En marzo de 2022, el Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia decidió suspender, por un periodo de tres meses, a la jueza Lourdes Molina Morales, unos días antes, titular del Juzgado Décimo Civil Mercantil, y a la fecha, jueza del Primero Civil. Si se lee el expediente de su suspensión, básicamente es porque concedió una entrevista a ZETA, en la cual mostró su informidad por el enroque de jueces que realizó el mismo Consejo, justificando que lo hacían para erradicar corrupción. Molina demostró que no tenía ni una sola queja de corrupción o de cualquier otro tema ante el Consejo de la Judicatura, que su Juzgado permanecía con cero rezagos, y que al día se emitían las sentencias correspondientes para mantenerlo al día. En su caso, explicó, no fue una remoción por corrupción, sino por otros intereses. El viernes 10 de junio se cumplieron los tres meses de suspensión, y como corresponde a la Ley, Lourdes se presentó el lunes 13 de junio al Juzgado Primero Civil. Al momento, ocho de la mañana, no se encontraba Víctor Vázquez junior, quien era primer secretario y fue designado juez, y ella tomó posesión de lo que, legalmente, sigue siendo su Juzgado. Más tarde se apareció Castillo y le pidió retirarse del recinto judicial. La juzgadora no lo hizo, y horas después, se apersonó el secretario del Consejo de la Judicatura para, en una maniobra a todas luces al vapor e irregular, presentarle una nueva suspensión por 25 días más, sin argumentos legales. Total, la nueva suspensión vence el 7 de julio, pero el día 8, el Poder Judicial sale de vacaciones de verano, y el 10 de julio (justo en periodo vacacional) es la fecha límite para que Molina sea ratificada o no como tal. Hasta donde se sabe, la intención del presidente del Tribunal, el señalado de acoso sexual Alejandro Fragozo, es no ratificar a Lourdes Molina el día que fenece su segunda suspensión, y como único sustento, permanece (ante la ausencia de investigación que reconoció el mismo juez Víctor Vázquez junior) la entrevista concedida a este medio de comunicación, con lo que se confirma que también en el Poder Judicial se dan atentados contra la libertad de expresión.
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