Tras los recientes cruces hacia Estados Unidos de familias provenientes del estado de Michoacán por amenazas del crimen organizado, quienes además de traficar drogas también se hacen con las tierras de los pobladores para cobrarles piso, el Cónsul General de México en San Diego, Carlos González Gutierrez, manifestó que estas excepciones se deben a que dichos migrantes cuentan con autorización de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP).
“Las excepciones que ha habido de estas personas -michoacanos-, se han cruzado por virtud de procedimientos establecidos entre CBP y organizaciones de la sociedad civil, tanto de este lado como de los Estados Unidos. Es un procedimiento del que nosotros nos mantenemos informados, tenemos reuniones periódicas con ellos, pero es un procedimiento que no compete al gobierno de México porque finalmente es un procedimiento decidido e implementado por las autoridades migratorias estadounidenses con organizaciones no lucrativas”, declaró el Cónsul General de México en San Diego.
Son aproximadamente 386 migrantes michoacanos que han logrado cruzar hacia EEUU, quienes realizan su solicitud directamente al gobierno del vecino país porque buscan protección internacional, motivo por el que el gobierno de su país de origen -en este caso México- no debe involucrarse.
Sin embargo, el Cónsul comentó que por lo pronto la labor de toda la red consular y la cancillería consistirá en monitorear la decisión del juez de la Corte Federal que impidió la terminación del título 42 el 23 de mayo con la finalidad de diseñar una estrategia para atender mejor a los mexicanos.
“Nuestra obligación principal ahorita es monitorear de manera muy cercana -y no me refiero únicamente al consulado de México en San Diego sino a toda la red consular y a la cancillería- monitorear lo que decida este juez de la Corte Federal que impidió la terminación del Título 42 el 23 de mayo”, explicó Carlos González Gutierrez.
