Las voces de las mujeres retumbaron por las calles de La Paz, Baja California Sur, hasta llegar al Centro de Gobierno donde despacha Víctor Castro Cosío. La del martes 8 de marzo de 2022, fue la manifestación con mayor convocatoria desde que inició la pandemia por COVID-19 y la exigencia sigue siendo la misma: un alto a la violencia de género
Más de mil personas se congregaron el 8 de marzo en las manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer. Entre denuncias y pronunciamientos, las actividades de la conmemoración finalizaron con pintas y vidrios rotos en el Palacio de Gobierno de Baja California Sur.
Las mujeres se organizaron en el Monumento a la Madre de La Paz, posteriormente partieron hacia Palacio de Gobierno, donde realizaron un pronunciamiento y denuncias para exigir un alto a la violencia de género, como los feminicidios y las desapariciones.
Una a una, mencionaron los nombres de las mujeres que han sido asesinadas en los últimos años, recalcando que la violencia se disparó en 2021, a pesar de la demanda que hicieron en la manifestación de ese año.
En el pronunciamiento que leyeron en medio de la conmemoración, recalcaron que en 2021 exigieron un alto a la violencia de género en Baja California Sur, sin embargo, destacó por ser más violento que 2020 en todos los delitos donde las mujeres son víctimas.
“Tuvimos 15 mujeres víctimas de homicidio, 837 de lesiones, 40 de corrupción de menores y cuatro de trata de personas. También 2 mil 493 casos de violencia familiar y 256 de violación”, manifestaron.
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En cuanto a llamados de emergencia, que por lo regular no se denuncian ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), se reportaron 36 incidentes de abuso sexual, 66 de hostigamiento sexual, 27 de violación, 2 mil llamados por violencia de pareja y 4 mil 674 por violencia familiar.
Las activistas subrayan que las cifras oficiales no contemplan la cifra negra ni la omisión de las víctimas, debido a la certidumbre de indolencia que se encuentran en las instituciones.
Los datos que presentaron en la marcha confirman que la PGJE registró oficialmente siete feminicidios en 2021 en Los Cabos:
- Andrea Juárez, asesinada por su hijo (sentenciado a 20 años de prisión).
- Marycarmen Monserrath, encontrada en su domicilio asfixiada y semidesnuda.
- Annel Viridiana, asesinada de un disparo en la cabeza.
- Ana Laura, ultimada por su pareja con grave daño craneal.
- Nayeli, asesinada en el interior de su tienda de ropa.
- Leticia, quemada por su pareja en su casa.
- Rocío, a quien su pareja prendió fuego en el que fue su hogar.
No obstante, hay tres casos que las colectivas y la Red Feminista de Baja California Sur registraron y no aparecen entre los datos oficiales:
* El de Ana Luisa Gutiérrez, asesinada en su domicilio en La Paz. A un año y dos meses de su feminicidio, no hay personas detenidas y no se ha reclasificado su caso.
* Una persona sin identificar cuyo cuerpo fue encontrado sin vida en la carretera a Los Planes. Aunque la PGJE precisó que se trató de una muerte por causas naturales, cuenta con características que el Artículo 389 apartado VII del Código Penal de la entidad catalogan como un feminicidio: “El cuerpo de la víctima sea expuesto, exhibido, depositado o arrojado en un lugar público o paraje despoblado”.
* El tercer caso es el de Gabriela Fregoso, a quien se le abrió una carpeta de investigación inacabada por feminicidio en grado de tentativa. Falleció por complicaciones meses después de haber sido agredida por su esposo, quien continúa libre.
En la lista de pendientes en la lucha feminista, enfatizaron que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) registró en 2021 un total de 14 “delitos” de aborto en Baja California Sur, el doble de casos oficiales de feminicidio.
“Con esto podemos ver que, debido a las denuncias, hay un doble de esfuerzo investigando o iniciando carpetas de investigación contra mujeres que deciden sobre sus cuerpos, así como una grave falta de labor sobre los feminicidios registrados e incluso sobre casos extraoficiales, pues son mal tipificados y minimizados”, denunciaron.
Al finalizar las actividades programadas, activistas encapuchadas realizaron pintas y rompieron vidrios en las instalaciones del Palacio de Gobierno de Baja California Sur.
En la entrada del recinto del Poder Ejecutivo pintaron en negro y morado: ESTADO FEMINICIDA BCS. En los cristales que sirven como puerta, dejaron expresiones como “Tu indiferencia mata”, “Cómplices”, “Violadores”, “Cobardes”, “Ya llegaron”, “Asesinos”.
Después de las pintas, destruyeron con palos los cristales de la entrada del Palacio de Gobierno, mientras todas las asistentes coreaban en un solo grito “Fuimos todas, fuimos todas”.
DEMANDAS PARA EL ESTADO
Como cada año, las mujeres que asisten a la manifestación del 8M exigen a las autoridades cambios y acciones inmediatas en las políticas a aplicar para la erradicación de la violencia de género.
“Por todas estas razones y muchas más, alzamos la voz, gritamos, marchamos, cantamos y hacemos todo lo que consideramos necesario para llamar la atención de la población en general y, sobre todo, para exigir al Gobierno Federal, al gobierno de Baja California Sur, a los Ayuntamientos, al Congreso de Baja California Sur, al Poder Judicial y a la sociedad en general”, reclamaron.
La primera solicitud es que las autoridades investiguen con perspectiva de género, que los feminicidios se nombren como lo que son, ante los intentos de minimizar e ignorar la violencia que sufren las mujeres al mal tipificar estos casos como “muerte natural” u “homicidios”.
Lo segundo: que las instituciones se responsabilicen de la violencia estructural que ejercen, de su negligencia y falta de acción al ni siquiera poder sancionar dichos delitos.
“Queremos que implementen verdaderas medidas preventivas en caso de denuncia y que nosotras como mujeres no seamos revictimizadas al denunciar. Que se reconozca cuando los avances no son suficientes y se trabaje realmente en la investigación de los delitos que perpetúan las violencias”, expusieron.
Por último, exigieron derogar los artículos 152, 154, 155 y 156 para que no se desvíen esfuerzos en investigar y criminalizar a las mujeres por ejercer sus derechos sexuales y reproductivos, como se ve en el registro de incidencias delictivas de 2021.
“Como ha dicho la Suprema Corte de Justicia de la Nación: estar a favor de la vida es respetar la dignidad y la libertad de las mujeres”, finalizaron.
