Parlamento
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La Anarquía, siendo la ausencia de poder público, también significa caos, desconcierto, confusión. Desmadre puro, pues, diría el clásico. El absurdo, siendo lo contrario a la lógica y la razón, y contradicción al sentido común, también nos refiere a las personas que actúan de manera torpe o irracional. Ambos conceptos son el ambiente natural de Andrés Manuel López Obrador: el caos, el desperfecto, la demolición y la diatriba. El desmadre es su hábitat.
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Esto no es nuevo. Anarquía es el resultado que se obtiene cuando se manda al carajo a las instituciones. Aquella consigna de Andrés Manuel López Obrador, luego del proceso electoral en que perdió en 2006, no fue una rabieta discursiva ni un recurso retórico. Fue amenaza que hoy se cumple. Ha mandado, manda y seguirá mandando al carajo a las instituciones salud, las académicas, la división de poderes, a los periodistas, al INE, a los datos personales, a la justicia, a la transparencia, y a una interminable lista de instituciones que tanto trabajo costó construir. Ahora se alista para mandar al carajo, otra vez, ni más ni menos que a la democracia, a través de un proceso simulado de revocación del mandato.
La actitud díscola y caótica del hoy Presidente no es nueva. La toma de la avenida Reforma durante más de medio año por Andrés Manuel provocó un caos del cual, muchos negocios en pequeño de la CDMX, jamás se repusieron. Y todo por la absurda conclusión de creerse un “Presidente legítimo”. El problema del absurdo, según Albert Camus, es que se puede llegar al extremo de despreciar valores como la vida propia. Quien desprecia la vida propia, es fácil que lo haga con la ajena. Hoy no se cree Presidente, ya lo es. Pero ahora se cree algo cercano a una deidad o al Mesías. Quizás ese es el absurdo que explica su negligencia criminal en el tratamiento de la pandemia COVID-19, el retiro de recursos a niños con cáncer o la desaparición del seguro popular. El absurdo como política pública.
Lo anterior viene a cuento porque, ante tan absurdo y anárquico desempeño, estamos en medio de la posibilidad, según algunos, de revocar el mandato al Presidente, mientras que para otros, no se trata más que de otro absurdo con su dosis de anarquía; pues el proceso, convocado a regañadientes por el INE, y mañosamente armado por los corifeos de AMLO, solamente promete manchar con mal nombre y para siempre un ejercicio de democracia directa, que bien realizado, podría ser muy saludable para la república, no solo contra este Presidente, sino contra cualquiera otro que en el futuro practique la anarquía en lugar de buen gobierno, y la sinrazón como política pública.
Sí, el artículo 35 constitucional prevé la revocación del mandato presidencial, bajo las siguientes reglas básicas que comento a continuación:
1.- Que sea convocado por el INE a petición del tres por ciento de los inscritos en la lista nominal (unos 3.5 millones de electores aproximadamente). Este requisito fue colmado por una “autopetición” de grupos pro Morena/López Obrador. En el fondo, lo que desean es un proceso de ratificación. Aquí ya suenan las alarmas por violaciones potenciales al principio de “no reelección”.
2.- Se debe realizar mediante votación libre, directa y secreta de ciudadanos y ciudadanas inscritos en la lista nominal. Lo cierto es que ha desplegado la más asquerosa campaña precisamente para promover, no que se vaya el Presidente sino que se quede, al más puro estilo que hicieron en Venezuela, Bolivia o Nicaragua. El uso de la vacuna contra el COVID-19 como motivo para “ratificar”, es un delito, como fraudulento es el proceso que buscan retorcer.
3.- Para que el proceso de revocación de mandato sea válido, deberá haber una participación de por lo menos el cuarenta por ciento de las personas inscritas en la lista nominal de electores. Unos 43 millones de personas tendrían que ir a votar y de esos, la mitad más uno votar por la revocación. Entonces, se requieren cerca de 22 millones de votos para revocar, en un proceso donde ciudadanos auténticamente jamás se organizaron para ello, entre otras cosas, porque no había ley reglamentaria y cuando la aprobaron (muy tarde por cierto) contenía formulas con preguntas confusas y fraudulentas que la Corte Suprema -para su deshonra- no quiso corregir.
4.- La campaña para recolectar firmas para una revocación cuyos firmantes ahora promueven el voto para que el Presidente “siga” en el cargo, es un gran absurdo. El derroche de recursos públicos para promover la “ratificación”, es una sinvergüenzada colosal.
Comparto que no iré, e invito a no votar el 10 de abril próximo, porque el proceso de revocación no fue un proceso de ciudadanos que auténticamente lo hubiera pedido. Porque no existieron condiciones legales mínimas en tiempos razonables. Porque los promotores de la revocación, son huestes del incumbente a revocar. No iré a votar el 10 de abril porque rechazo el fraude a la constitución.
El autor es maestro en Derecho y fue diputado federal de la LVII Legislatura (1997-2000), ex cónsul general de México en Estados Unidos, subsecretario de Gobernación y ex magistrado del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Correo: juanmarcos@jmgutierrezyasociados
