la gente y en próximos días se van a estar dando algunas reuniones más para saber con mucha precisión cuántas familias son las que están en medio de la problemática jurídica”, comentó Gregorio Saúl.

Respecto a la acusación de los ejidatarios de la estafa sufrida por el Estado, el Director General del INDIVI manifestó que para él sí hubo fraude por parte del gobierno.

“Yo fui el primero en pronunciarme desde el principio del gobierno sobre que sí hubo una situación complicada de que el gobierno engañó, bueno, no engañó, pero en su momento de buena fe, pero sin verificar todo el tema legal -que debería de verificar- cometió un error y ese error tiene como consecuencia lo que viven las familias el día de hoy”, declaró Gregorio Saúl.

Según el Director General del INDIVI, en Tijuana existen actualmente 120 mil predios irregulares, que equivalen a 52 asentamientos, situación que le achaca a que los dueños de la tierra fraccionan, limitan o cortan un terreno y no lo informan a la autoridad, lo que deriva en la irregularidad.

 

 

Gregorio Saúl Osnaya, también comentó que de dos años a la fecha, el INDIVI ha firmado 145 convenios de regularización de predios en Baja California, mientras que en Tijuana han sido 40, cifras que han aumentado en un 100 por ciento si se compara con años anteriores a 2020.

INDIVI debe mil 400 mdp para indemnizar a particulares por demandas heredadas que perdió

El Director General del INDIVI, añadió que el instituto tiene un rezago histórico de mil 400 millones de pesos para indemnizar a personas particulares debido a demandas pérdidas en los instrumentos que antecedieron a lo que hoy es el Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda para el Estado de Baja California.

“Al momento que nosotros asumimos la dirección, encontramos que históricamente hay un adeudo de mil 400 millones de pesos en demandas pérdidas que se tienen que indemnizar a personas particulares porque se ignoraron los procedimientos en muchos de los casos o no se contestaron legalmente ante los juzgados y que ahora estamos enfrentando cada uno. No vamos a permitir que se endeude más el instituto”, declaró el Director General del INDIVI.

Lo anterior, ha repercutido en que la institución se vea impedida de desarrollar proyectos de construcción de vivienda, por lo que buscan la intervención de la Comisión Nacional de Vivienda Conavi (CONAVI) para que ejecute el desarrollo de vivienda, mientras que INDIVI pone el terreno.

Al cuestionar a Gregorio Osnaya sobre cómo hará el INDIVI para combatir el rezago, explicó que “nosotros estamos enterando a la Consejería Jurídica de la situación económicamente hablando en temas perdidos de antaño para que el Gobierno del Estado tenga conocimiento”.

Además, el dijo que el INDIVI se está enfocando en sus dinámicas de recaudación, cobranza y oferta de los convenios de regularización para poder enfrentar de manera rápida el rezago financiero que tienen con los particulares y con el mismo Gobierno del Estado.

 

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