Los gobiernos de la Cuarta Transformación en Baja California arrancaron de la peor forma con el arribo del hoy ex mandatario Jaime Bonilla Valdez, quien en dos años se volvió uno de los personajes más repudiados de la política estatal reciente.
Además de estar peleado con la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, Bonilla ha empleado su raquítico canal de televisión para enfrentar a todo su gabinete, aun sin resultados sustanciales.
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Sin embargo, de todos los “pecados” cometidos por el empresario morenista, la “Ley Bonilla” fue el más lamentable, al colocar a Baja California en el foco mundial, luego que un gobernador electo -por medio de presiones y de comprar conciencias- intentó extender su mandato de dos a cinco años, pese a que la Constitución ya establecía el periodo de su gestión a través del Artículo Octavo Transitorio.
La fábula que Bonilla se construyó en su cabeza -a causa de los consejos de su amigo Amador Rodríguez Lozano- terminó siendo aplastada por ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y en voz de su presidente, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, fue calificado como un “fraude constitucional”, entre otros severos calificativos.
En julio se cumplen tres años de la osadía de Bonilla, la cual no podía cumplir sin el apoyo de la mayoría panista y de otros partidos que imperaba en ese entonces.
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Pero el colmo del cinismo puede observarse en la actual administración estatal morenista, encabezada por Marina del Pilar Ávila Olmeda, la cual “revivió” a perfiles que activamente respaldaron la afrenta cometida hacia las instituciones de BC al intentar burlar el marco jurídico nacional.
En lugar de que la historia los condene, resultaron premiados y algunos forman parte de la primera línea de atención de la titular del Poder Ejecutivo del Estado, tomando decisiones y dirigiendo rutas de acción en esta administración.
Entre ellos se puede observar al ex priista y ex hankista Alejandro Arregui, el cual titula la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, dependencia a la que invitó a su amiga cercana, la también ex tricolor Blanca Patricia Ríos; ambos eran diputados cuando se operó y respaldó la “Ley Bonilla”.
La ex perredista Rocío López Gorosave también está “manchada” del episodio más rancio de la política local reciente, pues de ser la diputada que respaldó el “fraude constitucional”, fue rescatada por Jaime Bonilla como subsecretaria y actualmente dirige la Oficialía Mayor, lo cual quiere decir que en ningún momento sufrió el descrédito de apoyar la aberrante modificación legal.
Evidentemente, no se puede dejar de mencionar a Carlos Torres Torres. Sin involucrarme en la vida personal de la mandataria estatal, es importante precisar que el ex panista fue designado por Bonilla como encargado de la rehabilitación del proyecto Centro Histórico de Mexicali, pero cuando la hoy gobernadora asumió su espacio, lo nombró encargado de proyectos estratégicos, un cargo honorario y simbólico dentro de la administración, pero de alta trascendencia.
En este contexto es importante precisar que precisamente Torres Torres operó como enlace entre los vinotinto y los blanquiazules para que estos últimos respaldaran la reforma.
Al gabinete también se llevó a la ex panista Mónica Hernández Álvarez, actualmente refugiada -pero viviendo del erario- como subdirectora general de Normativa de la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario, dirigido por María Elena Andrade Ramírez, uno de los perfiles cercanos a Marina del Pilar.
La lista culmina con el más evidente de todos, el hoy secretario general de Gobierno, Catalino Zavala Márquez, quien fuera uno de los principales impulsores de la improvisada e ilegal iniciativa aprobada por la mayoría del Congreso del Estado en aquella noche de julio de 2019, en conjunto – precisamente- con Torres Torres.
Mención especial merece la diputada casi, casi basificada, Claudia Agatón Muñiz, del PT, la cual también respaldó la “Ley Bonilla”, tal y como ha aprobado todos los proyectos polémicos y empañados de corrupción desde 2010, cuando asumió por primera vez el cargo de legisladora, mismo que no ha soltado salvo por tres años que laboró como directora de Comunicación Social del propio Poder Legislativo.
¿Resulta preocupante que la sociedad no tenga memoria? Sin duda, pero más preocupante aún es que un episodio tan negro en Baja California viva en la impunidad e incluso se premie la corrupción, como lo fue la decisión de dichos ex legisladores.
La historia los condenó, la prensa los exhibió, pero la Cuarta Simulación… digo, Transformación, los libró de todo mal y ahora dirigen al Estado con más poder y libertad de como lo hacían antes.
