A pesar del discurso de “Abrazos, no balazos”. Las Fuerzas Armadas sostienen constantes enfrentamientos con grupos armados. Durante los primeros dos meses del año, militares han sostenido 42 balaceras y abatido a 31 civiles. En lo que va del año han sido detenidos once presuntos líderes de células o cárteles. El cambio de estrategia puede deberse a la violencia insoportable y a la presión de Estados Unidos por la firma el acuerdo Entendimiento Bicentenario
El slogan de la política criminal del actual gobierno persiste: “Abrazos, no balazos”. En cada oportunidad, el Presidente Andrés Manuel López Obrador y los titulares de las dependencias que integran el Gabinete de Seguridad lo reiteran. Sin embargo, la estrategia dio un vuelco en los últimos meses: parece que se guardaron los abrazos, y los balazos son constantes en los territorios más violentos por parte de las autoridades, que a la par, comenzaron a detener a algunos miembros relevantes de las organizaciones criminales más conocidas.
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Los primeros meses del año en curso, son la prueba de que el Gobierno Federal, a través de las Fuerzas Armadas, incrementó su actividad, pues sólo los primeros dos meses (59 días) sostuvieron 42 enfrentamientos con grupos de la delincuencia organizada, registrándose la muerte de un militar por 31 decesos de los presuntos agresores. Hubo nueve soldados lesionados y 12 civiles heridos. Producto de esas balaceras fueron detenidas 94 personas.
Del 1 de enero al 1 de abril (91 días) fueron detenidos once presuntos líderes de células o cárteles del narcotráfico, casi igualando la cantidad de capos capturados durante todo el año próximo pasado, cuando las autoridades atraparon a 12 de los llamados “peces gordos” que supuestamente en la actual administración no son objetivos prioritarios, ya que, a decir del Presidente de México, la guerra contra el narcotráfico terminó. Al menos así lo ha asegurado en diversas ocasiones, como el 30 de enero de 2019, cuando afirmó: “Se perdió mucho tiempo en eso y no se resolvió nada, no hay guerra, oficialmente ya no hay guerra, nosotros queremos la paz, vamos a conseguir la paz”.
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Sin embargo, el vuelco de la estrategia es palpable, aunque de manera silenciosa. La Secretaría de la Defensa nacional (Sedena), la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) y la Guardia Nacional (GN) han incrementado su participación en tiroteos recientes, entre marzo y abril, que se habrán de agregar en su momento a las estadísticas que
maneja el Instituto Armado. Pese a las masacres entre cárteles en Michoacán, el 1 de marzo el Presidente reiteró que los abrazos continuarán hasta el fin de su sexenio: “Estoy convencido de eso, lo que pasa es que lleva tiempo. Esto ya estaba, pero lo que estamos buscando es que los jóvenes ya no sean enganchados, quitarles a los delincuentes, ya definidos, quitarles a los jóvenes, que no tengan un ejército de reserva”.
El doble discurso de “Abrazos, no balazos” y “Vamos a disminuir la delincuencia”, tiene su origen en el no reconocimiento de que la estrategia planteada falló, pese a la marcada militarización para apoyar y en algunos casos sustituir a corporaciones policiales en la atención de la grave criminalidad en el país. Tampoco se aceptaría dar “reversa” a los postulados de esa política criminal públicamente. Por ello el cambio tiene que ser sin muchos aspavientos y buscar mejores resultados, haciendo lo que otras administraciones hacían: combatir a la delincuencia organizada y anunciar los resultados mediáticamente.
Dos son los aspectos que movieron al Gobierno Federal a modificar los esquemas o planes para “soltar” a las Fuerzas Armadas. En primer lugar, la propia violencia que se ha vuelto insoportable en México, y que lo mismo ha alcanzado a delincuentes, policías, periodistas y a personas inocentes de la sociedad, con homicidios y desapariciones forzadas; y segundo, la presión de Estados Unidos al firmar el nuevo acuerdo de seguridad y justicia en octubre de 2021, denominado Entendimiento Bicentenario, que sustituye al malogrado Plan Mérida y dota de recursos económicos para aumentar la colaboración entre ambos países.
“MANO FIRME”
La decisión de no provocar y no enfrentar a los grupos criminales estructurados por parte del Estado mexicano bajo el argumento de que la violencia genera más violencia y que “los delincuentes también son parte del pueblo”, quedó atrás. Esa estrategia ocasionó que entre 2019 y 2021 perdieran la vida 30 elementos militares y, aunque se aseguraba que había una especie de tregua con la política de “Abrazos, no balazos”, también fueron abatidos 591 presuntos criminales. En 2022, la diferencia es de un soldado muerto por 31 defunciones de civiles.
El 11 de enero de este año, en las múltiples ofensivas de grupos armados en el municipio de Tepalcatepec, se registró una balacera entre miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), militares y Guardia Nacional. Fueron tres horas de tiroteo con armas largas y drones con explosivos C-4, sin que se hubiese lesionados. Cuatro días después, sobre la carretera Zinapécuaro-Maravatío, a la altura de Los Azufres, ocurrió otro enfrentamiento con saldo de dos presuntos sicarios muertos y un elemento de la GN también pereció.
En febrero continuaron las balaceras entre grupos criminales, así como con elementos castrenses en diversas regiones del país; sin embargo, una de las acciones que mayor violencia desató tuvo lugar el 13 de marzo, cuando en la colonia Hidalgo de Nuevo Laredo, soldados fueron agredidos por un comando armado. Los militares redujeron a los sicarios y entre ellos detuvieron a Juan Gerardo Treviño Chávez “El Huevo”, líder del grupo criminal Tropas del Infierno y del Cártel del Noreste. En reacción hubo narcobloqueos y la agresión al Consulado de Estados Unidos en esa frontera.
En el mismo mes ocurrió un evento desafortunado en el municipio de Ojuelos de Jalisco, en los límites con Zacatecas, zona de guerra entre los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. La golfista potosina Lidy Villalba, ex candidata a diputada federal, fue asesinada por balas que salieron de armas militares al confundir su camioneta con la de supuestos delincuentes e iniciar una persecución que terminó en tierras zacatecanas con tal desenlace. Un soldado es procesado actualmente por el suceso que privó de la vida a una persona ajena a la violencia.
También en marzo, miembros del Ejército Mexicano se enfrentaron a balazos con un grupo de hombres armados en el cerro Las Antenas en el municipio de Santa María del Oro, al Sur de Jalisco. Los agentes castrenses sometieron a 13 sujetos que portaban ocho armas largas, entre estas un fusil Barrett, 60 cargadores, mil 076 cartuchos y 10 chalecos blindados.
El 1 de abril, en un enfrentamiento de la Guardia Nacional con presuntos delincuentes, murieron cuatro civiles y un policía municipal en Jiquilpan, Michoacán. En la camioneta volcada en que viajaban las víctimas, se localizaron armas de fuego y equipo táctico.
Este mes, la violencia se presentó en las inmediaciones de la cabecera municipal de Chavinda, Michoacán, donde el día 4 murieron cinco supuestos sicarios que se enfrentaron a elementos de la Sedena, GN y Policía Estatal. Hubo cuatro detenidos, cinco armas largas y dos camionetas aseguradas. En tanto, el día 5, en San Luis Potosí, un agente de GN perdió la vida y otro resultó lesionado, al tirotearse con delincuentes sobre la Carretera Federal 57, en el entronque a Villa de Reyes, municipio de Zaragoza.
LOS CAPOS
La detención de presuntos capos del narcotráfico o líderes de células de diversos cárteles, también se vio incrementada en los escasos meses de 2022, por lo que, de continuar el ritmo en las acciones de los cuerpos de seguridad y la milicia en los meses siguientes, podría convertirse en el año de mejores resultados en ese rubro.
Mientras en 2021 fueron detenidos 12 de los llamados “jefes de plaza”, en este inicio de año van once sujetos considerados como importantes en sus respectivas organizaciones criminales. Antes, en 2020, fueron 13 detenidos relevantes; en 2019 se contó a 15 y en diciembre de 2018 a uno.
Luego que el 6 de enero fueron abandonados diez cadáveres en el interior de una camioneta, en la plaza de armas, frente al Palacio de Gobierno de Zacatecas, fue detenido el presunto sicario Juan Carlos “N” alias “El 19”, señalado de encabezar tan macabra acción. Quince días más tarde, en Puerto Vallarta, Jalisco, fue capturado por elementos del Ejército Mexicano, el principal operador del CJNG en ese puerto turístico, Carlos Pelayo Núñez “Don Carlos” se escondía en el lujoso fraccionamiento de Marina Vallarta.
En febrero fueron detenidos tres “peces gordos”. El día 3, cayó preso durante un cateo ejecutado por las Fuerzas Armadas, Víctor Manuel “N” alias “El Tartas”, quien operaba en Villanueva, Jerez, Fresnillo y Zacatecas Capital para el CJNG.
El 12, en Chihuahua, fue aprehendido en un operativo conjunto el también integrante del CJNG, Rafael B.O. “El Fantasma”, identificado como uno de los causantes de violencia en Fresnillo, Monte Escobedo y Tepetongo, en Zacatecas. Y el día 26, en Ciudad de México, militares aprehendieron por tercera vez a José Alfredo Cárdenas Martínez “El Contador”, presunto líder del Cártel del Golfo.
En Chiapas, soldados y guardias nacionales detuvieron el 12 de marzo a Leonel Camacho Mendoza “Bin Laden” o “El 300”, presunto narcotraficante del Cártel de Sinaloa y líder de una célula en el Sur de Chihuahua, donde se le señala como generador de violencia. El 13 del mismo mes, elementos de la Marina atraparon en un fraccionamiento de Zapopan a Miguel Aldrín Jarquín Jarquín “El Chaparrito”, jefe de plaza del CJNG en Manzanillo, quien contaba con orden de aprehensión por delincuencia organizada y delitos contra la salud.
El mismo día fue capturado Juan Gerardo Treviño Chávez “El Huevo”, líder del Cártel del Noreste, con presencia en los estados de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. Después de la violencia desatada por su aprehensión, el gobierno mexicano lo deportó en menos de 24 horas a Estados Unidos, donde tiene cuentas pendientes, y en aparente “ofrenda” a autoridades norteamericanas que en esos días estaban de visita diplomática en México.
El 18 de marzo, nuevamente en Zapopan, en el exclusivo fraccionamiento Puerta de Hierro, fue detenido otro operador del CJNG, identificado como Cristian Alejandro “El Zorro”.
Las últimas acciones están relacionadas con la localización y captura, el 30 de marzo, en Jalisco, de Abdner Noé “N” alias “El Traumado”, referido como líder del grupo criminal Los Magnos y presunto fundador del Cártel Independiente de Acapulco (CIDA), presunto homicida y generador de violencia en Guerrero. Así como el 1 de abril, en Puebla, la detención de Gustavo Abigail Díaz “El Pino”, presunto integrante del CJNG y señalado como uno de los involucrados en el homicidio del periodista Julio Valdivia, asesinado en septiembre de 2020.
Las acciones de militares en coordinación con cuerpos de seguridad pública en contra de los grupos delincuenciales, su difusión mediática como hechos relevantes y el lenguaje utilizado como la referencia de que son “principales generadores de violencia” y los nombres de las organizaciones criminales a las que pertenecen, se parecen cada vez más a la estrategia de la “guerra contra el narcotráfico”; es decir “Más balazos, menos abrazos”.
