Las carpetas de investigación están “entrampadas” al no contar con indicios de avance, mientras las agresiones entre pescadores son cada vez mayores en altamar y las autoridades carecen de estrategia para acabar con los conflictos armados
El consumo local y la exportación de langosta a países asiáticos, son de las actividades económicas más importantes en la región, pero también se han convertido en una labor criminal sin solución en Baja California.
El 15 de febrero comenzó la veda para la captura de langosta por un periodo de siete meses, en el que ningún pescador -o concesionario- tiene autorizado capturar especies a lo largo de la costa, hasta el próximo 15 de septiembre, de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-009-PESC-1993.
Alrededor del millonario negocio de la langosta en las costas de Ensenada y San Quintín, hay conflictos legales por las áreas de pesca y la captura, además de venta ilegal de dicha especie.
Por ejemplo, la Secretaría de Marina (Semar) aseguró en la Bahía de Ensenada al menos 2 mil 231 piezas y mil 670 trampas artesanales, en ocho eventos distintos registrados durante 2021. A pesar de estos operativos, sólo una persona fue detenida y turnada a la Fiscalía General de la República (FGR).
El otro problema pendiente para las autoridades estatales y federales, son los conflictos por el dominio de la zona de captura que a la fecha mantienen dos concesionarias: Comercializadora Jimnar, S de RL contra la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Ensenada, SCL.
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La tensión en la zona de pesca ubicada en la delegación El Rosario, a 300 kilómetros al Sur de Ensenada, es cada vez mayor, y, a pesar de las denuncias activas entre ambas concesionarias, no hay casos judicializados ante la Fiscalía General del Estado (FGE).
ZETA cuestionó a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda sobre la situación legal detrás de la comercialización de la langosta, además de la instrucción girada a las agencias de investigación, limitándose a responder: “Que se investigue, por supuesto que se investigue”.
En el contexto, Ávila Olmeda apenas se reunió el miércoles 23 de febrero con el recién nombrado titular de la Comandancia de la Segunda Región Naval, el Almirante Luis Javier Robinson Portillo Villanueva.
También estuvo presente el General Gilberto Landeros Briseño, secretario de Seguridad Ciudadana de Baja California, quien reconoció que no hay una estrategia de seguridad para la zona referida.
“Todo aseguramiento en contra de la delincuencia trae una reacción, y mediante estos instrumentos de coordinación que estoy diseñando, se firmen documentos que correspondan, para que haya más resultados puntuales”, informó.
Asimismo, han abordado el tema en la Mesa de Seguridad a la que acuden mandos de la Semar, Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y otras corporaciones policíacas.
“La intervención terrestre se hará cuando las fuerzas federales soliciten apoyo”, afirmó Landeros Briseño.
HISTORIAL DE AGRESIONES EN EL ROSARIO
El primer enfrentamiento entre las dos empresas pesqueras ocurrió en 2017, cuando trabajadores de la Cooperativa Ensenada impactaron una lancha contra otra similar de la Cooperativa Jimnar, en el área de El Rosario.
Derivado de este altercado en altamar, Jimnar interpuso una denuncia por el delito de homicidio en grado de tentativa y, de acuerdo con los abogados, se encuentra estancada.
Mientras tanto, las audiencias también se han diferido en varias ocasiones, informó a ZETA uno de los abogados de la familia Jiménez.
“Tocamos la puerta de la fiscalía, se inició la investigación, se presentó por parte de la fiscalía y presentamos los elementos para proceder con la imputación, pero hasta el día de hoy no hemos podido fincar responsabilidad a quienes participaron”, explicó el litigante, quien omitió su nombre por motivos de seguridad.
El abogado agregó otro hecho contradictorio: en agosto de 2020 hubo una confrontación en el campo pesquero San Carlos, luego que intentara entrar por la fuerza un grupo de Cooperativa Ensenada.
La gente de Jimnar buscó detener a estas personas, derivando en un enfrentamiento armado con daños en un vehículo y una casa móvil. De este hecho se originaron dos denuncias penales por parte de ambas cooperativas, por el delito de daños.
Sin embargo, la estrategia de la fiscalía fue juntar esas dos carpetas de investigación, y aunque ambas empresas se han mostrado como víctimas, el juez de Control, José Luis Castañeda Castillo, giró cinco órdenes de aprehensión solamente en contra de Jimnar.
Castañeda Castillo también tiene a cargo una carpeta de investigación por homicidio en grado de tentativa, registrada en 2017, pero en ese asunto tampoco se tiene un avance.
“No entendemos cómo una carpeta que tiene poco más de un año ya tiene órdenes de aprehensión, mientras que la de 2017, la de nosotros (Jimnar), sigue ‘trabada’ con la justificación de que no hay personal en el Juzgado u otras excusas”, señaló el abogado.
A pesar de esto, por medio de amparos han logrado cancelar las cinco órdenes de aprehensión giradas a los trabajadores.
“Es evidente que la balanza no está equilibrada, sólo han avanzado las carpetas de ellos –Cooperativa Ensenada- y las de nosotros están detenidas”, concluyó el representante legal.
ZETA solicitó la versión de la fiscalía en torno a este al avance de las investigaciones, pero hasta el cierre de edición, jueves 24 de febrero, no hubo respuesta.
SIN AVANCES EN HOMICIDIO DE EMPRESARIO
El 3 de noviembre de 2020, sujetos armados dispararon en contra de la unidad en que viajaba Diego Antonio Jiménez Aguilar, dueño de Sociedad Cooperativa Jimnar y secretario del Partido Encuentro Social (PES) en Baja California.
Familiares de la víctima denunciaron que la carpeta de esta investigación sigue intacta, aunado a que le entregaron copia al Presidente Andrés Manuel López Obrador durante su última visita al municipio de San Quintín, con el fin de pedir justicia y llamar la atención del Gobierno Federal sobre dicho caso. Sin embargo, no obtuvieron respuesta del mandatario.
El asesinato de Jiménez Aguilar quedó videograbado. En las imágenes se aprecia que, al momento de la emboscada, varios agentes municipales y de la fiscalía estaban alrededor d donde ocurrió el hecho.
Familiares solicitaron a la FGE custodia y protección, afirmando que estaban recibiendo amenazas de muerte, pero dicha dependencia estatal les niega tal medida de protección por supuesta falta de competencia, de acuerdo con un informe de la Sedena, Semar y la Dirección de Seguridad Pública Municipal.
Ante el riesgo de otra agresión en contra de la familia Jiménez, fue necesaria la contratación de seguridad privada e instalación de sistemas de seguridad en sus diferentes propiedades.
FISCALES PARALIZAN INVESTIGACIÓN
Uno de los jurídicos de Cooperativa Ensenada lamentó la inoperatividad de las agencias investigadoras, como se puede apreciar en los casos penales interpuestos en contra de trabajadores de Cooperativa Jimnar.
Aseguró que tienen los elementos necesarios para avanzar en las investigaciones y, sobre todo, que se cumplimenten las cinco órdenes de aprehensión a favor de sus representados.
“El asunto sólo se ha movido porque la familia Jiménez ha promovido amparos en contra de las órdenes de aprehensión, de ahí no ha pasado”, sostuvo el abogado.
Los defensores de Cooperativa Ensenada consideraron que las autoridades deben “poner ojo” en el problema y no desestimar las agresiones que se registran en tierra y en altamar.
EL MILLONARIO NEGOCIO DE LA LANGOSTA
El consumo de langosta se mantiene en auge en los restaurantes de México, donde puede alcanzar un precio de hasta 70 dólares. Para mantener el abasto, hay grupos delictivos dedicados a la captura clandestina.
En 2021, la Semar declaró haber asegurado mil 670 trampas artesanales que fueron colocadas en lugares estratégicos dentro de la Bahía de Ensenada. Otros fueron incautados en el retén militar de El Rosario, al Sur de San Quintín, e incluso en la mancha urbana porteña, en la colonia Hidalgo.
Las langostas aseguradas estaban vivas, pues el producto se comercializa fresco en el Mercado Negro de Mariscos. Todos los ejemplares fueron devueltos al hábitat natural, de acuerdo con información de la Semar y la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca).
Las autoridades federales informaron que, en la mayoría de los aseguramientos, el 80 por ciento eran de talla menor a la autorizada y el resto fueron identificadas como hembras en proceso de reproducción avanzado.
La veda tiene la finalidad de cuidar la reproducción de la especie en su medio natural, por lo que cualquier práctica fuera de lo establecido, lesiona severamente la sustentabilidad de la especie. Las langostas están reguladas bajo la NOM-006- PESC-1993.
En Baja California hay 30 permisionarios desplegados desde las Islas Coronado frente a Playas de Rosarito, hasta Isla de Cedros. Registros de la Secretaría de Pesca del Estado indican que, en toda la entidad, hay una flota langostera estimada en 211 embarcaciones, de las que dependen alrededor de 700 pescadores.
Otros dependientes del mercado son los empacadores, transportistas y proveedores, quienes han encontrado el principal mercado en países de Asia.
