En la reunión que sostuvo el titular de
Hacienda con un representante de la
institución financiera, este último
eveló que prestó a Next Energy mil
300 millones de pesos
El gobierno de Baja California presentó una denuncia contra Banca Afirme ante la Fiscalía General de la República (FGR), debido a que la institución financiera no ha devuelto los 123 millones de pesos retenidos de participaciones federales del Estado, para constituir un fideicomiso de la planta fotovoltaica impulsada por la administración anterior.
El secretario de Hacienda del Estado, Marco Antonio Moreno Mexía, reveló que la denuncia fue presentada el fin de semana, luego que la institución financiera desacatara una orden judicial que la obliga a reintegrar dicho recurso a las arcas públicas.
“Estamos requiriendo que nos entreguen los 123 millones de pesos con todos los accesorios que correspondan. Ese dinero ha tenido una rentabilidad en los días que no han sido entregados al Estado, que necesitamos que nos regresen. La FGR tiene que evaluar nuestro planteamiento y seguramente le va a dar trámite”, expresó.
El 6 de abril, el gobierno estatal hizo la solicitud formal a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para que “inicie a la brevedad posible” una auditoría forense del contrato, fideicomiso, así como entidades y personas físicas involucradas, con el fin de que se conozca la ruta que ha tenido el dinero en el pasado y que tendría en el futuro, tal como se quiso instrumentar el proyecto.
Eventualmente la ASF tiene facultades para buscar la participación de entidades adicionales que pudieran concurrir a esclarecer el asunto, por ejemplo, invitar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a revisar los acuerdos, activos y transferencias de todos los involucrados. Y tratar de establecer claramente qué ha pasado con el recurso.
“Me parece que va a ser muy revelador el resultado que pueda arrojar esto en cuanto al manejo de la empresa y de todas las personas físicas relacionadas con el proyecto”, manifestó el funcionario, a la par de que el equipo legal también amplió la denuncia de hechos contra Banca Afirme, presentada el 4 de marzo ante la Fiscalía General del Estado (FGE).
Por otro lado, señaló que el gobierno estatal acudió a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) -organismo encargado de regular a las instituciones financieras-, en aras de que le sean devueltos los 123 millones de pesos.
“Mientras más revisamos el caso y se genera información adicional, alguna de ellas que por estrategia no puedo compartir, queda muy claro que nuestra opinión es muy sólida en el sentido de lo que hemos planteado sobre el proyecto, la necesidad de cancelación sin ninguna responsabilidad para el gobierno y la manera indebida en que se ejecutó el mecanismo del contrato y del fideicomiso. Entonces, tenemos plena confianza en las autoridades federales y estatales, de que el Estado no será afectado por este proyecto y las consecuencias que derivan de una contratación absolutamente mal hecha”, abundó.
AFIRME PRESTÓ DINERO A NEXT ENERGY
Moreno Mexía recordó que la semana pasada se reunió en Tijuana con Jorge Treviño, director de la Banca de Gobierno de Afirme, quien refirió que dicha institución financiera prestó una cantidad por el orden de los mil 300 millones de pesos a Next Energy, empresa a la que el anterior gobierno de Baja California otorgó la licitación para desarrollar la planta fotovoltaica que abastecería de electricidad al Acueducto Río Colorado-Tijuana.
Esta cantidad es “sustantivamente menor a la que se consigna en los certificados de inversión (de la planta fotovoltaica) que Afirme validó para tener las participaciones del Estado”, observó el funcionario estatal.
“Nuestra hipótesis es que Banca Afirme le prestó a la empresa, pero para otros proyectos, no para el de la planta fotovoltaica y desde luego que no pueden utilizar nuestras participaciones como garantía para pagar un proyecto de otra naturaleza o de otra entidad”, indicó.
Marco Moreno Mexía citó que luego de escuchar los planteamientos del gobierno estatal, Banca Afirme se comprometió a dar una respuesta al día siguiente, pero al no obtenerla, el gobierno estatal emprendió acciones legales ante FGR, FGE, CNBV y ASF.
En entrevista con ZETA, Moreno Mexía detalló que en la reunión con Treviño reafirmó los puntos de vista del gobierno estatal sobre el proyecto, la planta fotovoltaica, el contrato del fideicomiso y las observaciones en cuanto a la participación de Afirme como agente fiduciario.
“Reiteramos a Banca Afirme la obligación por mandato judicial de reintegrarnos el recurso, los 123 millones de pesos, y que no estamos dispuestos a que esto continúe de esa manera. Banca Afirme lo que nos dijo es que ellos habían recibido alguna suspensión del juez de Tampico, inicialmente, suspendiendo la acción que teníamos nosotros, pero puse al teléfono al consejero jurídico (Juan José Pon), que les aclaró que hay una nueva suspensión adicional de parte nuestra que los obligaba al reintegro del recurso”, detalló.
Por su parte, Afirme les informó que no ha transferido los recursos a Next Energy, sino que constituyó ese fondo de reserva. En dado caso que Afirme pague a Next Energy, se estaría “cometiendo un fraude directo al Estado”.
Los fideicomisos son vehículos jurídicos que otorgan certeza a las partes que concurren. En este caso es un fideicomiso del Gobierno del Estado, no de la empresa, y “a todas luces Afirme ha actuado favoreciendo las intenciones de la empresa de cobrar, con lo cual no estamos de acuerdo y eso motivó -también se lo dijimos de manera franca y directa- que estemos ejerciendo un recurso legal contra el banco directamente”, explicó.
Sobre la revocación del contrato con Afirme, de alrededor de 50 cajas recaudadoras, Moreno Mexía dijo que se prevé que ésta pueda darse en el presente mes, para que la nueva institución financiera comience a operar en mayo.
Por otro lado, el gobierno está “revisando con la Consejería Jurídica el mecanismo legal que tendremos para negociar la cancelación del contrato con Afirme sin que tengamos ninguna responsabilidad, entendiendo que tiene una vigencia hasta el 31 de diciembre de este ejercicio”, puntualizó el secretario de Hacienda.
El domingo 3 de abril, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda compartió que entre las instituciones financieras interesadas figuran BBVA y Banorte.
