La alcaldesa pretende llevar a los representantes legales de Punta Norte ante un juez para exigir la nulidad de la sesión de Cabildo de la administración pasada, donde se aprobó el permiso de cambio de uso de suelo para el desarrollo. Académicos y activistas señalan que de aquí puede surgir un precedente para que los “cabildazos” queden marcados como ilegales
En la décima sesión extraordinaria de Cabildo del XVII Ayuntamiento de La Paz, se le otorgó la misión al síndico, Rogelio Martínez Mayoral, de nulificar el permiso o derecho que el XVI Ayuntamiento concedió al desarrollo inmobiliario Misión Punta Norte, cuya autorización de uso de suelo ha sido calificada por activistas y asociaciones como ilegal e imperfecta.
“Análisis, discusión y aprobación en su caso del Dictamen que presenta la Ing. Milena Paola Quiroga Romero, presidenta municipal del H. XVII Ayuntamiento de La Paz, mediante el cual se autoriza al síndico municipal para que en nombre y representación del H. XVII Ayuntamiento de La Paz, en coordinación con la Dirección de Asuntos Jurídicos, ejercite todos los recursos legales que procedan a efecto de nulificar el acta de la vigésima séptima sesión extraordinaria de Cabildo del H. Ayuntamiento de La Paz, B.C.S., celebrada en fecha 25 de marzo de 2021; mediante la cual se aprobó el dictamen y sus modificaciones presentado por la comisión edilicia de gobernación, seguridad pública y tránsito municipal del H. XVI Ayuntamiento de La Paz; mediante el cual se propone integralmente la aprobación del desarrollo y construcción del proyecto Misión Punta Norte, en la fracción del predio denominado ‘Zacatecas’ ubicado en la carretera transpeninsular La Paz-San Juan de la Costa, en este municipio de La Paz”, se aprobó en el orden del día de la sesión del 14 de marzo de 2022.
La alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga Romero, señaló en los antecedentes que la Dirección General de Desarrollo Urbano y Ecología carecía de atribuciones y facultades para tramitar, autorizar y/o emitir dicha solicitud de cambio de uso de suelo al no ser compatible con el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de La Paz.
El 25 de marzo de 2021, el Cabildo del XVI Ayuntamiento aprobó el uso de suelo para que tenga viabilidad y desarrollo el proyecto Misión Punta Norte; además se estableció la obligatoriedad de una planta desaladora y una planta de tratamiento de aguas residuales, como un compromiso para el desarrollador.
También se estableció un régimen condominal a través del cual los desarrolladores se responsabilizan de los servicios públicos, como recolección de basura y alumbrado.
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Quiroga Romero enfatizó que no reúne los elementos o requisitos de validez que señalan las distintas legislaciones aplicables al caso en concreto, tal como se advierten en los análisis técnicos y jurídicos emitidos por la Dirección General de Gestión Integral de la Ciudad y la Dirección de Asuntos Jurídicos del XVII Ayuntamiento de La Paz.
“Se puede resaltar que todo acto de autoridad tiene que regirse por el principio de legalidad, por virtud del cual las autoridades del poder público solo están facultadas para hacer lo que la ley les permite en la forma y términos determinados en la misma, a efecto de dar seguridad jurídica a los gobernados”, dijo en sesión.
BATALLA LEGAL PUEDE HEREDARSE A LA SIGUIENTE ADMINISTRACIÓN
El director regional en el noroeste del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), Mario Sánchez Castro, explicó que las autoridades municipales buscan llevar ante un juez a los representantes legales de Misión Punta Norte a través de un juicio de lesividad.
“Como su nombre lo dice, tiene que ver con las lesiones, la afectación, con que una autoridad ve que se está lesionando el interés público o los intereses del ayuntamiento. Entonces, va con un juez para nulificar un acto. Pero en este caso va el ayuntamiento a nulificar un acto del mismo ayuntamiento. Es como si te demandaras solo”, expuso.
Detalló que, aunque esta opción suene extraña, es necesaria, ya que las autoridades no pueden nulificar en automático o por ellos mismos los actos que ya le dieron un derecho a alguien.
Es decir que “si a ti te dan un uso de suelo, se materializó un derecho. No podría la autoridad quitártelo sin darte la oportunidad de defenderse porque se violan las garantías procesales y el derecho a la defensa”.
Y aunque parezcan opciones viables, el director de CEMDA recordó que este tipo de juicios puede tomar lo que resta de la administración de Milena Quiroga Romero, ya que no son expeditos.
“Desde un año y medio para resolverse en primera instancia; pero recordemos que la parte que pierda puede impugnar y recurrirá a un amparo, lo que podría tomar otro año”, dijo.
Comentó que hay otro escalón, que es el amparo en revisión. Si se suman estos procesos puede tomar más de tres años, es decir, que puede ser un tema que Milena Quiroga Romero herede a la siguiente administración.
También se buscará aplicar acciones de responsabilidad administrativa de servidores públicos, en este caso contra el exalcalde de La Paz, Rubén Muñoz Álvarez, exregidores y exdirectores que excedieron sus facultades en la sesión del 25 de marzo de 2021, donde se aprobó el cambio de uso de suelo.
“Con esta acción, el XVII Ayuntamiento ratifica lo que se estuvo diciendo por parte de las organizaciones de la sociedad civil y los colectivos: se cometió un acto ilegal, hicieron mal en mostrarlo así y tiene que ir a nulificarse”, enfatizó.
“Si esta sentencia da la razón al ayuntamiento, el tema de los ‘cabildazos’, que son conocidos como las acciones que el Cabildo hace para cambiar el Plan de Desarrollo Urbano en la mesa, quedarían marcadas como precedente de que son ilegales”, recalcó.
Respecto a por qué el acta del 25 de marzo es imperfecta e ilegal, el activista reiteró que el Cabildo no tiene facultades ejecutivas, por lo que no puede constituirse como una autoridad que emita o facilite o gestione un derecho.
ZETA buscó a representantes del consorcio inmobiliario SiNow Century 21, sin embargo, al cierre de edición no se obtuvo la respuesta a la solicitud de entrevista.
Cabe recordar que Misión Punta Norte cuenta con cuatro mil 613 lotes, en los que contempla la construcción de más de dos mil 600 casas nuevas que permitirán alojamiento para alrededor de ocho mil 560 habitantes de La Paz.
Según los estudios del consorcio, este desarrollo tendrá una demanda de agua de 2 Litros por Segundo (LPS).
En su presentación ante la prensa, aseguraron que no venderían lotes hasta contar con los permisos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
PUNTA NORTE ES INVIABLE: ESPECIALISTA
El doctor Arturo Cruz Falcón, especialista en Geofísica, expone que para la situación actual del municipio y ciudad de La Paz, principalmente por el tema del agua y de servicios básicos, este proyecto es inviable y, por supuesto, no es sustentable.
Recordó que el acuífero de La Paz, se localiza al sur de donde se pretende establecer este desarrollo. Esta fuente se encuentra sobreexplotada, y presenta un déficit de 7.8 millones de metros cúbicos (m3) al año, así como graves problemas de intrusión marina.
Por otra parte, explicó que el acuífero de Bonfil, el cual se encuentra en el área donde estaría el desarrollo, ha permanecido ligeramente sobreexplotado y sin disponibilidad desde hace varios años.
“Curiosamente, a pesar del crecimiento poblacional y utilización de agua en otros usos, en la actualización de la disponibilidad del año 2020 presenta una disponibilidad de 2.5 millones de m³; casualmente lo que ocuparía el desarrollo Punta Norte. Qué raro, ¿verdad?”, mencionó.
Hizo hincapié en que la instalación y operación de plantas desalinizadoras deberá evitarse en condiciones que provoquen desequilibrios ecológicos graves sobre el acuífero y los ecosistemas costeros.
Lo anterior se agrava cuando el vertimiento al mar de salmueras de rechazo altera las características fisicoquímicas del agua, afectando irreversiblemente la integridad de ecosistemas marinos y costeros, similar a cuando la disposición de las sustancias tóxicas utilizadas en el mantenimiento de la desalinizadora afecta irreversiblemente la integridad de estos espacios.
“Precisamente esto es lo que sucedería al acuífero o a los ecosistemas costeros si se construye una planta desalinizadora en cualquier parte de la Laguna de La Paz, o en la zona costera cercana de la Bahía de La Paz”, añadió sobre la desaladora que obligatoriamente debe construir Punta Norte si avanza con el proyecto.
El especialista reiteró que el desarrollo afectaría de una manera drástica al recurso hídrico, y por tanto a los acuíferos, ya que si actualmente el agua es insuficiente para abastecer a las poblaciones cercanas, menos alcanzará si se destina un volumen de agua para este desarrollo.
Según sus caculos, y tomando en cuenta que se contempla la construcción de alrededor de cuatro mil 600 casas, así como tiendas, plazas cívicas, jardines, cuerpos de agua, fuentes, albercas, gimnasio, etc., Punta Norte representaría un consumo mínimo de 2.5 a 3 millones de m³ al año.
