El fiscal aseveró que desde que se presentó la denuncia en contra del ex mandatario era poco probable que los delitos que se le imputaron tuvieran ese resultado.
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Los señalamientos en contra del ex mandatario Francisco Vega de Lamadrid y varios de los funcionarios que integraron el primer círculo de su gabinete, no eran considerados delitos por los que pudieran obtener una pena privativa de la libertad.
Lo anterior fue referido por el fiscal Ricardo Iván Carpio, quien respondió a los señalamientos vertidos por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, el pasado jueves 20 de mayo, donde aseveró que la investigación contra el último mandatario panista fue una simulación.
Durante la presentación del proyecto Impunidad Cero, el cual se presenta como la gran alternativa para el combate a la inseguridad, el cual fue encabezado por el fiscal Ricardo Iván Carpio, el secretario de Seguridad Ciudadana, Gilberto Landeros Briceño y la comisionada del Sistema Penitenciario, María Elena Andrade Ramírez, el encargado de la investigación de delitos en el Estado, aseveró que la indagatoria no tenía como fin cumplir con el interés genuino de los bajacalifornianos.
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Carpio Sánchez, señaló que hubo casos investigados desde la pasada administración que concluyeron con acuerdos reparatorios, y aunque no lo mencionó por nombre, uno de los más trascendentes fue el acuerdo entre la esposa de Francisco Vega de Lamadrid, Brenda Ruacho, acusada de desviar varios millones de pesos mediante una asociación civil llamada “Cree en tus sueños”.
“El contenido de los antecedentes de investigación una investigación que no iba a concluir una pena privativa de la libertad, por eso se infiere un carácter diverso al interés genuino de los bajacalifornianos”, refirió el fiscal general.
Cabe recordar que el ex mandatario Francisco Vega de Lamadrid, fue acusado por la pasada administración por el desvío de mil 200 millones de pesos del erario, a empresas que fingieron brindar servicios al Poder Ejecutivo, pero que cobraron fuertes sumas de dinero.
Son alrededor de 100 empresas las que estuvieron vinculadas, unas de ellas incluso formaron parte de la indagatoria en contra del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, acusado también del desvío de millonarios recursos, por los que actualmente se encuentra bajo proceso judicial.
Respecto al caso del pequeño Iván Francisco, de 4 años de edad, el cual fue asesinado presuntamente por sus padres, Carpio Sánchez, refirió que buscarán que caiga todo el peso de la Ley, pero además, anunció la suspensión del agente del Ministerio Público encargado de la investigación que se recibió en el año 2020, cuando por primera vez se dijo que el pequeño Iván era víctima de violencia familiar.
Cabe recordar que el pequeño Iván de 4 años de edad, fue encontrado muerto dentro de su vivienda localizada en el fraccionamiento Lagos del Sol, en Mexicali, luego que su madre y su padrastro -hoy presos- lo sometieran a un prolongado castigo que incluía golpes, violaciones, encadenamiento, choques eléctricos y una serie de omisiones que le causaron grandes daños a su órganos
