Las autoridades de Baja California han comprendido que deben cooperar con los requerimientos que solicita la ciudadanía a través de los mecanismos de transparencia, incluso en el 2021 ningún servicio público fue multado por negarse a proporcionar información.
Así lo dio a conocer Alberto Sandoval Franco, presidente del órgano garante del Instituto de Transparencia de Baja California, quien este lunes 7 de febrero del 2022, fue el conferencista invitado por parte del Grupo 21, reunión que se celebró por medio de la plataforma Zoom.
El Presidente del Instituto de Transparencia de Baja California, explicó que el año 2021 fue histórico en el Estado porque no se multó a ningún funcionario público porque no haya querido difundir información solicitada por ciudadanos.
Detalló que cuando un servidor público se niega a responder una solicitud de transparencia y se agotan los demás mecanismos, el Instituto de Transparencia de Baja California impone una multa a la persona de cargo; hasta al momento el monto de multas impuestas es de 200 mil pesos.
“Incluso podemos interponer multas y que no se las cobren a la Institución, no es como esto que se multa a tal partido político y pues pagan con dinero que nosotros le proveemos. Aquí va la multa directo al bolsillo del servidor público, de su bolsa tiene que pagar la multa que le impongamos, entonces tiene más fuerza por llamarlo así, causa más temor. Logramos algo histórico, en todo el 2021 no pusimos una sola multa, contra los más de 200 mil pesos que se habían impuesto en el pasado”, afirmó Sandoval Franco.
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Sin embargo, el funcionario reconoció que seguirán habiendo personas con cargos públicos que continuarán negándose a proporcionar información, por eso es importante que el Instituto de Transparencia de Baja California, con el apoyo de organismos civiles, continúen gestionando por la transparencia.
“Por ejemplo, no se quería dar el contrato que se hizo…bueno ni enseñar, el contrato para alimentar los reos de Baja California, para servir los desayunos escolares, para el tema de los moches, el contrato para la renta del World Trade Center para que estuvieran ahí las oficinas de la Fiscalía –General del Estado-. Tenemos que seguir luchando con todas las armas jurídicas y ser un cuchillo de palo, no tanto con la intención de cortar, sino de lograr el efecto entre todos. Estuvimos pegaditos a los servidores públicos, concientizándolos, sensibilizándolos”, dijo el invitado.
El titular del Instituto de Transparencia de Baja California finalizó explicando que hasta el momento se han atendido un total de 211 quejas, las cuales se resolvieron satisfactoriamente y en su mayoría se solucionaron sin problema.
Además dijo que las instituciones con mayores quejas son las que tienen más funcionarios, por el ejemplo los ayuntamientos, las corporaciones policiacas o las comisiones de suministro de agua potable.
“Pero el que pague no significa pago por no decir, se le multa pero aparte se obliga a que se entregue la información y también denunciamos ante el órgano interno de control del sujeto obligado”, finalizó Alberto Sandoval Franco.
