Una de las últimas investigaciones que abrió la ex secretaria de Honestidad y Función Pública, Vicenta Espinosa, cuando aún estaba vigente el bienio gubernamental de Jaime Bonilla Valdez, fue aquella que tenía como protagonista, precisamente, al ex mandatario. Lo hizo a partir de un reportaje publicado en ZETA, en el cual el reportero Alejandro Villa Vargas, dio cuenta de cómo las remodelaciones que “encargó” Bonilla en sus instalaciones privadas donde alberga el medio de comunicación PSN, fueron desarrolladas por la constructora Makro, un polémico grupo que sirve al gobierno. Que fue harto beneficiado en la administración de Francisco Vega de Lamadrid, con contratos por arriba de los mil 800 millones de pesos y Bonilla prometió investigar, pero cosa contraria, también firmó contrato con ellos. Por lo menos dos, para limpiar parte de la canalización del Río Tijuana. Y siendo contratistas del gobierno, los de Makro se volvieron contratistas del negocio privado de Bonilla, es decir, al mismo tiempo que realizaban obras para la administración estatal, se encargaban de ampliar las oficinas de PSN. Lo menos que ello implicaba, era un conflicto de intereses, pues de ser sus contratistas en el gobierno, el ingeniero los jala para que le trabajen en lo personal. En esas condiciones, Vicenta Espinosa declaró, en la última entrevista que concedió a este Semanario, que efectivamente, había abierto una investigación para determinar si se había presentado un conflicto de intereses y sancionar al respecto. Pero el tiempo ya no le alcanzó, lo que indica que la investigación abierta quedó en facultad de la nueva secretaria de Honestidad y Función Pública, Rosina del Villar, designada por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda. Pero nada. Ni han informado si la investigación ya concluyó y, en dado caso, cuál fue el resultado. ¿Habrá un pacto de impunidad en la Secretaría de Honestidad? Es pregunta que exige transparencia.
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