El 2 de enero de 2007, Baja California se convirtió en la segunda entidad federativa en confiar su seguridad a un mando militar por orden del Presidente de la República, el panista Felipe Calderón Hinojosa, con el llamado “Operativo Tijuana”. Antes, el 11 de diciembre de 2006, le había tocado a Michoacán
Los bajacalifornianos no somos ajenos al resultado -el positivo y el negativo- del trabajo de las fuerzas castrenses, desde los retenes eternos que no sirvieron para nada, hasta la respuesta de la sociedad a los éxitos y capturas logradas con la campaña “Nosotros Sí Vamos”, en la que la milicia atendía las denuncias que las policías ignoraban por corrupción.
Por orden presidencial y con la anuencia del Estado, en su momento entre 2007 y 2012, los generales Sergio Aponte Polito y Alfonso Duarte Mújica se convirtieron en cabezas de las fuerzas coordinadas de seguridad. Ellos articulaban los esfuerzos, evaluaban, reclamaban resultados con las corporaciones civiles. Ante la simulación, incluso exhibieron a funcionarios locales corruptos.
En representación del Gobierno Federal, cumplían su parte dentro de un plan que -se informó- sería temporal, para dar tiempo a que estados y municipios depuraran y fortalecieran sus corporaciones.
La coordinación logró algunas mejoras en la incidencia, mismas que se perdieron en tiempos del Presidente Enrique Peña Nieto, quien hizo de los generales, unos mirones de palo que estaban, pero no hacían, pura vigilancia perimetral. Adicionalmente, la lógica y natural falta de experiencia de los militares en temas judiciales civiles, resultó en la liberación de muchos de los homicidas y traficantes capturados que regresaron a su vida criminal al Estado.
En 2018, con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la silla presidencial y del General Luis Cresencio Sandoval como secretario de Defensa, arribaron también sus políticas de amnistía para delincuentes y de “abrazos, no balazos”, que quedaron claramente institucionalizadas y evidenciadas el 17 de octubre de 2019, tras la liberación del traficante Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Luego, de repente, no existía nada más óptimo para la seguridad que la milicia.
Durante la campaña, en la pepena de votos, AMLO agravió y desprestigió al Ejército sin presentar pruebas, y después cambió de opinión de manera repentina. Ahora resulta que los quiere en todo, y ni él ni el General Sandoval, dudaron siquiera al violentar la “autonomía” de los estados.
Aprovechando la elección de nuevos gobernadores morenistas, sugirieron, pidieron y donde fue necesario impusieron a militares en las secretarías estatales de Seguridad, pasando por encima de los gobernadores.
Militares, “para que se tengan personas honestas, íntegras, incorruptibles y que se evite lo que era muy común antes: que la delincuencia tenía el control de las policías en los estados, en los municipios”, declararía el mandatario nacional en octubre de 2021, asumiendo que sólo los funcionarios civiles como él, son deshonestos y corruptibles.
En este punto vale recordar que no hay garantía. Está el caso del Capitán de Fragata, Alfredo Álvarez Valenzuela, quien después de desempeñarse -por instrucciones de AMLO- como secretario de Seguridad de Tlaxcala, en noviembre de 2021 huyó para que la SEIDO no ejecutara en su contra una orden de aprehensión por desaparición forzada que data de 2014 en Guerrero.
Pero en este contexto de militarizar la seguridad en los Estados, por recomendación del secretario general de la Defensa, desde julio de 2021 llegaron el Capitán de Fragata, José Ontiveros Molina, a Tamaulipas; el Capitán Evelio Méndez Gómez a Guerrero; el Capitán de Navío, Manuel Llerendi Ruiz, a Colima; el General Guzmar Ángel González en San Luis Potosí; el Capitán de Navío de la Marina, Javier López García, a Baja California Sur; el General José Alfredo Ortega Reyes, a Michoacán; el Teniente Coronel, Cristóbal Castañeda Camarillo, repitiendo en Sinaloa; y el General Gilberto Landeros, quien regresa a Baja California. Sonora e Hidalgo aún tienen mandos civiles.
Las secretarías son corporaciones con formación más operativa como las Fuerzas Armadas -recién intentan incorporar la investigación e inteligencia-, donde la disciplina militar puede ayudar, sin que esto sea garantía de éxito.
El problema ahora es que, en medio de una codiciosa soberbia, López Obrador y el General Sandoval creen que necesitan y deben tener todo, y van por las fiscalías. Se ignora qué harán para lograr su objetivo, porque la mayoría de los gobernadores recién estrenados en los estados antes mencionados, sí pasaron por encima de la Ley y “aceptaron las renuncias” obligadas de los fiscales generales “autónomos”, quienes habían sido designados por una cantidad de años que superaba el sexenio en el que fueron electos, para después, por dedazo disfrazado, poner a gente de sus confianzas, todos civiles, menos en Guerrero.
Oficialmente, la Teniente Coronel Sandra Luz Valdovinos Salmerón se registró como aspirante en el Congreso guerrerense y formó parte de una lista de 44 pretensos. La gobernadora Evelyn Salgado envió una terna que le rechazaron y, en su segunda oportunidad, remitió el nombre de la militar que fue aprobado.
Desde el año pasado, especialistas y activistas han evidenciado su preocupación ante la militarización de la seguridad, de la Guardia Nacional a las Guardias Estatales, sin embargo, la luz roja empezó a centellear con el tema de las fiscalías.
La especialidad del Ejército no es la administración de justicia, su adiestramiento y formación académica no es la investigación, ni el esclarecimiento de hechos, o la acreditación de inocencia o culpabilidad de los imputados, apegados a Derecho. La justicia y las leyes militares no son las mismas que las civiles, y no se trata de defender a los civiles, pero la disciplina militar claramente no es suficiente. Quince años de las Fuerzas Armadas en la calle lo han evidenciado.
Efectivamente, el General Landeros fue positivo para Baja California hace 10 años, y puede volver a serlo -será su responsabilidad dar resultados concretos-. Su relación con el Ejército y la bendición del Gobierno Federal deberán ser positivas ante la evidente falta de coordinación y desconfianza que actualmente existe entre las corporaciones integradas en las Mesas de Seguridad.
La democracia y la justicia se basan en el equilibrio de fuerzas, ciertamente urgen personas honestas, íntegras e incorruptibles, pero también profesionales que sepan discernir y decir no en defensa del Estado de Derecho, más allá de la subordinación ciega y el uso de la fuerza.
La concentración de poder es un camino antidemocrático que genera corrupción, entonces, en pro del liberalismo plural, las formas jurídicas y los contrapesos, los gobernadores, como responsables de la seguridad en sus entidades, están obligados a poner límites a la idea de AMLO y del General Sandoval de centralizar o darle todo el poder en materia de seguridad a las Fuerzas Armadas. Porque ni México ni sus entidades, son estados militares.
