Su colusión con el gobierno de Jaime Bonilla desembocó en cientos de amparos por parte del sector empresarial que denunció cobros ilegales por parte de Fisamex, empresa dirigida por García Soto, que ahora busca entablar contratos con el Ayuntamiento de Los Cabos con una empresa de nombre distinto. A pesar de sus antecedentes documentados periodísticamente, el alcalde y autoridades municipales se abren a la posibilidad de aceptar los servicios de Eroagua
El Ayuntamiento de Los Cabos anunció con bombo y platillo el inicio de la cruzada nacional por el agua, exhibiendo por medio de un boletín la reunión entre autoridades municipales y representantes de la empresa Eroagua, cuyo representante es Manuel García Soto, director de Fisamex, empresa denunciada por cobros ilegales a empresarios y triangulación de pagos millonarios del gobierno estatal de Baja California.
A través del boletín se recalcan que la reunión entre el alcalde de Los Cabos, Óscar Leggs Castro, y el director del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Oomsapas), Ismael Rodríguez Piña, fue “para el ejercicio de la revisión de las cuentas industriales y comerciales del Oomsapas Los Cabos”.
Sostuvieron un encuentro con la empresa Eroagua, representada por Manuel García Soto, “para analizar los lineamientos a seguir y establecer el método de trabajo que beneficie con más obras y en la infraestructura actual de la institución”.
“Este acercamiento surge de los compromisos que hizo el presidente municipal Oscar Leggs Castro para beneficiar a la ciudadanía con obras que mejoren el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento, por lo que la empresa Eroagua prestará sus servicios profesionales para obtener la recuperación de los volúmenes de agua no contabilizados, buscando así obtener los recursos que serán invertidos en la infraestructura y en la creación de obras en beneficio de la comunidad”, dice el comunicado.
El boletín indica explícitamente que Manuel García Soto estima que se puede recuperar un ingreso de hasta 250 millones de pesos por parte de los usuarios comerciales que no han pagado el servicio a Oomsapas.
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Eroagua aún no es contratada; no cobrará servicio: director de Oomsapas
Al ser cuestionado sobre los antecedentes de Manuel García Soto con la empresa Fisamex en Baja California, el director general Oomsapas Los Cabos, Ismael Rodríguez Piña, reviró sobre la información vertida en el boletín del ayuntamiento.
Argumentó que Eroagua y su representante acudió ante las autoridades municipales para una presentación global, con base en el servicio que ha prestado en otros puntos del país. Negó que vaya a interferir en el cobro de la cartera vencida de Los Cabos, que llega a los mil 411 millones de pesos en un municipio con más de 80 mil usuarios.
Aseguró que el esquema que se plantea es buscar contratos para ejecutar dictámenes del volumen de agua no contabilizada, es decir, auditar una medición correcta del agua que llega al sector comercial e industrial del principal destino turístico de Baja California Sur.
“Ese volumen de agua contabilizada que existe con base en su experiencia como prestadores de este servicio el poder medir de manera correcta con medidores ultrasónicos las áreas dentro de los desarrollos, dentro de la parte comercial e industrial exclusivamente, para poder determinar que exista una correcta medición y, de ser así, obviamente ninguna situación de irregularidad”, declaró.
Recalcó que Oomsapas aún no ha contratado ningún servicio de Eroagua y que solo recibieron la documentación de la empresa. En los próximos días se presentará la solicitud ante la Junta de Gobierno del organismo.
En caso de autorizada, se ejecutaría un procedimiento para contratar la prestación de servicios y se cumpla todo conforme a la ley.
Al ser cuestionado sobre si los antecedentes de Manuel García Soto y Fisamex en Baja California ponen en duda la legalidad del servicio y la relación entre el Ayuntamiento de Los Cabos, Oomsapas y Eroagua, el funcionario respondió: “Es un tema que en efecto tendrá que revisarse en su momento por el área jurídica, por el área de la comisaría y en primera instancia por la Junta de Gobierno del Organismo”.
Cabe mencionar que en Compranet ni en el Registro Público de Comercio existen datos que arrojen la razón social de Eroagua.
Antecedentes
En octubre de 2020, por medio de un video entregado de forma anónima, se exhibió a Manuel García Soto inhalando cocaína. El tiempo marcado por la cámara que se implementó para espiarlo, indicaba que fue grabado en julio de ese año.
En ese momento, el director de Fisamex confirmó el uso de droga ante autoridades de Salud de Baja California, sin embargo, aseguró que en exámenes toxicológicos dio negativo a cualquier sustancia ilícita.
En ese escándalo, el entonces gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, optó por respaldar al director de Fisamex. “Es un problema de salud que tiene Manuel, que tiene que resolver y nosotros queremos ayudar”, dijo.
En abril de 2021, Zeta documentó que el gobierno bajacaliforniano de Bonilla pagó 315 millones 883 mil 721.79 pesos a la empresa Romafam, S.A. de C.V. (Fisamex).
En total, la administración de Bonilla autorizó un pago por 322 millones 265 mil 716 pesos para la empresa. Esto representó un 20 por ciento del monto “recuperado” por Fisamex en las auditorías que se aplicaron a usuarios comerciales e industriales, que fue de mil 611 millones 328 mil 582 pesos.
Un apunte que destaca en la documentación periodística de ZETA, es que Fisamex llegó a Baja California en la administración de Francisco Vega de Lamadrid ofreciendo primero un servicio de venta de ahorradores de agua y posteriormente estableció el contrato para realizar auditorías. Este esquema recuerda a la forma en que el Ayuntamiento de Los Cabos presentó su acercamiento con Eroagua y Manuel García Soto.
Mientras operó con la Cuarta Transformación, Fisamex dictaminó a tres mil 428 empresas con adeudos superiores a los seis mil millones de pesos. La ola de amparos por los cobros, calificados como ilegales por empresarios y abogados, no se hizo esperar.
En mayo de 2021, la excandidata a la gubernatura por la alianza “Va por Baja California”, María Guadalupe Jones Garay, y el excandidato a la gubernatura por Movimiento Ciudadano, Héctor Osuna Jaime, interpusieron una denuncia en contra del entonces gobernador, Jaime Bonilla, Fisamex y su director, Manuel García Soto, por “esquema delictivo” por cobrar contribuciones inexistentes que no fueron determinadas de forma legal o fueron calculadas por encima de lo que corresponde a la Ley.
En la denuncia se señaló que los servidores se coaligaron para impedir la aplicación de leyes fiscales. Además, acusaron que el gobierno estatal pagó sin justificación alguna en relación costo-beneficio a la empresa más de 278 millones de pesos de organismos operadores del agua en Tijuana, Mexicali y Ensenada.
En noviembre de 2021, se confirmó el cobro ilegal de agua a 16 empresas que se ampararon contra los casos de “extorsión” de Fisamex . Por ello, la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM) quedó obligada a devolver 43 millones de pesos a los afectados.
Para ese entonces, había más de 200 amparos interpuestos en contra del esquema de cobro pactado entre Bonilla y la empresa.
