Si INE aplica austeridad, SHCP daría dinero para consulta de revocación de mandato, dice AMLO

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Destacados jueves, 30 diciembre, 2021 11:06 AM

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo, este jueves 30 de diciembre, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP) del Gobierno Federal puede otorgar más recursos al Instituto Nacional Electoral (INE) para organizar la consulta de revocación de mandato.

Ello tal como lo determinó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ayer miércoles 29 de diciembre, pero sólo si los consejeros del INE implementan un plan de austeridad que permita que lo que se gastan en viáticos y compra de autos se utilice en el ejercicio programado para el 10 de abril del 2022.

El mandatario nacional explicó que la SHCP deberá analizar si se cuenta con la posibilidad de otorgar los recursos que solicite el INE para la realización de la consulta de Revocación de Mandato, pero que esto no deberá afectar a los programas sociales implementados por el Gobierno Federal.

Durante su conferencia de prensa matutina, el titular del Poder Ejecutivo Federal destacó que lo más importante de la resolución del TEPJF es que va haber consulta de revocación de mandato, además de que recomendó al INE hacer un ajuste a su presupuesto para financiar dicho ejercicio.

“Tiene que hacer un ajuste a su presupuesto para financiarlo. Primero tiene que hacer la consulta, segundo tiene que liberar fondos para su presupuesto”, señaló el político tabasqueño, además de que comentó que si el INE actúa con austeridad, hasta podrían reducir los sueldos de los consejeros electorales.

“Entonces ahí pueden lograr una disminución […] primero deben decir cuánto va costar, cuánto van aportar, y ya que Hacienda vea si tiene posibilidad, de acuerdo a las prioridades de cuánto podría ayudar, si es que tiene posibilidad de hacerlo, sin afectar ningún programa”, agregó López Obrador.

TEPJF ORDENA A SHCP ASIGNAR RECURSOS AL INE PARA CONSULTA DE REVOCACIÓN DE MANDATO

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó, ayer miércoles 29 de diciembre, el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), en el que se aprobaba posponer la organización de la consulta de Revocación de Mandato, hasta que existan condiciones presupuestales adecuadas.

En una sesión pública, los magistrados del TEPJF aprobaron vincular a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para que tras realizar los ajustes presupuestales, el Consejo General del INE justifique el déficit de recursos para organizar la consulta de revocación de mandato.

Por su parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal deberá dar trámite a la petición del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y emitir una respuesta a la brevedad, la cual deberá estar fundada y motivada.

“Se vincula a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que en caso de que el INE haga una solicitud de ampliación presupuestaria para atender el procedimiento de revocación de mandato, dé respuesta a la brevedad de manera fundada y motivada y siga el procedimiento respectivo que dé cauce a la solicitud”, indicó el TEPJF.

En el proyecto del magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, aprobado por unanimidad, se argumentó que el INE no tiene atribuciones para posponer la revocación de mandato, por lo que debe realizar los ajustes presupuestarios necesarios para que se realice la consulta, una vez que se cumplan con los lineamientos estipulados.

A este argumento también se sumaron los magistrados Felipe de la Mata Pizaña, Janine Madeline Otálora Malassis y Mónica Aralí Soto Fregoso, quienes reiteraron que el INE no tiene facultades para determinar, de forma unilateral, la suspensión de las actividades de la revocación de mandato.

La magistrada Soto Fregoso indicó que el único motivo por el que el Instituto Nacional Electoral puede suspender la consulta de revocación de mandato, es que no se haya cumplido con el porcentaje de firmas equivalentes al 3 por ciento de la lista nominal de electores.

“Esta Sala Superior determina revocar el acuerdo impugnado para el efecto de que el INE explore otras alternativas de gestión presupuestal para llevar a cabo el proceso de revocación de mandato y garantizar la participación ciudadana”, planteó el proyecto.

AMLO PROPONE “COLECTA” PARA HACER CONSULTA DE REVOCACIÓN DE MANDATO CON ENCUESTAS

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró, el pasado 29 de diciembre, que si en Instituto Nacional Electoral (INE) por alguna cuestión no realice la consulta de revocación de mandato, esta podría llevarse a cabo de otra forma, incluso haciendo una “colecta” para contratar algunas empresas encuestadoras.

“Sí podríamos hacerlo de distintas maneras. Hablábamos que entre todos la organizaremos de manera directa y la otra es que hiciéramos una colecta para contratar unas 10 empresas encuestadoras de prestigio en México y se preguntara lo mismo ‘¿Quieres que siga el presidente Andrés Manuel López Obrador o que renuncie?'”, propuso.

Durante su conferencia de prensa matutina, el titular del Poder Ejecutivo Federal comentó que realizar encuestas no llevaría mucho tiempo y que incluso se podría hacer una vía telefónica y otra domiciliaria, “se tiene el resultado y dar el resultado, pero no podríamos dejar pasar”.

“Consulta va haber, de una forma o de otra, porque tiene que haber quedar precedente porque ya es un mandato constitucional y a lo mejor lo que ellos no quieren es que se adelante, porque se sentían intocables. Entonces la democracia participativa es que si la autoridad se porta bien sigue, sino para fuera”, comentó.

Asimismo, el político tabasqueño indicó que las encuestas las podrían realizar unas cinco empresas reconocidas y objetivas, entre ellas Parametría, Buendía, Consulta Mitofsky y Arias, “que sean las que menos cuchareen y no le pongan levadura”. Agregó que de no realizarse la consulta de revocación, aún por motivo de falta de recursos según el INE, se estaría violando la Constitución.

“¿Cómo modifican el principio que ya está en la Constitución? ‘ah, es que no tenemos dinero, y por eso no la vamos a hacer’, pues están violando la Constitución independientemente de cualquier cosa, si no lo hacemos nosotros, los ciudadanos, todos”, agregó el mandatario nacional.

Al ser cuestionado respecto a las acciones que tomarán los consejeros del INE durante el proceso electoral del 2022, cuando se renovará la gubernatura de seis estados, López Obrador pidió respetar al pueblo y ser “verdaderos jueces”.

“Primero que respeten al pueblo, que no piensen nada más en el aparato, en la esfera llamada sociedad política, sino que piensen en el ciudadano, que es el actor principal, rico o pobre, porque también hay la deformación de pensar que el ciudadano, como lo fue durante mucho tiempo, era el que sabía leer y escribir”, dijo.

El político tabasqueño también pidió a los consejeros ser imparciales y actúen con rectitud para los comicios de 2022 y que no tomen partido hacia nadie, “por mucha fobia que tengan hacia los partidos, hacia el presidente”.

AMLO REVELA QUE GUTIÉRREZ LUNA RETIRÓ DENUNCIAS PENALES CONTRA CONSEJEROS DEL INE

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló, el pasado 29 de diciembre, que Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la Unión, supuestamente va a retirar la denuncias penales contra seis consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) que votaron por aplazar la consulta de Revocación de Mandato, hasta que existan condiciones presupuestales adecuadas.

Durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional, el titular del Poder Ejecutivo Federal apuntó que Gutiérrez Luna ya reflexionó respecto a esta acción, y que se retractó, porque “no hay que perseguir a nadie”.

“Ya aceptó el legislador que presentó esta denuncia penal, retirarla […] Qué buena actitud del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez, que presente una denuncia porque él considera que es un delito el que cometieron. Y lo reflexiona a partir de que hay una inconformidad o lo considera excesivo y dice me retracto o ya no prosigo con la denuncia”, señaló el mandatario nacional.

“No sé qué procedimiento usó, que no va ratificar. Pero qué bien que lo hizo porque no hay que perseguir a nadie, libertad, cero represión, cero censura y no darle motivo a estos conservadores. Que andan buscando por todos lados cómo convertirse en paladines de la libertad cuando no lo son”, finalizó el político tabasqueño.

Minutos después, a través de su cuenta en la red social Twitter, la Cámara baja del Congreso de la Unión anunció que decidió “tomar todas las acciones jurídicas a su alcance, para efecto de que no continúen las indagatorias penales en contra de funcionarios del INE”.

Este mismo miércoles 29 de diciembre, se dio a conocer que la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación en contra de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), mismos que fueron denunciados por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por votar a favor de aplazar la consulta sobre la revocación de mandato, hasta que existan condiciones presupuestales adecuadas.

Según fuentes oficiales, citadas por los diarios El Universal y Reforma, en el expediente, radicado en la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción -cuya titular es María de la Luz Mijangos Borja-, están acusados los consejeros Lorenzo Córdova Vianello, Norma Irene De la Cruz Magaña y Uuc-kib Espadas Ancona.

Así como Adriana Margarita Favela Herrera, José Martín Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordan, Ciro Murayama Rendón, Dania Paola Ravel Cuevas, Jaime Rivera Velázquez, José Roberto Ruiz Saldaña y Beatriz Claudia Zavala Pérez​, además de Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo del INE.

En la denuncia, formulada el pasado 23 de diciembre el diputado del partido Morena, Sergio Gutiérrez Luna, en su calidad de presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro, se acusa a los citados consejeros electorales de haber incurrido en los delitos de coalición de servidores públicos y abuso de autoridad. Ante ello, el Ministerio Público podría solicitar el desafuero para poder proceder penalmente.

“Servidores públicos que se desempeñan como consejeros electorales integrantes del Consejo General del INE, y Edmundo Jacobo Molina, servidor público secretario Ejecutivo del instituto, por su participación en hechos con apariencia de delito de coalición de servidores públicos, previsto y sancionado por el artículo 216 del Código Penal Federal y los demás delitos que resulten, en agravio del servicio público federal y afectación a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que se debe observar en el desempeño de su encargo”, señala el acuse de la denuncia de hechos que se presentó ante la Fiscalía General de la República.

El pasado 17 de diciembre, en una votación de seis contra cinco, el Consejo General del INE determinó aplazar la revocación de mandato, prevista para el 10 de abril de 2022, hasta en tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva la controversia constitucional planteada por el órgano electoral en la que reclama a San Lázaro los recursos necesarios para realizar la consulta.

GUTIÉRREZ LUNA NIEGA PERSECUCIÓN CONTRA CONSEJEROS DEL INE

Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, rechazó, el pasado 27 de diciembre, que exista una persecución en contra del Instituto Nacional Electoral (INE) y afirmó que las denuncias penales interpuestas en contra de seis consejeros se encuentran dentro del marco jurídico.

A través de un comunicado, el legislador de Morena subrayó que las denuncias penales se circunscriben al artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual impone la obligación de denunciar la presunta comisión de delitos de los que se tenga conocimiento. Asimismo, indicó que el cumplimiento de una obligación legal no puede tomarse como un acto de persecución o de intimidación.

Ello en referencia al pronunciamiento emitido por los 11 integrantes del Consejo General del INE, en el cual condenaron la “persecución” penal que emprendió el presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro, al haber denunciado ante la Fiscalía General de la República (FGR) a los consejeros que votaron a favor de aplazar la consulta sobre la revocación de mandato hasta que existan condiciones presupuestales adecuadas.

“En relación al comunicado del INE, esta Presidencia señala categóricamente que no existe ninguna ‘persecución’ ni ‘intimidación’. El cumplimiento de una obligación legal no puede tomarse como tal, y en el Estado Constitucional de Derecho no puede pedirse impunidad bajo el argumento de la autonomía. Tampoco puede ser la autonomía un blindaje que exima de responsabilidad a quienes actúan en esos órganos constitucionales”, señaló Gutiérrez Luna.

“La Presidencia de la Cámara de Diputados en apego a la institucionalidad y respetando el marco normativo ha escuchado las diversas opiniones sobre este tema, las cuales merecen todo su respeto y son atendidas siempre con apertura, pluralidad e imparcialidad”, sostuvo el también ex representante de Morena en el Consejo General del INE.

Gutiérrez Luna dijo que las denuncias presentadas en contra de diversos funcionarios del INE salieron del ámbito de la competencia de la Mesa Directiva de la Cámara baja del Congreso de la Unión y ahora se encuentran en la FGR, que será la encargada de emitir la determinación conducente.

Además, el diputado de Morena informó que se continuará con los procesos jurídicos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), referentes a la vigencia de la Ley Federal de Revocación de Mandato y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2022, en espera de una resolución definitiva.

AMLO PIDE NO PENALIZAR DECISIÓN DE CONSEJEROS DEL INE RESPECTO A REVOCACIÓN DE MANDATO

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió no “penalizar” la decisión de la mayoría del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) de aplazar temporalmente la consulta de revocación de mandato, además de que pidió que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelvan este caso.

“Yo pienso que debe ser la Corte, el Poder Judicial, tanto el Tribunal Electoral como el Poder Judicial, que resuelva, no penalizar nada”, respondió López Obrador, a pregunta expresa de un reportero, durante su conferencia de prensa matutina.

“Yo creo que cometieron un error y lo tendrían que reconocer [los consejeros electorales], porque se opusieron a un mandato constitucional y actuaron de manera antidemocrática, pero en política hay que saber rectificar, no caer en la autocomplacencia, no aferrarse”, indicó el mandatario nacional.

“Ya la Corte dio un fallo para que continúe la revocación de mandato, que se cumpla con eso, porque lo establece la Constitución, que es la Ley de leyes. Y lo demás no lo considero conveniente, pienso incluso que sirve para que tengan más excusas los consejeros, y demoren más el proceso y no cumplan con su responsabilidad”, agregó el político tabasqueño.

“Pero desde es un asunto del Poder Legislativo con el Poder Judicial. Se reafirma el principio constitucional de que el pueblo tiene en todo momento derecho a cambiar su forma de gobierno, se reafirma que el pueblo es el soberano y se reafirma el principio de democracia participativa, que tenga el poder en sus manos, ayuda para que nadie se sienta absoluto en ningún nivel de la escala”, agregó.

“Tu me pediste mi opinión y yo la estoy dando, como ciudadano. A mí lo que me da mucho gusto, y eso sí lo puedo expresar en mi carácter de titular del Ejecutivo, es que se lleve a cabo la revocación de mandato”, aseveró López Obrador.

“Y convocar a toda la gente a que participe, que todos participemos ese día para una boleta así, tachemos, es sí o no, ¿quieres que continúe? Sí, ¿no quieres que continúe el presidente en su cargo, que renuncie? No, no quiero, palabras más palabras menos, pero eso es”, insistió.

El político tabasqueño destacó que, a pesar de los “obstáculos” y la polémica, se reunieron casi 10 millones de firmas para apoyar la solicitud de revocación de mandato del titular del Poder Ejecutivo Federal, por lo que ahora corresponde al INE revisar que los apoyos sean auténticos.

“Se sobrepasó lo que exige la ley [2.7 millones], ahora le va corresponder a los del INE revisar que sean firmas auténticas, las que no sean auténticas separarlas, desecharlas, pero muchísimas [se entregaron] Esto qué significa, que la gente quiere participar, pero no sólo en esta consulta, la gente quiere ser tomada en cuenta siempre”.sólo en esta consulta, la gente quiere ser tomada en cuenta siempre”, presumió.

SCJN ADMITE CONTROVERSIA DE AMLO CONTRA EL INE POR POSPONER REVOCACIÓN DE MANDATO

El pasado 27 de diciembre, la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite, una controversia constitucional promovida por la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, contra la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de aplazar la consulta de revocación de mandato.

Las ministras Margarita Ríos Farjat y Yasmín Esquivel Mossa dieron entrada a la controversia y concedieron la suspensión a la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal. Sin embargo, no se aclara cuáles son los alcances de la medida cautelar otorgada, ya que todavía no se ha publicado la versión pública de su resolución.

Según fuentes citadas por algunos medios nacionales, el recurso contiene los mismos efectos que la que se concedió a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el pasado 22 de diciembre, que ordenan al INE realizar el proceso y ajustarse a los mil 503 millones de pesos que le fueron asignados como presupuesto para el 2022.

Las ministras reiteraron el pronunciamiento de que el acuerdo del órgano electoral es violatorio del derecho democrático de la ciudadanía a decidir si quiere o no que el presidente López Obrador continúe en el cargo el resto del sexenio.

A través de la lista de notificaciones, Esquivel Mossa y Ríos-Farjat informaron de la admisión del recurso y notificaron al INE como parte demandada y a las Cámaras de Senadores y Diputados, así como a la Fiscalía General de la República (FGR) como terceros interesados.

“Vistos el escrito de demanda y los anexos de quien se ostenta como Consejera Jurídica del Poder Ejecutivo Federal [María Estela Ríos González], quien promueve controversia constitucional en contra del Instituto Nacional Electoral. Se tiene por presentada a la promovente con la personalidad que ostenta y se admite a trámite la demanda, sin perjuicio de los motivos de improcedencia que puedan advertirse al momento de dictar sentencia”, señalaron.

En la SCJN existen otras dos controversias constitucionales relacionadas con la revocación de mandato, una promovida por INE en contra de San Lázaro, en la que reclama el recorte presupuestal de casi cinco mil millones de pesos que realizaron los legisladores a su presupuesto en 2021 y que le impide realizar la consulta.

La otra controversia (224/2021) fue promovida en por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en contra del INE por haber decidido, en una sesión del Consejo General de dicho Instituto, aplazar la realización de la consulta hasta en tanto la SCJN no resuelva si deben otorgársele más recursos.

“En cuanto a la solicitud de suspensión realizada por la promovente, fórmese el cuaderno incidental respectivo con copia certificada del escrito de demanda y sus anexos. Dada la naturaleza e importancia de este procedimiento constitucional, se habilitan los días y horas que se requieran para llevar a cabo las notificaciones de este acuerdo; y hágase la certificación de los días en que transcurren los plazos otorgados en el presente proveído”, señalaron.

INE ACUSA PERSECUCIÓN PENAL EN SU CONTRA

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) calificó, el pasado 26 de diciembre, como preocupante que Sergio Gutiérrez Lina, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión “pretenda convertir un diferendo legal en una persecución penal”.

A través de un comunicado, el órgano constitucional autónomo refirió que el Consejo General del INE es la máxima autoridad de dicha institución, y que fue por mayoría que aprobó el acuerdo de posponer temporalmente algunas actividades preparatorias para la organización de la eventual consulta de revocación de mandato.

El Instituto señaló que en un órgano colegiado las diferencias de opinión y de votos son naturales y se respetan, aunque pueden no ser compartidas por las distintas fuerzas y actores políticos, “por ello, la legislación prevé que éstas pueden ser impugnadas, como en este caso lo hicieron quienes se sintieron agraviados por tal medida”.

Sin embargo, el Consejo General del órgano constitucional autónomo subrayó que serán los órganos jurisdiccionales quienes decidan en última instancia respecto a este asunto lo que en derecho corresponda “y, el INE, como siempre, acatará esas decisiones”.

“Por ello es muy preocupante que el Presidente de la Cámara de Diputados pretenda convertir un diferendo legal en una persecución penal, con denuncias ante la Fiscalía General de la República contra Consejeros y Consejeras que votaron a favor del acuerdo mencionado, así como contra el Secretario Ejecutivo, quien no vota las decisiones del colegiado”, agregó el INE.

“Se trata de una acción injustificada y sin sustento jurídico, que busca inhibir la independencia con la que los miembros del Consejo General valoran y votan los asuntos que les competen”, abundó el Instituto en su comunicado.

El INE destacó que, por encima de las diferentes posiciones que se han adoptado, los consejeros electorales “rechazamos las denuncias penales contra cualquiera de nuestras y nuestros compañeros y toda forma de intimidación y vulneración de nuestra autonomía”.

“Las diferencias de criterio en casos en los que válidamente puedan sustentarse diversas soluciones en el marco de nuestras atribuciones legales, no deben ameritar la persecución penal, sobre todo, cuando quienes las adoptan han explicado públicamente los motivos de su decisión”, indicaron los consejeros electorales.

Entre ellos, Lorenzo Córdova Vianello, Norma Irene De la Cruz Magaña, Uuc-kib Espadas Ancona, Adriana Margarita Favela Herrera, José Martín Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordan, Ciro Murayama Rendón, Dania Paola Ravel Cuevas, Jaime Rivera Velázquez, José Roberto Ruiz Saldaña y Beatriz Claudia Zavala Pérez​.

Por último, el Consejo General del INE explicó que en un Estado democrático de derecho las diferencias de opinión no se persiguen como delitos.

A través de su cuenta de la red social Twitter, el diputado Gutiérrez Luna respondió a la publicación del consejero presidente del INE, Córdova Vianello, en la que difundió el pronunciamiento de los integrantes del Consejo General que rechazan “toda forma de intimidación y vulneración” de su autonomía.

“Lorenzo, la ‘autonomía’ no es una patente de corso”, tuiteó Gutiérrez Luna, quien el pasado 22 de diciembre interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra los seis consejeros que votaron a favor de posponer la consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La denuncia de hechos es por la probable comisión de delitos de coalición de servidores públicos y abuso de autoridad por parte del consejero presidente, Lorenzo Córdova Vianello, así como de Ciro Murayama Rendón, Dania Paola Ravel Cuevas, Jaime Rivera Velázquez, José Roberto Ruiz Saldaña y Beatriz Claudia Zavala Pérez. En la denuncia está incluido Edmundo Jacobo Molina, secretario ejecutivo del INE.

AMLO CELEBRA FALLO DE SCJN QUE OBLIGA AL INE, AJUSTAR PRESUPUESTO PARA REVOCACIÓN DE MANDATO

El pasado 15 de diciembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la resolución de José Fernando Franco González-Salas, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ordenó al Instituto Electoral Nacional (INE) a ajustar su presupuesto para la realización de la revocación de mandato, o de lo contrario caería en responsabilidades penales.

“El INE acudió a la Corte señalando que no tiene presupuesto para realizar la consulta. La Corte resolvió que se tiene que llevar a cabo la consulta, con el presupuesto que cuenta. Que no puede ser ese un motivo o excusa, pretexto, para no llevar a cabo lo que es un mandato constitucional. Entonces es muy buena noticia”, señaló.

“[La SCJN] resuelve que se tiene que hacer la consulta para el día 10 de abril. Es la revocación de mandato, se tiene que instalar casillas y se le preguntará a la gente si quiere que continúe en la Presidencia de la República quien ya saben ustedes, si yo continúo en la Presidencia”.

“Independientemente del resultado, es dejar sentadas las bases para que sea una realidad la democracia participativa, que quede establecido que el pueblo pone y el pueblo quita. Es histórico. Entonces, eso es lo que la Corte está permitiendo, es un avance, porque nos ha costado mucho, se ha batallado bastante para que se establezca la revocación de mandato”, señaló el presidente.

“En el periodo neoliberal, en el discurso demagógico de lo políticos y de los intelectuales orgánicos siempre se habló de la democracia participativa, puede ser que hasta se haya ofrecido en campaña: consulta, plebiscito, pero era puro choro mareador”, agregó el mandatario nacional.

“Es hasta ahora que se permite para que cualquiera que esté en la Presidencia, a mitad de su mandato se someta a una consulta, y si está mal, para afuera. El que se haya logrado esto es un hecho histórico”, consideró el titular del Poder Ejecutivo Federal.

Durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo en el Salón Tesorería del Palacio Nacional, el político tabasqueño hizo un llamado a la ciudadanía a “preparase” para el ejercicio “histórico”, incluyendo a movimientos de oposición, tales como el del Frente Nacional Anti AMLO (FRENAAA).

“Hasta los de FRENAA, que son los únicos que están impulsando del flanco derecho, los demás están inactivos, apostando que no se lleve a cabo la consulta me refiero al bloque conservador, en una de esas van a llamar a no votar, imagínense, la antidemocracia al descubierto”, detalló el mandatario nacional.

LA RESOLUCIÓN DEL MINISTRO DE LA SCJN

“El INE deberá garantizar la realización de la consulta establecida en el Transitorio Cuarto del Decreto de reforma Constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación [DOF] el 20 de diciembre de 2019, por lo que hará los ajustes presupuestales que fueren necesarios”, según se publicó, el pasado 14 de diciembre, en las notificaciones de la SCJN.

“Es improcedente la suspensión respecto a que el Instituto Nacional Electoral no tenga que hacer ajustes a su presupuesto, como se prevé en el artículo cuarto transitorio del decreto por el cual se expidió la Ley Federal de Revocación de Mandato (LFRM) [cuyo artículo transitorio advierte que el INE debe hacer ‘los ajustes presupuestales que fueren necesarios’ para la realización de la consulta]”, agregó la resolución de Franco González-Salas.

Además, el ministro estableció -en el acuerdo de admisión de la controversia constitucional que el INE promovió, contra el recorte a su presupuesto de 2022- que tampoco es procedente eximir al Instituto y a su personal de sanciones administrativas, penales o de diversa índole, en caso de que lleguen a incumplir con su responsabilidad legal, al menos hasta que no resuelva de forma definitiva.

Sin embargo, el ministro de la SCJN sí autorizó lo referente a cómo se debe calcular las remuneraciones de los funcionarios del Instituto Nacional Electoral, por lo que podrán mantener los salarios y prestaciones que perciben, tal como lo marca la Ley.

En otra parte del acuerdo, el ministro Franco González-Salas sí le otorga al INE la suspensión provisional, pero únicamente en cuanto hace al tema de los salarios, por lo cual sus consejeros y altos funcionarios podrán seguir ganando más que el presidente de la República, por lo menos hasta que la SCJN resuelva el fondo de esta controversia constitucional.

INE PRESENTA CONTROVERSIA ANTE LA SCJN POR RECORTE DE PRESUPUESTO PARA 2022

El pasado 7 de diciembre, el INE promovió una demanda de controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) -admitida a trámite con el número 208/2021-, en contra del Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 (PEF 2022), el cual contempla un recorte de 4 mil 913 millones de pesos al presupuesto originalmente solicitado por dicha institución.

Según el organismo autónomo, el recorte hecho por el Poder Legislativo “careció de motivación o justificación alguna en el decreto presupuestal”. Además, señaló el INE, impide el ejercicio pleno de sus atribuciones constitucionales, como el posible proceso de revocación de mandato que, en caso de ser aceptado por la ciudadanía, requiere de 3 mil 830 millones de pesos para llevarse a cabo, mismos que fueron solicitados a la Cámara de Diputados.

El INE agregó que en la elaboración de su presupuesto para 2022, se incluyó un monto como precaución, tanto para realizar la eventual revocación de mandato como para una nueva consulta popular. Esto siguiendo la resolución de la SCJN, en la que determinó que el INE tenía la “obligación de prever” los recursos suficientes para este tipo de ejercicios de participación ciudadana contemplados en el artículo 35 de la Constitución.

“Con el recorte, la Cámara de Diputados dejó sin fondos al INE para cumplir a cabalidad con esa obligación expresamente señalada en la Carta Magna […] Al no haber sido otorgados por el Legislativo los mencionados recursos y al haberse aplicado un recorte que excede por mucho la solicitud, el INE consideró procedente someter a consideración de la SCJN que ordene a la Cámara de Diputados proveer de los recursos necesarios para organizar, eventualmente, la revocación de mandato, cumpliendo todos los principios y reglas a los que está obligado”, indicó.

El Instituto Nacional Electoral reiteró que “para el cabal cumplimiento de sus obligaciones constitucionales, debe contar con suficiencia presupuestaria que garantice los principios de legalidad y certeza”. La Comisión Temporal de Presupuesto del INE presentó un ajuste al presupuesto del organismo para 2022 que deberá ser aprobado por el Consejo General, ante el recorte que impuso la Cámara de Diputados, de 4 mil 913 millones de pesos.

El objetivo de esta nueva propuesta es economizar para cumplir con compromisos como las elecciones en seis estados y la organización de la Revocación de Mandato, ya que pesar de los ajustes, faltarían 2 mil 554 millones de pesos para la realización de dicho ejercicio, que requiere de cuando menos 3 mil 830 millones de pesos.

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