La fiscal especializada, Marina Ceja Díaz,
reveló que la FEPADE mantiene en curso
investigaciones por actos cometidos
durante el proceso electoral 2020-2021 y
que igualmente la dependencia procedió
a investigar actos de violencia suscitados
durante la jornada comicial, en cuyo caso
se judicializaron cuatro carpetas
La fiscal especializada para la Atención de Delitos Electorales en Baja California, Marina Ceja Díaz, reveló que actualmente el órgano público a su cargo está atendiendo 118 denuncias. Parte de esos recursos arribaron a la fiscalía por actos cometidos durante el proceso electoral 2020-2021, y, según aclaró, las posibles faltas que hayan tenido lugar en relación a la consulta de Revocación de Mandato, a llevarse a cabo el 10 de abril, escapan a la competencia de la dependencia.
En entrevista con ZETA, Ceja Díaz mencionó que por episodios de violencia suscitados el día de los comicios (6 de junio de 2021), se abrieron carpetas de investigación en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), en tanto que casos afines pero concernientes a penas superiores de lo que pudiera constituir un delito electoral, fueron a dar a otras áreas.
Tratándose de las investigaciones que concentró la FEPADE, sostuvo que se vincularon y actualmente se encuentran en proceso judicial.
Marina Ceja Díaz asumió la titularidad de la FEPADE el 5 de mayo de 2021, un mes antes de llevarse a cabo las elecciones locales (concurrentes con las federales intermedias) y luego de que el fiscal especializado anterior, Carlos Barboza Castillo, renunciara a la encomienda bajo el argumento de que el régimen jurídico se modificó y el órgano público pasó a ser una dependencia de la Fiscalía General del Estado (FGE), siendo que a él se le había contratado para hacerse cargo de una entidad autónoma.
El director de Unidad de Investigación de Delitos Electorales y Control de Procesos en la FEPADE, Jesús Antonio Chávez Hoyos, refirió a este Semanario que desde que Marina Ceja asumió la titularidad de esa instancia se recibieron denuncias “relacionadas con actos realizados en todo el Estado”.
En alusión a tales recursos, detalló que fueron sometidos a análisis “para ver si eran infracciones o delitos”. Recalcó que las denuncias en su totalidad “se encuentran en fase de investigación” y “algunas fueron judicializadas”.
CARPETAS EN INTEGRACIÓN
De los documentos remitidos por representantes institutos políticos durante el proceso electoral 2020-2021, para dar noticia a la FEPADE de la posible comisión de un delito, la fiscal especializada se refirió a una denuncia interpuesta por parte del Partido Verde Ecologista de México. “Esa carpeta está en integración, como todas”, asentó Marina Ceja Díaz.
Se trata de un recurso interpuesto por el representante del PVEM ante el Instituto Estatal Electoral, Obed Silva Sánchez, en contra de Blanca García Rivera y el Partido Encuentro Solidario (PES).
Silva Sánchez compartió vía telefónica que en su momento, la persona denunciada figuró como abanderada del PES a la presidencia municipal de Ensenada, y que “al mismo tiempo aparecía en la lista de Representación Proporcional para el ámbito federal de Redes Sociales Progresistas”.
Resumió que una vez se dio aviso al Consejo General del Instituto Estatal Electoral (IEE) y la aspirante no logró ser registrada por alguno de los dos partidos, García Rivera permaneció cerca del PES y “mandó por WhatsApp un mensaje diciendo que necesitaban reunir equis cantidad de gente para la representación de casillas y para mover gente a votar el día de la elección y que iba a haber un pago o reconocimiento a quienes llevaran cinco personas a votar y que para los que fueran representantes de casillas había becas para que estudiaran en dos instituciones privadas”.
Marina Ceja indicó que en ese caso como en otros, la investigación se está “robusteciendo” con cada una de las diligencias que a propósito se han emprendido.
En referencia a otra denuncia, presentada por el representante suplente de Morena Francisco Javier Tenorio Andújar, el director de Unidad de Investigación de Delitos Electorales y Control de Procesos afirmó “está radicada esa carpeta”. El caso tiene que ver con Guadalupe Mora Quiñones y Jorge Hank Rhon.
Consultado por este medio, Tenorio Andújar indicó que ambas personas fueron denunciadas en razón de que la entonces alcaldesa de Mexicali supuestamente repartió despensas pertenecientes al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, en un afán de condicionar su entrega y que se sufragara a favor de Hank Rhon, quien para esos momentos figuraba como contendiente del PES por el gobierno de Baja California.
Jesús Antonio Chávez Hoyos subrayó en referencia a ese asunto: “Sí tenemos radicado y se ordenaron las diligencias, pero (aún) no podemos decir si es un delito”.
La fiscal especializada explicó que el tiempo para establecer si los actos denunciados son delitos “es incierto”. A ese respecto agregó: “Parte de las investigaciones se sustentan en periciales, nada más hablamos de periciales, la carga de trabajo es muy amplia para la fiscalía”.
O “la parte de la colaboración de los denunciantes”, pues (en algunos casos) “no vienen” (para dar seguimiento), complementó Chávez Hoyos.
Hay otra denuncia, presentada ante la FEPADE el 29 de octubre de 2021, por el representante del Partido Revolucionario Institucional, Joel Abraham Blas Ramos, en contra de cuatro regidores del Ayuntamiento de Mexicali, quienes emanaron como tales de Morena.
En enlace telefónico Blas Ramos expuso que los ediles mexicalenses, José Ramón López Hernández, José Manuel Martínez Salomón, Cleotilde Molina López y Eneyda Espinoza Álvarez, fueron denunciados bajo el argumento de que hicieron uso retroactivo de fondos.
Los cuatro formaron parte del anterior Ayuntamiento (XXIII) y en el proceso electoral 2020-2021, incursionaron en busca de la reelección. Una vez que resultaron reelectos dispusieron del recurso, siendo que conforme al Artículo 16 de la Constitución local, los ediles que pretendan reelegirse no pueden hacer uso de recursos públicos y esa partida, de la que se habrían valido de manera retroactiva, estaba disponible en el Ayuntamiento desde el tiempo en que apostaron por repetir en el cargo.
El entrevistado aseveró que en un par de ocasiones se ha comunicado a la Fiscalía en el ánimo de obtener una actualización del caso.
“Ellos han quedado muy formalmente de comunicarse, en cuanto estén aquí (en Mexicali), otorgarme la audiencia para continuar con este tema, pero la realidad es que (más allá de ello) no hemos tenido respuesta por parte de la fiscalía”, señaló.
En lo referente a esa denuncia, Chávez Hoyos se limitó a decir: “Tenemos que revisar a detalle”, en tanto que la fiscal atajó: “estamos impedidos” de pormenorizar sobre las investigaciones
Por concepto de carteleras a favor del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, colocadas en el curso del proceso de Revocación de Mandato y en cuyo caso el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional presentó dos denuncias, Marina Ceja recalcó que los actos o presuntas faltas relacionados con la consulta para establecer si AMLO debe renunciar por pérdida de confianza o continuar en el cargo, en todo caso deben ser atraídos por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales adscrita al ámbito federal.
“No nos ha llegado nada, el PAN es un partido nacional, la consulta popular es nacional, vuelve a ser atraída (la denuncia) por la competencia federal, la Fisel”, asentó.
Alejandro Beltrán y María Elena Camacho, representantes del PES y Partido del Trabajo, respectivamente, dijeron que tales institutos políticos no tienen asuntos pendientes en la FEPADE.
El de Movimiento Ciudadano, Salvador Miguel de Loera Guardado, afirmó que el Tribunal de Justicia Electoral del Estado, a partir de un medio de impugnación presentado por MC, dio vista a la FEPADE de que el Consejo General del IEE (supuestamente) alteró un documento electoral durante el proceso 2020-2021. Aseguró que en la Fiscalía se le ha dado el debido seguimiento la denuncia y que “existen elementos para que ya la remitan a un Juez de Control”.
Al representante del Partido de la Revolución Democrática, Irving Huicochea, igualmente se le buscó telefónicamente, sin que se lograra establecer contacto con él.
JORNADA INÉDITA DE VIOLENCIA
La fiscal especializada mencionó que desde 1997 ha participado en elecciones y que en ningún caso como en el de los comicios del 6 de junio de 2021, celebrados en Baja California, había visto tanta violencia.
Conforme a un reporte oficial de incidencias, durante las elecciones concurrentes hubo robo de boletas con arma de fuego, restos humanos encontrados en casilla, agresión física a presidente de casilla, lanzamiento de bombas molotov con saldo de personas lesionadas, mesas receptoras incendiadas, amenazas hechas por sujetos encapuchados portando armas de fuego.
PVEM ante el IEEBC
A decir de Marina Ceja Díaz, los actos cometidos durante las elecciones implicaron concurrencia de delitos. Chávez Hoyos explicó que hubo “casos que pudo conocer Homicidios, en lo que toca a las regiones encefálicas (restos humanos)”.
Por lo que respecta a daño por incendio, “tiene una pena muy elevada, prisión oficiosa”.
Según detalló la fiscal, lo relativo a “daño en propiedad ajena, menaje que se quemó”, fue a dar a Delitos Patrimoniales.
Ceja Díaz asentó que la incumbencia de la FEPADE se circunscribió al robo de urnas y de boletas, “donde fue involucrado el material electoral, sí fueron atraídos por la Fiscalía”.
Por lo que respecta al órgano que titula, se abrieron “cuatro carpetas de investigación que fueron vinculadas y se encuentran en Mexicali, en Juzgado”.
Mencionó que en su calidad de fiscal, tuvo “un mes y cuatro días” para prepararse de cara a los comicios. “Canalizamos 950 personas, entre primeros respondientes, agentes del Ministerio Público, logramos hacer un despliegue ministerial con un agente en cada uno de los distritos electorales (17), uno más en la sede del Consejo General electoral, donde tuvimos una interacción de todo el día (del 6 de junio), toda la noche, hasta que no se entregó el último paquete electoral”, manifestó.
En materia de interacción, dijo, ésta se dio “entre el primer respondiente (policía municipal) y el MP”, y si el Ministerio Público requería de alguna opinión, se contactaba con la Fiscalía.
“Hicimos acuerdos de colaboración con secretarios de seguridad pública, inteligencia de la fiscalía y el propio fiscal (en ese entonces, Guillermo Ruiz Hernández)”, resaltó.
Sobre el propio personal con el que cuenta actualmente la FEPADE, Ceja Díaz no dio información precisa. En términos de reglamento, la fiscalía especializada se compone de titular, ministerios públicos, analistas, auxiliares, plantilla profesional, técnica y administrativa.
Sin embargo, la dependencia se encuentra en una etapa de “reestructuración”. De ahí que la entrevistada se abstuviera de precisar con cuántos colaboradores cuenta. “No tenemos un número exacto del personal, no quisiera proporcionarle un número erróneo”, sostuvo.
En términos de actividad reciente, reveló que la fiscalía mantuvo interacción con la Guardia Estatal, “estamos trabajando protocolos de uso de la fuerza”, y finalmente, indicó que por otro lado se brindó orientación mediante la Dirección de Prevención al Delito en “todos los municipios” de Baja California, pues “cualquier ciudadano se encuentra susceptible de cometer una conducta, aun por omisión”, remató.
Van por fuero de Bonilla; impugnan su reincorporación al Senado
Consejero del PAN y el propio instituto político presentaron dos recursos contra el ex gobernador de Baja California. Se arguye que por disposición constitucional, el político tijuanense debió haber renunciado a su escaño en el Congreso de la Unión cuando asumió la gubernatura. “No se vale” hacer patrimonio de los cargos públicos, opina demandante, y asume que con el curso que tomen las demandas, Bonilla pierda su fuero
Diez días después de que Jaime Bonilla Valdez retomó su escaño en el Senado de la República, del que se mantuvo separado por poco más de tres años, el consejero estatal del Partido Acción Nacional, Juan Marcos Gutiérrez González y el propio instituto político, impugnaron la reincorporación del ex gobernador de Baja California al órgano legislativo.
El consejero panista lo hizo a nombre propio y con una demanda para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano; el partido blanquiazul, con un recurso para promover juicio electoral contra el político tijuanense.
Ambas demandas fueron presentadas ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y recibidas el 4 de abril en Oficialía de Partes.
Gutiérrez afirmó en entrevista con ZETA que los recursos conllevan como alegato la presunción de que “nadie puede ostentar dos cargos de elección popular” y que en el momento que Bonilla asumió como gobernador (1 de noviembre de 2019) dejó de pertenecer al Senado (al que había arribado en septiembre de 2018).
Gutiérrez González argumentó que en caso que alguien contienda por una posición mientras goza de licencia a otro cargo, la Constitución en su Artículo 125 “le dice optas, no le dice alternas”. De ahí que se deba optar por uno de los dos espacios representativos.
Según agregó, “el Trife ha interpretado que esa opción no es alternar ni guardar ahí en el cajón como si fuera tu patrimonio personal tu cargo, en este caso de senador”.
A decir del entrevistado, Gerardo Novelo Osuna, suplente de Bonilla Valdez en el Congreso de la Unión, es quien debe seguir ocupando el escaño al que se reintegró el ex mandatario estatal.
El abogado mencionó que como prueba de que es inviable titular dos posiciones representativas, hay dos antecedentes. “No de gobernador, pero sí de diputado a alcalde y de diputados de un tipo a otro, ya ha habido un par de casos, en Tamaulipas hay uno”, detalló.
Tratándose del senador Manuel Velasco Coello, quien en 2019 ocupó de nueva cuenta su escaño, tras haberse ausentado del Congreso para poder concluir su gestión como gobernador de Chiapas, Juan Marcos Gutiérrez asentó que “a nadie le importó” que su reincorporación (en dado caso) contraviniera al Artículo 125, de tal suerte que en el período estipulado para tales efectos no se procedió con impugnaciones.
“No se vale, ya se ha criticado mucho por la opinión pública los chapulinazos, a la gente le molesta la brincadera de un cargo a otro, que ni siquiera terminan un cargo cuando ya se van a otro, es un chapulinazo”, expuso, para añadir: “Una interpretación distinta a la que estamos dando haría inocuo al 125 Constitucional, pero además de lo jurídico está lo político, y lo político es que la gente ya está harta de estas manipulaciones, de esa ‘patrimonialización’ de los cargos públicos, y es por eso que estamos actuando”.
Dijo visualizar “resultados muy interesantes” en lo que toca al pleito legal, en razón que, derivado de las demandas, Bonilla “saldría del Senado (y) se queda sin fuero”, situación que posiblemente “mucha de la ciudadanía estaría esperando”, comentó a propósito de que ambos recursos se presentaron un contexto en el que el dirigente estatal panista Mario Osuna Osuna y el propio abogado ya habían procedido con una denuncia (el 5 de enero) contra el ex gobernante, por su presunta responsabilidad en los delitos de abuso de autoridad, uso ilícito de atribuciones y facultades y peculado.
Por lo que respecta al recurso presentado ante la Fiscalía General de la República, los demandantes acusaron a Bonilla de “manejo indebido de fondos y recursos federales, como fue la retención de las participaciones federales que debían recibir los Municipios de Baja California, en los años de 2020 y 2021”.
Igualmente, señalaron que el entonces mandatario estatal, “teniendo a su cargo fondos públicos” les dio “una aplicación distinta a aquella a que estuviesen destinados”, uso consistente “en la retención de dichas aportaciones” y, “para beneficio de una persona moral (Estado de Baja California), distrajo dinero (aportaciones federales) a Tijuana, Mexicali y Tecate”.
Del curso que puedan tomar las demandas presentadas el 4 de abril, Juan Marcos Gutiérrez espera “una decisión dividida en la Sala Superior” del TEPJF, “pero a favor” de la parte demandante; “porque no solamente es respetar un artículo originario (el 125, en vigor desde la Constitución de 1917)”, sino tratar de abatir el acaparamiento de las posiciones políticas, pues -remató- “no se vale” hacer patrimonio de los cargos público.
