La sociedad civil de Baja California Sur prendió luces de alerta luego de que en el Orden del Día de la segunda sesión ordinaria del segundo periodo de la XVI Legislatura, apareció una iniciativa que atentó contra avances ciudadanos de la última década. Activistas se concentraron en el recinto legislativo para evitar la imposición de un fiscal Anticorrupción a modo; ganaron la batalla, pero aún no cantan victoria
La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California Sur (SEABCS) alertó sobre una propuesta de reforma a la Constitución Política del Estado, que podría convertirse en la principal piedra de la lucha contra la corrupción. Se trató de modificar la Carta Magna para que los morenistas pudiera nombrar a un fiscal “carnal” Anticorrupción.
Efectivamente, la noche del miércoles 16 de marzo trascendió en el Congreso del Estado la propuesta de reforma a la Constitución Política de Baja California Sur, con la que se pretendió nombrar a un fiscal “carnal” Anticorrupción; sin embargo, la presión del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción y la sociedad civil, lograron dar marcha atrás.
La diputada Marbella González Díaz, quien se presenta como aliada de Morena en el Poder Legislativo de Baja California Sur, presentó la iniciativa para reformar el Artículo Quinto transitorio del Decreto 2427, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado el 28 de febrero de 2017.
En este decreto se estableció el mecanismo para seleccionar al fiscal Anticorrupción de la entidad, el cual involucra a la sociedad civil, a la academia, profesionistas en leyes e instituciones de impartición de justicia.
La regidora de Fuerza por México intentó cambiar la Constitución para que, por única ocasión, el titular de la Fiscalía Especializada de Combate de la Corrupción fuera elegido dentro de una terna que el gobernador del Estado, Víctor Castro Cosío, presentara al Congreso local dentro los 30 días hábiles siguientes a la fecha de entrada en vigor de la reforma.
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“Los integrantes de dicha terna deberán reunir los requisitos señalados en el Artículo 84 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur (…) El Congreso del Estado, por única ocasión, una vez recibida la terna referida en el párrafo que antecede, deberá elegir en un término no mayor a diez días hábiles con el voto de las dos terceras partes de los miembros que concurran a la sesión correspondiente”, se lee en la modificación propuesta por González Díaz.
El decreto entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur.
BAJAN LA REFORMA
La propuesta no pasó desapercibida ante los ojos de la sociedad civil y organismos ciudadanos, quienes se concentraron en el Congreso del Estado y exigieron a las y los diputados un alto a esta reforma.
La iniciativa fue incluida como el punto VII del Orden del Día de la sesión pública de la XVI Legislatura del jueves 17 de marzo, sin embargo, antes de iniciar trabajos legislativos, la propuesta fue retirada.
Guillermo Lara Morales, presidente del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del SESEABCS, así como las integrantes de este organismo ciudadano, Elide Salvatierra y Alma Cota, se mostraron preocupados y molestos por la modificación del transitorio.
Lara Morales recalcó que es errónea e históricamente no es factible esta modificación, ya que, con el mecanismo establecido por Ley, se dio la oportunidad de la transparencia, rendición de cuentas y la ciudadanización al momento de elegir al fiscal.
“Terna a modo genera un fiscal carnal. Es decir: a mis cuates los invito, a los que son de mi lado con una posición partidaria ideológica, entonces, en la terna se designaría a un fiscal que me va a fiscalizar, pero es a modo. Debe ser un fiscal independiente y democrático, fundamentalmente que no tenga ninguna afiliación partidaria o que sea simpatizante de una fracción política”, compartió.
Aunque en esta ocasión lograron bajar la propuesta del Orden del Día, no se descarta la posibilidad de que más adelante se suba de nuevo. Ante cualquier aprobación, el CPC advierte que recurrirán a un amparo.
“Exhorto a todas las fuerzas democráticas del Estado, a todas las fuerzas partidarias y a la ciudadanía en general, a que digamos no al fiscal carnal, no a este esquema de elegir en forma antidemocrática y unilateral a un fiscal Anticorrupción que debe significar la representación directa de la sociedad y no de un grupo en el poder de determinado momento”, expresó.
En precampaña electoral, dijo, adquirieron compromisos firmados por parte de las y los candidatos a diputados para llevar a cabo los trabajos que les corresponden para elegir un fiscal Anticorrupción, sin embargo, no avanzan.
En octubre de 2021, aprobaron un punto de acuerdo para exhortar a la Mesa Directiva del primer periodo ordinario de la XVI Legislatura, entonces presidida por Marbella González, para generar la Comisión de Selección.
Tras varios exhortos, la entonces diputada presidenta de la Mesa Directiva se comprometió, e incluso el 3 de marzo de 2022 sostuvo una reunión con integrantes del CPC, donde le reiteraron el procedimiento y ella aseguró que lanzaría los oficios para conformar la Comisión de Selección, lo cual nunca realizó.
“Lo que le estábamos pidiendo no era legislar, sino que hiciera trámites administrativos de gestión, que eran simples oficios para invitar a los miembros de la Comisión de Selección y que esta comenzara a operar. La diputada Marbella miente mucho, y ahí están sus declaraciones firmadas. A menos de una semana que nos reunimos con ella, lanza esta propuesta de cambio al transitorio de Ley. Ahí sí podemos evidenciar que hay una falta de verdad y de actuación democrática y justa por parte de la diputada”, señaló Lara Morales, para luego exhortar al gobernador Víctor Castro Cosío, a respetar la identidad de los poderes, recordándole que él ya se comprometió a brindar apoyo para fortalecer el Sistema Estatal Anticorrupción.
GOBERNADOR NO ENVIÓ LA PROPUESTA: MARBELLA GONZÁLEZ
Cuestionada sobre la iniciativa de reforma a la Constitución, la diputada Marbella González confirmó antes de entrar a sesión que había sido retirada del Orden del Día.
En un breve encuentro con reporteros y reporteras, la legisladora negó que se trate de una propuesta enviada por el Poder Ejecutivo de Baja California Sur: “A raíz de esto fue que consideramos hacer un análisis más profundo de la situación, para posteriormente volver a replantearla”.
Por su parte, Gabriela Montoya, diputada presidente de la Mesa Directiva del Segundo Periodo Ordinario, manifestó desconocer por qué no se hicieron las labores correspondientes para instalar la Comisión de Selección y posteriormente elegir un fiscal. No obstante, se comprometió a tomar cartas en el asunto para que esto proceda, “aquí no estamos a favor de imponer nada, creo que la ciudadanía, los grupos, pueden hacer sus propuestas. Se va a hacer un llamado a eso, a la organización; a que se forme un Comité para que decida qué es lo mejor para nuestro destino”, expuso.
DESIGNACIÓN PENDIENTE DESDE HACE CUATRO AÑOS
El presidente del CPC recordó que han venido trabajando con las y los diputados para instalar la Comisión Seleccionadora y emitir la convocatoria para la participación de todos los que quieran entrar, sin embargo, nada se ha concretado.
Ahora exhortan al Congreso a fijar plazo este mes de marzo para que se designe al titular de la fiscalía, ya que desde hace cuatro años, no se ha logrado que el Poder Legislativo haga su trabajo al respecto.
Los artículos 84 y 85 de la Constitución Política de Baja California Sur fundamentan que, para nombrar a un fiscal, la Mesa Directiva del Congreso del Estado debe nombrar una Comisión de Selección, la cual deberá estar conformada por un representante del Poder Judicial del Estado, el presidente del CPC del SESEABCS, un representante de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS), un representante de la Asociación o Colegio de Abogados con mayor número de miembros, y un representante de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Una vez instalada correctamente, la Comisión de Selección emitirá la convocatoria en toda la entidad para que las y los interesados en participar, puedan registrarse en el proceso.
Existen diversos requisitos para ser titular de la Fiscalía Especializada de Combate de la Corrupción, entre estos, tener como mínimo 35 años de edad al día del nombramiento, contar con licenciatura en Derecho y haber ejercido profesionalmente mínimo durante 10 años.
