Uno de los nuevos contrapesos que se habían generado durante el ocaso de la administración de Francisco Vega de Lamadrid, era precisamente el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP), el cual se condujo siempre con una postura progresiva, en aras de mejorar el umbral de información disponible para su consulta.
Mucho tuvo que ver el ITAIP en torno a las complicaciones que tuvo el gobierno de “Kiko” Vega para concretar muchos de los proyectos cuestionables de su administración, con sus resoluciones y capacitaciones en torno al acceso a la información.
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Todo contenido y acción que se genera desde la esfera del poder público debe ser transparente y para libre consulta de la ciudadanía. En este periodo se intentó evolucionar de la transparencia tradicional al gobierno abierto, una de las utopías del acceso a la información, indispensable para la rendición de cuentas.
Tras la renovación del consejo que presidió durante su última etapa Octavio Sandoval López, hoy presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Mexicali, la Cuarta Simulación -digo, Transformación- metió sus manos en una herramienta ciudadana, convirtiéndola en cómplice para legitimar su falta compromiso hacia la transparencia.
El nombramiento de Cynthia Denisse Gómez Castañeda, Jesús Alberto Sandoval Franco y de Lucía Ariana Miranda, quienes realmente no tenían experiencia y actividad destacada en el tema, y posteriormente la Secretaría Ejecutiva a nombre de César López Padilla, se han vuelto un “freno” en el natural avance del acceso a la información.
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Ejemplo de ello es el recurso de revisión interpuesto por un servidor, que comprende el expediente RR/606/2020 analizado por Cynthia Denisse Gómez Castañeda, sobre Amador Rodríguez Lozano, ex secretario general de Gobierno durante la administración de Jaime Bonilla Valdez.
La petición fue clara en torno a las declaraciones emitidas por el ex funcionario bonillista sobre el supuesto pago de mil pesos a personas que firmaron el referéndum que pretendía revocar la conocida como “Ley Gandalla”, que permite a diputados y regidores mantenerse en el cargo durante la campaña electoral en tanto sea para una reelección.
En 2020, Rodríguez Lozano declaró en una entrevista para Canal 66 que militantes del PAN y representantes ciudadanos y empresariales, compraron los votos para obtener el respaldo de dicha consulta popular. Ante ello, el autor de esta columna solicitó que emitiera una respuesta que sustentara sus dichos mediante las herramientas de acceso a la información, bajo el argumento de que se trata de actos relacionados con la política interna del Estado.
Más de un año después, Gómez Castañeda decidió confirmar la negativa de la Secretaría General de Gobierno, afirmando -prácticamente- que sus declaraciones públicas no deben ser tomadas como parte de su función, según el documento en poder de este medio. En otras palabras, no pasa nada si un funcionario miente, no es su obligación sustentar sus dichos.
En 2018, es decir, antes del arribo de la 4T, hubo una resolución del ITAIP totalmente opuesta sobre las declaraciones de Francisco Rueda Gómez, entonces secretario general de Gobierno de “Kiko” y el supuesto financiamiento de Morena a los colectivos que integraron “Mexicali Resiste”, donde se consideró que este tipo de temas forman parte de la política interna de la dependencia:
“del Reglamento Interno de la propia Secretaría, se encontró que existe la Dirección de Desarrollo Político, a la cual le corresponde analizar la problemática política y establecer vínculos con las organizaciones políticas del Estado, de aquí que, se puede determinar que en la esfera de las facultades legales de la Secretaría General de Gobierno se encuentran atribuciones que evidencian relación con el ámbito político en el Estado, encaminadas a analizar la problemática política, dar seguimiento a las acciones políticas que promuevan el desarrollo del Estado, así como participar en la mediación y resolución de conflictos de carácter público que requieran de su intervención”, refiere el comunicado de prensa.
No conforme con ello, el propio ITAIP, cuyo secretario ejecutivo era Juan Francisco Rodríguez, fue más allá y robusteció el caso con más información que la ofertada por la parte recurrente para ampliar su criterio, es decir, se hizo la tarea.
Como este caso, se han documentado otros en lo que los actuales consejeros y el secretario buscan sacar adelante el trabajo con el mínimo esfuerzo o enfocando todo su esfuerzo y tiempo en aparentar que hacen cosas.
Hoy, en pleno febrero de 2022, el ITAIP se encuentra resolviendo expedientes rezagados desde mediados de 2020, e incluso uno que otro de 2019, debido a que, durante el periodo de pandemia, han preferido “congelar” la actividad en lo absoluto, en lugar de buscar mecanismos para brindar mecanismos y cumplir con su labor.
Lamentablemente, la decisión de los ex funcionarios de Bonilla costó tres años de avance al acceso a la información en Baja California.
