Con acta un que constó de cuatro hojas, sin firmas, sin folio, ni nombre de los actores y sin numerar, se le notificó a la titular del juzgado primero de lo civil, Lourdes Molina, una suspensión por otros 25 días, para que el comité de investigación del Poder Judicial del Estado termine de desahogar pruebas contra la juzgadora.
En un documento, sin la firma de los integrantes del Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California, entre otras irregularidades, el mencionado grupo colegiado notificó a María de Lourdes Molina Morales, jueza de primera instancia en materia civil, que se le volvía a suspender, ahora por 25 días del cargo.
El documento consta de cuatro hojas, sin folio y sin enumerar; además, no tiene preámbulo, que es el concepto inicial de en este tipo de oficios, donde debería incluir: nombre de los participantes en el acto y la persona que da fe pública del hecho, que en estos casos es el secretario de acuerdos.
Pasadas las 8:15 horas de la mañana de este lunes 13 de junio, llegó a la oficina de la jueza, en el juzgado primero civil, Carlos Rafael Flores Domínguez. Sin identificarse, pretendió entregar el documento citado anteriormente. La enjuiciadora le solicitó su identificación y un documento que avalara su nombramiento para la entrega de la notificación.
Casi una hora después, volvió el licenciado Flores Domínguez, se acreditó como Secretario General del Consejo de la Judicatura del Estado. La juez le recibió la notificación y solicitó la presencia de la contraloría, para que diera fe de que el documento que se envió para notificarle, no contaba con ninguna firma.
La juez también solicitó a la delegada de Contraloría Zona Costa del Poder Judicial, Laura Yudith Gutiérrez Ramírez, para que validara que Molina Morales se llevaría su silla, la cual no está inventariada, al igual que tres Mini-Splits que la juez compró y mandó poner con su dinero, los cuales también se llevaría del juzgado primero de lo civil.
De acuerdo con el documento irregular, el pleno del Consejo (sin mencionar quienes lo integran) “por unanimidad aprobó lo siguiente”:
“Autoriza y subsista la suspensión de la licenciada jueza María de Lourdes Molina Morales, como jueza de primera instancia de lo civil del poder judicial de Baja California, por un plazo de 25 días naturales más, contados a partir de la autorización por este cuerpo colegiado”, de acuerdo con el documento el acta se generó el día 10 de junio de 2022 y fue certificada tres días después, este lunes.
Según se argumenta en el acta, el magistrado presidente (Alejandro Isaac Fragozo López) -sin el nombre o firma de este-, solicitó al Consejo de la Judicatura, que se considerará la suspensión por 25 días, cómo lo solicitó previamente el Comité de Investigación, para que el grupo pueda desahogar las pruebas, “sí hay testimonios que ha estado recogiendo y que ellos mismos lo piden”.
En entrevista para ZETA, la juez Molina Morales detalló que hará del conocimiento a las autoridades judiciales competentes sobre la notificación irregular, para que invalide dicha ampliación de suspensión; aseguró que esta notificación carece de legalidad, por lo que confía en que el fallo, sobre esta suspensión, será a su favor.
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EL ANTECEDENTE: ENROQUE DE JUECES
El 3 de febrero de este año, el Tribunal Superior de Justicia del Estado ordenó un enroque de jueces, lo que causó gran molestia entre algunos impartidores de justicia, entre ellos la propia Lourdes Molina, la cual fue enviada al Juzgado Primero en materia civil; anteriormente estaba en el décimo mercantil.
Cómo represalia por hacer pública su inconformidad con el reacomodo de juzgadores, el pleno del Consejo de la Judicatura del Estado determinó la suspensión provisional a María de Lourdes Molina por tres meses, argumentando que la juez se negó a cambiarse de Juzgado del Décimo Mercantil al Primero civil.
De acuerdo con la notificación que le fue entregada al primer secretario del Juzgado Primero, a la cual tuvo acceso ZETA, la suspensión contempló que por los siguientes tres meses se le estará pagando a la juez el 30% de su sueldo, por el tiempo en que se desarrolla una investigación para iniciarle un proceso sancionador.
En el documento se expresa que una de las razones para la suspensión fue haber atendido a este semanario y a un notario público, brindando información pública del juzgado y el acceso al juzgado décimo mercantil cuando ella era la titular.
También aseguraron en el documento que presuntamente Molina Morales le ordenó al personal del órgano que no recibieran al secretario general de acuerdos del Tribunal Superior de Justicia. Su suspensión provisional por tres meses habría concluido el viernes 10 de junio de 2022.
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