Durante tres años de administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador, 1.11 agentes policiales han sido asesinados en el país por día. Los estados más mortíferos para los agentes de corporaciones de todos los niveles son: Guanajuato, con 213 policías muertos; Estado de México, con 110; Chihuahua, 93; Michoacán, 92; Guerrero, 87; y Veracruz, 85. Baja California se ubica en el lugar número 13, con un total de 46 guardianes del orden abatidos por criminales. Mientras que a muchos policías los matan durante el ejercicio de sus funciones, en BC los acribillan al salir de su casa. Autoridades federales insisten en “abrazos, no balazos”, mientras los oficiales son carne de cañón
Mientras las autoridades basan su estrategia de política criminal en “abrazos, no balazos” en contra de la delincuencia, los criminales han asesinado a mil 385 elementos policiales en el país durante la administración de Andrés Manuel López Obrador entre el 1 de diciembre de 2018 y el 30 de noviembre de 2021, de acuerdo con el recuento que realiza la asociación civil Causa en Común.
Sólo durante 2021 han sido abatidos 371 agentes pertenecientes a corporaciones policiales de los municipios, estatales, viales, ministeriales, federales, así como militares y marinos. El promedio es superior al 1.11 oficiales de Policía asesinados cada día, en una sangría que no encuentra final y es la primera cara del gobierno ante la ciudadanía.
En tanto, los discursos siempre son similares: en la retórica, en los resultados y en el maquillaje de cifras. Prueba de ello, la última comparecencia de la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez ante la Cámara de Diputados el 30 de noviembre, donde se llenó la boca de loas a su trabajo y reiteró que la política de “abrazos, no balazos” es sinónimo del uso de la inteligencia, gracias a lo cual se ha logrado evitar la muerte de personas inocentes.
En esa lógica, los elementos policiales no son personas inocentes, pues saben que la importante función que desarrollan al enfrentar a la criminalidad es de alto riesgo y no son engañados para ingresar a tan titánica labor. Sin embargo, el tipo de delincuencia organizada que permea en México y las atrocidades de que se han mostrado capaces de hacer, rebasa las acciones gubernamentales de contención y combate, teniendo en los policías carne de cañón.
Guanajuato ocupa el lamentable primerísimo lugar en el rubro, pues en estos tres años recientes suman 213 policías muertos a manos del hampa; le sigue el Estado de México, con 110; Chihuahua, con 93; Michoacán, 92; Guerrero, 87; Veracruz, 85; Jalisco, 79; Zacatecas, 72; Ciudad de México, 56; y Sonora, con 57. Entre esos estados se encuentran los mismos cinco que son mencionados -mes a mes- por la secretaria Rosa Icela como los que concentran el 50% de los homicidios generales en el país, incluyendo a Baja California, que en muerte de policías está en el lugar número 13.
Zacatecas, que no estaba en el top ten de la violencia contra las fuerzas policiacas, fue subiendo de tono en agresiones desde 2020, cuando durante todo el año tuvo 26 gendarmes asesinados. En el año que está por terminar, la cantidad de policías que murieron por manos ajenas ya es de 35, a falta de un mes completo. Autoridades atribuyen el fenómeno a la fiera disputa territorial entre los cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de Sinaloa, tal como ocurre en otras de las entidades que reportan las mayores violencias en el Occidente de México.
Zacatecas, Guanajuato, Michoacán y Jalisco han tenido que ser reforzados por la Guardia Nacional, soldados del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Marina. El caso de Zacatecas es tan grave que las autoridades han reconocido que existen nueve municipios que no cuentan con un solo elemento de policía, situación similar a la que viven otras demarcaciones en San Luis Potosí.
Ante esta precariedad institucional e ineficacia de las autoridades locales, la Secretaría de la Defensa Nacional determinó establecer puestos militares de seguridad (retenes) en caminos y carreteras que conducen a siete estados, entre ellos los mencionados y Nayarit.
BAJA CALIFORNIA
Baja California se encuentra en la media nacional con 43 homicidios de policías durante los últimos tres años. En diciembre de 2018, cuando inició el sexenio federal, hubo un asesinato de un agente del orden, mientras que en 2019 fueron 12 los elementos caídos. En 2020 se reportaron 19 agentes que cayeron por balas de criminales y, en el año por concluir, se tiene el dato de 14 guardianes de diferentes corporaciones asesinados por delincuentes.
El año 2021 inició con el crimen del subjefe de la Policía Municipal de Tijuana, Héctor José Soto “El Karateca”, victimado a balazos en su casa la noche del 15 de enero, en el fraccionamiento Santa Fe. Su esposa e hijo fueron heridos por sicarios que escaparon en una camioneta.
En el mismo mes, pero el día 24, a las 19:00 horas fue atacado con tiros de cuerno de chivo el agente de Guardia Nacional, Francisco Negrete Vite, adscrito a la subestación Tecate, en hechos ocurridos en el cruce de Bulevar Universidad y Avenida Lázaro Cárdenas.
La noche del 7 de marzo, otros dos elementos de la Guardia Nacional fueron asesinados tras un ataque armado en la colonia Buena Vista, Delegación Otay de Tijuana. Los guardias interceptaron un vehículo sobre el Bulevar Las Américas; el tripulante, que contaba con antecedentes penales en Estados Unidos, les disparó, siendo también abatido.
El 20 de abril fue ejecutado el elemento de la Agencia Estatal de Investigaciones, Omar Alpízar Muñoz, asignado a la Unidad de Personas Desaparecidas, cuando estaba a bordo de la unidad 0951 de la Fiscalía General del Estado sobre la calle Esperanza del fraccionamiento Soler. Los homicidas arrojaron las armas empleadas cerca del lugar del crimen. Alpízar era investigado por el presunto robo de droga al Cártel Arellano Félix (CAF) desde 2015.
En Tecate continuaron las muertes de oficiales de policía. El 26 de abril, un elemento femenil de la Municipal que estaba a bordo de su automóvil particular fue acribillado a balazos en Bulevar Universidad, en la colonia Lázaro Cárdenas, por sujetos que circulaban en otro automotor. En tanto que el agente Jesús Manuel Aragón Estrada, fue ejecutado la mañana del domingo 27 de junio en la colonia Downey. Supuestamente tenía nexos con el CJNG y uno de sus operadores en el Pueblo Mágico: Dany Isaac Ortiz Covarrubias, alias “El Moreno”.
Otro policía municipal de Tecate, Miguel Ángel Sandoval Zavala, fue asesinado la noche del 29 de junio sobre Paseo Universidad, a la altura de la birriería El Poblano, en la colonia San Fernando, cuando llegó a cenar a un puesto de tacos y sicarios les dieron muerte a balazos. El 7 de septiembre, hombres armados dispararon al mediodía en contra del policía de Tijuana, Rodrigo Israel Merales Cedano, quien se encontraba a fuera de su casa en las calles Tarahumara y Venustiano Carranza, cerca de la rampa Volcán de Toluca. Merales, que se hallaba fuera de servicio, recibió impactos en el cráneo.
El 10 de septiembre en Mexicali, criminales cazaron al elemento municipal Luis Quintero Machado, cuando salía de su casa vestido de civil en Avenida Francia de la colonia Las Palmeras. El sujeto que se le aproximó, le hizo varios disparos en pecho y brazo.
Un día después, sería acribillado frente a su familia el policía municipal de Playas de Tijuana, Erick Jovany Ureña Chávez, a manos de un solitario individuo. El 30 del mismo mes, murió baleado el agente municipal de Mexicali, David Martínez Mejía, adscrito a la Subcomandancia Noroeste y con 18 años de trayectoria en la corporación.
El elemento de la Agencia Estatal de Investigación, Jorge Luis López Núñez, fue asesinado en la calle Chimborazo de la colonia Cumbres en la delegación Playas de Tijuana, durante la mañana del 21 de octubre. Testigos observaron que los asesinos huyeron a bordo de dos automotores. Al día siguiente, autoridades detuvieron como sospechosos a Irving Said “C” y Juan Pablo “A”.
Por último, el 17 de noviembre, sobre el Bulevar Las Joyas del fraccionamiento Lo Álamos en Tijuana, fue victimado a balazos Felipe Sánchez agente de la FGE que circulaba a bordo de un vehículo blanco tipo vagoneta, impactándose contra un muro de contención.
LOS ESTADOS
A nivel nacional, también durante 2021 se han registrado crueles crímenes en contra de elementos policiales de todos los niveles. Los infortunios iniciaron en la misma entidad donde habían terminado en 2020: Guanajuato.
El 11 de enero se registró un enfrentamiento a tiros en el municipio de Villagrán, entre miembros de la Guardia Nacional y civiles armados, que terminó con saldo de nueve muertos, entre ellos un agente de la Policía Estatal que había acudido al apoyo y fue llevado a un hospital de Celaya.
El 12 de marzo, fueron asesinados y calcinados cuatro elementos de la Policía Estatal, luego del ataque de un grupo armado sobre la carretera El Ramal-Chaparrosa, en Villa de Cos, Zacatecas. Los sicarios interceptaron a los agentes para dispararles y lanzarles material inflamable. Seis días después, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de México fueron emboscados cerca del puente de Los Sabinos en Coatepec, con saldo de 13 oficiales fallecidos, en la peor tragedia de estas características durante 2021.
Ese mes cerró el día 31 con otra celada a uniformados rurales a la altura del poblado de La Concha, en Madera, Chihuahua, que tuvo saldo de cuatro policías muertos y siete lesionados cuando realizaban tareas de patrullaje por la zona.
Para abril, el día 3, tres elementos de la Policía Municipal de San Pablo Coatlán, Oaxaca, fueron asesinados y calcinados dentro de la patrulla en que viajaban por el Distrito de Miahuatlán de Porfirio Díaz, no muy lejos de donde se encuentra enclavado el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 13.
La madrugada del 15 de abril, sobre la carretera estatal Misantla-Nautla, en Veracruz, fue localizado muerto a balazos, vendado de los ojos y atado de las manos, el ex director de la Policía Municipal de Misantla, Filiberto Sangabriel Lozada, quien tenía tres meses al margen de la corporación. El 19 del mismo mes, encontraron el cuerpo torturado de un policía estatal en Tecoanapa, Guerrero.
El 7 de mayo, fue asesinado cuando viajaba en su automóvil el subcoordinador regional de la Policía de Investigación, Luis Raúl Tarango Ávila, a la altura del Monumento de la Puerta del Tiempo en Parral, Chihuahua. El funcionario tenía once años en la institución.
El 19 de mayo, fueron asesinados a balazos en una emboscada, en una zona despoblada, el director del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Lázaro Cárdenas, Michoacán, Andrés “N”; el jefe de seguridad del recinto carcelario, Andrés “M”; y uno de los custodios que escoltaban a los funcionarios, quienes habían salido en una unidad oficial a las 23:00 horas del penal ubicado en el Bodonal.
El día 22, miembros del crimen organizado atacaron con explosivos la Comandancia de la Policía Municipal de Tangancícuaro, también en Michoacán, sin que resultaran lesionados.
Joel Ernesto Soto, director de la Policía Estatal Preventiva en Salvador Alvarado, Sinaloa, fue ultimado el 24 de mayo cuando viajaba en su vehículo sobre el Kilómetro 85 de la autopista Benito Juárez en Guamúchil. El 8 de agosto fue encontrado el cadáver de un policía estatal atado de los pies con una cadena, amordazado con cinta e impactos de bala, en la población de General Canuto Neri, Guerrero.
El 9 de octubre, cuatro policías fueron masacrados durante un partido de futbol en Zacatecas, Zacatecas. Y el 18 de ese mes, seis personas, entre ellas un policía, fueron acribilladas durante una balacera suscitada en Morelia, Michoacán.
