En México y ejemplarmente en Baja California, la paridad de género ha revolucionado en gran parte la política; no solo ha cambiado los rostros “públicos”, sino también las formas de interactuar en los procesos de ejercicio de democracia. Sin embargo nos falta mucho para la democracia paritaria.
La expresión democracia paritaria, que fue recientemente acuñada, en los 90’s, hace evidente la necesidad de una democracia calificada como paritaria; esto es, la total, transversal, real. La democracia paritaria va más allá de la propuesta de participación equilibrada de mujeres y hombres en los procesos decisorios políticos que buscaban las feministas francesas, pues ésta busca permear en todos los niveles y todos los espacios de interacción con un equilibrio de responsabilidades compartidas, tanto en la esfera pública como en la privada-doméstica.
Garantizar el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres antes, durante y después de las elecciones, tomando en cuenta factores interseccionales, como la edad, discapacidad, identidad de género y orientación sexual, entre otros, es una responsabilidad del Estado, los partidos políticos y de toda la ciudadanía.
La paridad política es necesaria para que las mujeres contribuyan a la toma de decisiones que afectan sus vidas y se beneficien del proceso de la democracia; propone un modelo inclusivo, donde la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres sea una realidad, con acciones afirmativas, como las cuotas de género, que son un concepto fundamental para la democracia y que buscan la producir un cambio de cultural, evitando el predominio de un solo género en la esfera política.
Así, el 31 de enero de 2014, se aprobó la reforma político-electoral que eleva a rango constitucional la garantía de la paridad entre mujeres y hombres en las candidaturas a la Cámara de Diputados, Senado y Congresos Estatales en México. Sucesivamente, a fin de garantizar este derecho el 13 de abril de 2020, se reformó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, entre otras normas, para armonizarlas con el principio constitucional de paridad de género y para sancionar a la violencia política.
La violencia política de género se compone de todas aquellas acciones, omisiones o tolerancias, basadas en elementos de género (cuando la violencia se dirige a una mujer por ser mujer o cuando la violencia tiene un impacto diferenciado en las mujeres o les afecta desproporcionadamente) en el ejercicio de sus derechos político-electorales, que tengan por objeto o resultado menoscabar, anular, impedir, obstaculizar o restringir el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos políticos, así como de las prerrogativas inherentes al ejercicio de un cargo público.
Las acciones afirmativas, como las cuotas de género, ayudan a cerrar la brecha de género -la disparidad entre hombres y mujeres en cuanto a derechos, recursos y oportunidades-, pues encontrar trabajo es mucho más difícil para una mujer que para un hombre, asimismo, cuando una mujer trabaja, suele hacerlo en puestos de baja categoría y en condiciones de vulnerabilidad y con pocos avances o nulos ascensos. Así, de acuerdo con la estadística de la Organización Internacional del Trabajo, el índice actual de participación de las mujeres en la población activa en el mundo se aproxima al 49%. En cambio, el de los hombres es del 75%. Por lo tanto, existe una diferencia de casi 26 puntos porcentuales y, en algunas regiones, la disparidad supera los 50 puntos porcentuales.
Pese a los avances que se celebran y en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 25 de noviembre, resulta importante hacer visible la violencia política basada en la discriminación y presente quizás más de lo que podríamos identificar en estos momentos.
El suelo sigue sin estar parejo, los techos de cristal continúan gruesos y limitando el avance y crecimiento de muchas mujeres. Reconocer esta realidad nos puede llevar a cambiarla. Afortunadamente las defensoras de la igualdad encontramos una aliada en la figura de la máxima autoridad del Poder Ejecutivo que se ha comprometido a favorecer el empoderamiento de las mujeres visibilizando el aporte que hacemos en diferentes ámbitos de la vida de nuestro Estado.
Melba Adriana Olvera fue presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Baja California.
Correo: melbaadriana@hotmail.com
