Por unanimidad, la XVI Legislatura del Congreso del Estado aprobó la ampliación de contrato de la desaladora de Cabo San Lucas. Con ello, el Poder Legislativo autorizó al Ayuntamiento de Los Cabos a modificar el contrato de prestación de servicios con la planta.
El Ayuntamiento de Los Cabos anunció con bombo y platillo el inicio de la cruzada nacional por el agua, exhibiendo por medio de un boletín la reunión entre autoridades municipales y representantes de la empresa Eroagua, cuyo representante es Manuel García Soto, director de Fisamex, empresa denunciada por cobros ilegales a empresarios y triangulación de pagos millonarios del gobierno estatal de Baja California.
