La Ley es correcta o abusiva dependiendo de qué lado esté Jaime Bonilla Valdez, -en estos momentos- ex senador de la República, pues durante su gestión recriminó el regreso -también ilegal- de Arturo González Cruz al frente de la administración municipal de Tijuana, cuando ya había sido nombrado diputado federal
En tres años, Jaime Bonilla Valdez perdió el control de Morena en Baja California, el respaldo absoluto del Presidente Andrés Manuel López Obrador, tres años de mandato y hasta su mote de ingeniero egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Y ahora, gracias a un recurso legal presentado ante la Sala Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, su escaño en el Senado de la República corre un riesgo muy grande.
Como es ampliamente sabido, en 2018, Bonilla Valdez fue electo senador, cargo que mantuvo por unos cuatro días, pues abandonó el escaño para representar al Gobierno de México en Baja California como súper delegado, puesto que en la actualidad ostenta su subordinado Jesús Alejandro Ruiz Uribe.
Apenas se mantuvo unos meses en el cargo, renunció para competir como candidato a la gubernatura de Baja California en 2019, logrando ganar y tomar protesta en noviembre del mismo año.
Tras dos años al frente del gobierno local, Bonilla concluyó su mandato con un tremendo descrédito y repudio por parte de un gran sector de la población, incluyendo de su partido, por lo que tras intentar -fallidamente- incrustarse en la nómina federal, se resignó a volver al Senado.
Juan Marcos Gutiérrez, consejero del Partido Acción Nacional, presentó un recurso contra esta medida, argumentando que Bonilla había renunciado al Senado para ocupar el cargo de gobernador, lo cual fue avalado por el Tribunal Electoral del Poder de la Federación en la Sala Regional Guadalajara.
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Desesperado, Jaime Bonilla ha intentado mantenerse en el cargo, pero poco a poco pierde amistades que lo ven más como un lastre que como un beneficio o capital político.
Lo curioso es que los argumentos que expuso para mantenerse en el escaño, fueron precisamente los que descalificó de Arturo González Cruz, ex presidente municipal de Tijuana, el cual solicitó licencia como diputado federal para regresar a la alcaldía durante dos días, con la única intención de impedir el avance de la cesión de los órganos operadores de agua del Estado, a los municipios.
“Aquí el señor (Arturo González), de alguna manera, sin el menor empacho, no sé cuántas veces ha pedido licencia y cuántas veces se ha presentado ahí, pero obviamente no habla bien del equilibrio mental de una persona al hacer ese tipo de cosas y confabularse con la gente del Congreso para que lo regresaran por 48 horas para venir a dinamitar básicamente el buen funcionamiento del Ayuntamiento, es una verdadera vergüenza”, refirió el entonces mandatario de Baja California durante la transmisión matutina que realizó el 29 de septiembre de 2021, haciendo referencia al constante movimiento de cargos que hizo el empresario tijuanense.
No conforme con ello, CachanillaZ obtuvo copia de un oficio enviado por Amador Rodríguez Lozano, entonces secretario general de Gobierno al Poder Legislativo, en el cual muestra su desaprobación por el regreso de González Cruz a la alcaldía de Tijuana, sólo para impedir el avance de la Ley de Aguas de Bonilla.
Curiosamente, Rodríguez Lozano manifestó lo siguiente:
“La falta de moral política y la ambición voraz de una persona que desdeña de manera reiterada la responsabilidad de ejercer un cargo de elección popular que la sociedad la ha encomendado, traicionando no sólo a la sociedad bajacaliforniana sino que además violenta las leyes y sus procedimientos”, además de referir que existen intereses de unos cuantos en la decisión que tomó González Cruz para regresar a la presidencia municipal.
Mismos argumentos coinciden perfectamente con las acciones de Jaime Bonilla Valdez en las últimas semanas.
Ahora, lo que tenemos que comprender es que tanto González Cruz como Bonilla -al menos para la Sala Guadalajara- son actos ilegales, promovidos por grupos de poder con intereses específicos y no colectivos.
Queda claro que Bonilla y Rodríguez Lozano tenían razón en septiembre, cuando la decisión los perjudicaba, pero ahora defienden a capa y espada el escaño del primero en el Senado de la República, el único espacio de poder que le queda.
El puesto de Jaime Bonilla le representa su última trinchera para mantener un poco de poder, mismo que la Sala Superior podría arrebatarle si confirma la sentencia de la Sala Guadalajara.
