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miércoles, mayo 1, 2024
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Esta semana iniciará vacunación en menores de 12 a 18 años: Ruiz Uribe

El delegado único federal en Baja California, Alejandro Ruiz Uribe, indicó que esta semana iniciará con la vacunación anti COVID-19 de menores de 12 a 18 años en el estado. Aunque no precisó los lugares en los que se aplicarán las dosis, señaló que el registro para la vacunación ya se encuentra abierto.

“Esta semana ya iniciaremos con esa vacunación, les vamos a pasar por las páginas los lugares donde se va a vacunar, para que todo mundo lleve a sus hijos a vacunar”, puesto que las dosis ya llegaron, comentó el funcionario.


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En otro tema, el de los migrantes centroamericanos que solicitan asilo en Estados Unidos, Ruiz Uribe comentó que ya están pasando personas al vecino país por El Chaparral, aunque “no a la velocidad de los ucranianos”.
Refirió que en el Centro Integrador del Migrante hay alrededor de 500 migrantes en espera de hacer el trámite ante EUA.

SE HA ATENDIDO A POSESIONARIOS DE ZONA ESTE

Respecto a los señalamientos de posesionarios de la Zona Este de Tijuana que buscan regularizar sus predios y que han acusado a Ruiz Uribe de entorpecer el proceso, el funcionario federal aseguró que desde la anterior administración se les ha brindado atención, pero que “el gobierno federal no va a negociar con intermediarios”, ya que “esa gente lo que busca es poder político y económico”.


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En atención a medios explicó que las tres grandes problemáticas de tenencia de tierra en la zona son los asentamientos en la 3 de Octubre, Morita y Terrazas del Valle, así como el Ejido Villa, del poblado Maclovio Rojas
En el primer caso, en la colonia 3 de Octubre el asentamiento está sobre terrenos federales, que en el gobierno de Ernesto Ruffo Appel decidió entregarlo como si fuera propiedad del gobierno del estado a la familia Medrano, para el pago de un crédito fiscal al mismo tiempo que el predio estaba siendo invadido por colonos en búsqueda de tierra.

“Los juicios los ganó la familia Medrano y la gente tiene más de 30 años sin tener títulos de propiedad”. Ahí se llegó a un acuerdo con el gobierno estatal anterior para que permutara una tierra a la familia Medrano y se pudiera regularizar a las familias mediante un decreto. El cual estuvo vigente hasta hace unos 15 días pero no se pudo concretar al final. “Hay una muy buena disposición de parte de la gobernadora para seguir trabajando en ese tema”, manifestó.

En lo que hace a los asentamientos en La Morita y Terrazas del Valle, dijo Ruiz Uribe, es un problema generado por los gobiernos panistas que vendieron tierra que no era de ellos, que era del Ejido, y ahora hay más de 5 mil 511 familias que tienen títulos de propiedad y que no valen nada, porque el Ejido ganó los juicios.

En ese caso hay dos alternativas: que el gobierno del estado indemnice pagando esa tierra. También en la administración estatal pasada “acordamos con por mucho menor dinero con el Ejido una permita por terrenos privados, pero ya no hubo dinero en la administración anterior. Vamos a ver si este gobierno continúa con esta propuesta. Según yo, por lo que he platicado con la gobernadora, hay esa intención”.

La otra parte es la del Ejido Villa, del poblado Maclovio Rojas, donde se acordó con la lideresa Hortensia Hernández, que a 400 familias que fundaron ese poblado se les otorgaran títulos. Ya se entregó su carta de posesión y van más de 100 títulos de propiedad expedidos.

“Se muere Hortensia, y su sobrina y otra gente que anda con ella deciden reiniciar un movimiento y tratar de involucrar al resto de pobladores”, refirió Ruiz Uribe, quien planteó dos soluciones: que el gobierno federal pague “una millonada” a 60 personas que se apropiaron de esa tierra como ejidatarios, o que la gente que necesita regularizar pague al Ejido a un precio socialmente aceptable.

“Ese acuerdo lo tienen que trabajar el gobierno del estado. Nosotros ya hicimos la propuesta de que se comprara el terreno por parte de la federación pero es un asunto difícil”, agregó.

Finalmente, dijo que el gobierno federal sigue negociando la venta de terrenos para liberar el derecho de vía de la Garita Otay II y del Cañón Zapata, para la construcción del Viaducto Elevado.

Autor(a)

Julieta Aragón
Julieta Aragón
Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Xochimilco. Cursé la maestría de Periodismo Político en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García y sigo en proceso de tesis. Soy reportera de ZETA desde 2017.
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