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martes, octubre 1, 2024
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México, Tercer País Inseguro

“Puedo decir claramente: No vengan (…) No dejen su ciudad o comunidad”: Joe Biden, Presidente de Estados Unidos, sobre migrantes en entrevista con ABC News (marzo de 2021)

 

Para empezar a resolver un problema, lo primero es reconocer que existe y que no tenemos el control, como en los programas de alcohólicos anónimos, y el problema con el tema migratorio en México, es que el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha mentido durante tres años, y con sus falsos conceptos, evade la obligatoria decisión de hacer frente a la realidad.

No le destina al conflicto los recursos económicos que necesita, ni crea las políticas públicas que urgen, y con impunidad provoca crisis en los estados y municipios fronterizos, como Tijuana, lo que agrava la situación económica, social y de seguridad que ya padecen.

En junio y julio de 2019, AMLO afirmó públicamente que México no se convertiría en Tercer País Seguro como pedía su entonces homólogo estadounidense, el republicano Donald Trump. Pero en la vida de real, lo ha sido desde noviembre de 2018, cuando empezaron a llegar las oleadas de migrantes centroamericanos y haitianos bajo su gobierno, y en territorio mexicano, esperan respuesta a las solicitudes de asilo de Estados Unidos.

Tres años después, la frontera bajacaliforniana ya está recibiendo incluso a rusos y brasileños como aspirantes al sueño americano, y continúa albergando cada vez más a los cientos de mexicanos que llegan con intenciones de cruzar a la Unión Americana, provenientes de estados como Michoacán, Guerrero, Jalisco y, en menor cantidad, de Chiapas, Veracruz y Ciudad de México.

“Quédate en México” se bautizó al programa llamado Protocolos de Protección al Migrante (MPP, en sus siglas en inglés), que obliga a los solicitantes de asilo en Estados Unidos a esperar la respuesta a sus peticiones -trámite que dura de seis meses a dos años- en el país vecino. Trump lo anunció e implementó a partir del onceavo mes de 2018, aunque lo oficializó hasta finales de 2019.

En su campaña, el demócrata Joe Biden aseguró que lo eliminaría, haciéndolo llegar a la presidencia de aquella nación en enero de 2021, pero la administración estadounidense continuó bloqueando la entrada de extranjeros, escudados en el Título 42, un estatuto de salud pública y bienestar de 1944, revivido en marzo de 2020 por Trump para, bajo la excusa de la pandemia de COVID-19, prohibir “el ingreso de personas o bienes extranjeros, posibles portadores de una enfermedad que representa un grave peligro”, y transferir a los migrantes a Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, y sin papeleo, deportarlos hasta en 90 minutos.

En agosto de 2021, un juez federal le dio otra excusa, al ordenar restituir el “Quédate en México” hasta que el “Ejecutivo tenga la capacidad para detener a los solicitantes de asilo que, en ausencia de esa política, pueden entrar en EU”.

La información fue pública, lo mismo que el estancamiento en el Congreso estadounidense de la Ley con la que Biden propone legalizar a once millones de inmigrantes indocumentados que hayan llegado a ese país antes del 1 de enero de 2021 no tengan antecedentes y hayan pagado impuestos regularmente.

El 18 de noviembre, AMLO estuvo en Estados Unidos para echarle porras a Biden, habló de afinidad política y buena química, pidió no rechazar a los migrantes, respondieron la reimplementación de “Quédate en México” y López hizo como que ni cuenta se dio.

Total, con un millón 700 mil migrantes detenidos en EU entre octubre de 2020 y 2021, y 1.3 millones de expulsados -las cifras más altas en 60 años-, y con 70 mil solicitantes de asilo ya en México, comenzó el cuarto año de su administración con la misma política anti migrante, sin que el gobierno de López Obrador haga algo diferente.

De acuerdo con Guillermo Fernández-Maldonado, representante de la ONU-DH en México, 845 migrantes han sido expatriados por la frontera Norte de México, sólo bajo el Título 42. Además, la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación informó que 190 mil 467 extranjeros fueron asegurados en México entre enero y septiembre de 2021, el triple que en 2020, y otros 74 mil 300 fueron deportados.

Como pequeña muestra de esta enorme problemática, están las cientos de hombres, mujeres, niños y niñas hacinados en espacios sin agua corriente, electricidad, instalados en casas de campaña en el campamento migrante de El Chaparral, principal puerto de entrada entre San Ysidro y Tijuana, y el hecho de que el cruce peatonal PedWest continúe cerrado, a pesar de que los cruces fronterizos se reabrieron desde el 8 de noviembre.

Lo mismo que las 2 mil 500 personas que vienen rumbo a la frontera norte en tres caravanas desde Tapachula, Chiapas, o los 600 migrantes de Latinoamérica, Asia y África descubierto en dos tráileres en Acayucan, Veracruz el 21 de noviembre.

Así, se acumulan las evidencias de que el conflicto hará crisis en los puertos fronterizos de Tijuana, Baja California; Ciudad Juárez, Chihuahua; Matamoros, Tamaulipas; además de Tapachula, Chiapas, sin que haya evidencias de soluciones específicas para estas zonas.

Con el conflicto aumentando, el Presidente de los mexicanos decidió no hacer nada en el Presupuesto 2022 respecto a temas migratorios. El recurso asignado en 2021 ya era 17% menor al de 2018, y el Ejecutivo decidió mantenerlo igual, sólo lo distribuyó diferente.

Le quitó recursos al Instituto Nacional de Migración (INM), a la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), pero aumentó el dinero al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) para la atención de niñas, niños y adolescentes migrantes, incluida la construcción de tres albergues para menores en tránsito.

Entonces, las condiciones deplorables se mantendrán.

Tal cual dijo Brigadas Internacionales de Paz (PBI, por sus siglas en inglés), Alessio Mirra, asesor jurídico del Albergue Casa del Migrante Saltillo: “No creemos que México esté listo (…) México no es un país seguro para nadie, no tiene la capacidad para atender a la población migrante y tampoco se puede obligar a una persona a quedarse en un país, según el Derecho internacional”.

Autor(a)

Rosario Mosso Castro
Rosario Mosso Castro
Editora de Semanario ZETA.
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