El Gobierno Federal envió sendas cartas para que los patrones se abstengan de dar de baja a empleados durante este mes de diciembre para posteriormente recontratarlos en enero de 2022, ya que dicha práctica sigue llevándose a cabo en detrimento de los derechos laborales, pese a haberse eliminado la subcontratación.
El propósito de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social es que las empresas que fueron identificadas que dieron de baja a trabajadores, “revisen si el manejo de su plantilla laboral se encuentra acorde al marco normativo vigente y eviten realizar acciones que afecten los derechos de sus trabajadores mediante la elusión ilegal de las obligaciones en materia laboral y de seguridad social”.
Aunque la dependencia -encabezada por Luisa María Alcalde Luján- no precisó cuántas bajas ha detectado, advirtió que “las bajas injustificadas impactan negativamente en la continuidad de los derechos laborales, de seguridad social y de vivienda de los trabajadores”.
A finales de 2020 se perdieron 277 mil 820 puestos de trabajo, de los cuales 68.8 eran permanentes, en un proceso que especialistas han considerado como un comportamiento estacional, pero que el Gobierno Federal atribuyó los perjuicios causados por la subcontratación.
Para evitar que se dieran las bajas de cada diciembre, el gobierno impulsó la reforma al outsourcing, prohibiendo que este esquema de trabajo se dé cuando los empleados realicen tareas con el mismo objeto social de la empresa contratante.
Por otro lado, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó que al cierre de noviembre, la población desocupada -que buscó empleo, pero no consiguió alguno- se ubicó en 2.1 millones de personas en el onceavo mes del año, lo que representó una tasa de desocupación de 3.7% respecto a la Población Económicamente Activa (PEA).
Los datos del INEGI detallan que mientras los hombres desocupados han ido disminuyendo, al pasar de 1.6 a 1.2 millones, el desempleo en mujeres ha ido aumentando, ya que en noviembre de 2020 había 822 mil mujeres buscando empleo y, un año después, la cifra aumentó a 921 mil. Además, el mayor porcentaje de personas desempleadas en el país (87.2%) contaba con educación superior.
En el onceavo mes también se registró a 31.4 millones de mexicanos trabajando en la informalidad, los cuales representan el 55.6% de la población ocupada.
Héctor Márquez, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH), resaltó la necesidad de que el país vaya generando mecanismos para que crezcan las ofertas laborales dentro de la formalidad: “Debemos vigilar el tema laboral con la misma constancia y periodicidad como se revisan otros temas, como el fiscal, para incentivar y cerrar las puertas de la informalidad, no necesariamente mediante una reforma laboral cada año, sino constantemente estar publicando lineamientos, procedimientos, simplificaciones cuyo objetivo sea el crecimiento del trabajo digno y formal, creando un grupo conformado por autoridades, asociaciones y empresas que logren establecer una miscelánea laboral cada trimestre o semestre”.
Para concluir, Márquez manifestó que, ante un panorama en el que no se están generando los empleos formales necesarios y que el empleo eventual presenta niveles negativos, se debe incentivar que diversas actividades se integren a la formalidad, como el caso del personal de plataformas digitales.
