La actual funcionaria del Gobierno del Estado niega que exista conflicto de interés, a pesar de que la familia de su esposo mantiene un pleito con vecinos de Valle Dorado por terrenos. Ahora ella debe interponer un recurso legal en contra de su familia
La familia de la oficial mayor, Rocío López Gorosave, mantiene un litigio por 2 mil 115 metros cuadrados (m2) de terreno patrimonio del Gobierno del Estado, ubicados a un costado de Ciudad Deportiva en Ensenada.
Los inmuebles se encuentran en Bulevar Los Lagos del fraccionamiento Valle Dorado, Sección Lagos Manzana; de acuerdo con la funcionaria, se trata de predios que en algún momento fueron donados por la familia de su esposo, Juan Antonio Sánchez Zertuche.
Tanto Juan Antonio como Rocío fueron militantes del Partido del Trabajo (PT). Fue diputada local de la XXII Legislatura del Congreso del Estado de Baja California en el periodo 2016-2019) y oficial del Registro Civil del XXI Ayuntamiento de Ensenada de 2014 a 2016. También fue titular de la Dirección de Fomento Económico del XX Ayuntamiento de Ensenada (2011-2012) y regidora del XVIII Ayuntamiento de Ensenada (2004-2007).
Víctor Antonio y Guadalupe son una pareja de afectados por esta situación: ellos, al igual que una veintena de personas, compraron el terreno a la familia Zertuche, según manifestaron en cartas enviadas en 2018, con el fin de solicitar ayuda al Gobierno del Estado.
Además de abogado y pareja de la funcionaria mencionada, Juan Antonio Sánchez Zertuche mantiene un negocio dedicado a bienes y raíces.
Los afectados describieron a ZETA que en los terrenos comprados había un excedente de terreno entre el deportivo y las casas, el cual era usado por “bandoleros” o personas que ingresaban por ocio. Por tal motivo cercaron esos espacios para evitar el ingreso de gente desconocida.
A los pocos días de haber cercado, un grupo llegó al domicilio para tumbar la barrera colocada, con el argumento que se trataba de “un terreno propiedad de la familia Zertuche”.
Debido a que ellos son profesores en el Estado de Sonora, decidieron no tener problemas y permitieron el acceso a estos desconocidos.
A los pocos días, dicho espacio fue convertido en basurero, por lo que recurrieron a las autoridades del Gobierno del Estado, pues también decían ser propietarios del terreno en cuestión.
El fiscal regional Rubén Alfredo Maximiliano Ramos Jiménez, informó que en el asunto con Número Único de Caso (NUC) 021/2019/2421, se determinó el no ejercicio de la acción penal. No está concluido porque la parte ofendida, en este caso la oficial mayor del Estado, tiene la oportunidad de inconformarse e interponer un nuevo recurso legal para recuperar las tierras.
Durante un recorrido hecho por la zona, ZETA constató que hay espacios cercados e inaccesibles, como también una tienda de conveniencia que forma parte de los terrenos en litigio.
Corresponde a la funcionaria instruir al jurídico llevar a cabo este proceso legal y evitar que se pierdan estos terrenos propiedad del bien público.
LITIGIO ENTRE ZERTUCHE Y ESTADO
Los problemas legales entre Gobierno del Estado y la empresa inmobiliaria propiedad de la familia Zertuche iniciaron en mayo de 2018, cuando los propietarios de terrenos colindantes a Ciudad Deportiva -uno de los centros más grandes de Ensenada- se quejaron de que desconocidos ingresaban a sus terrenos, por lo que recurrieron a Oficialía Mayor a presentar escritos en los que manifestaban interés de adquirir la superficie colindante a su predio, mismo que habían comprado a la familia citada y habían cercado por seguridad de su patrimonio.
En la inscripción ante el Registro Público de la Propiedad (RPP), se constató que su predio es colindante con terrenos propiedad del Gobierno del Estado.
Los propietarios colindantes expresaron su interés de comprar estos terrenos, quienes informaron que Sánchez Zertuche intentó venderles estos excedentes de superficie, lo que motivó la solicitud de comprarlo al Estado.
El gobierno realizó el levantamiento técnico para comparar y tener certeza si la superficie de terreno localizada entre la barda de Ciudad Deportiva y los predios que vendió la familia son un bien público o privado.
La superficie colindante en disputa, es de 2 mil 115.329 metros cuadrados e incluye 39 predios, iniciando con una superficie en el Lote 1 de 316 metros y finalizando en el Lote 20, con una superficie de 8.3 metros.
Posterior a la solicitud de los particulares, la empresa inmobiliaria intentó tomar posesión de los terrenos, pero no les fue posible y de ahí se desprendió la necesidad de ejercer acciones legales para recuperar la posesión de los terrenos, según describieron los afectados.
En junio de 2018, antes de iniciar las acciones legales, se realizó un levantamiento catastral actualizado para certificar la propiedad en favor del Gobierno del Estado, que sería la base para presentar denuncia por despojo.
Los documentos indican que el 15 de febrero de 2019, el Estado presentó una denuncia por el delito de despojo ante la extinta Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
OFICIAL MAYOR NIEGA CONFLICTO DE INTERÉS
La Oficial Mayor del Gobierno del Estado, Rocío López Gorosave, declaró que están a la espera que se les notifique el próximo 13 de junio la determinación del fiscal sobre los hechos denunciados.
“En caso de ser desestimada nuestra denuncia recurriremos ante el órgano correspondiente”, adelantó la funcionaria, al haber cumplicado con la obligación de salvaguardar los bienes del Estado. Quiero dejar muy en claro que, como oficial mayor del Gobierno del Estado de Baja California, siempre me he conducido con apego al marco constitucional, respeto de la Ley, y con total honestidad y transparencia”, afirmó a este Semanario.
A continuación, se transcribe parte de la entrevista sobre el caso:
— ¿Reconoce la existencia de la denuncia?
“Sí, tengo conocimiento de una denuncia presentada por quien fungía como delegado de Oficialía Mayor de Gobierno del Estado en Ensenada en 2019, por la posible comisión del delito de despojo en contra de quien resulte responsable, en la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, a la cual se le asignó el Número Único de Caso 0201-2019-02421”.
— ¿Cuál es la relación con las personas morales o físicas involucradas?
“Tengo conocimiento que, de las constancias que integran la carpeta de investigación, se desprenden los nombres de los dueños de los predios y ellos están en calidad de testigos. Efectivamente, son familiares directos de mi esposo, es decir, de la familia Zertuche, quienes son los desarrolladores del fraccionamiento Valle Dorado y quienes donaron terrenos al Gobierno del Estado en los que podemos incluir todo el terreno de Ciudad Deportiva”.
— ¿Considera que como servidora pública pudiera existir algún conflicto de interés?
“Definitivamente no tengo ningún conflicto de interés. Primeramente, porque esta denuncia por la posible comisión del delito de despojo, fue iniciada desde 2019, en la cual la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, hoy Fiscalía General del Estado, ha realizado todas las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos denunciados. Actuación a la que damos seguimiento con el debido respeto que se merece la autonomía de la ahora fiscalía, y confiando obtener buenos resultados en favor del Estado”.
— ¿Tiene algo que aclarar sobre el asunto?
“Que en este asunto, como en cualquier otro en el que tenga que intervenir en mi carácter de oficial mayor de Gobierno del Estado, cumpliré plenamente con mi responsabilidad: cuidar el patrimonio de las y los bajacalifornianos, sin importar quién o quiénes estén involucrados, ya que este fue el compromiso que hice con la gobernadora del Estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda”.
