Presidente de México pide renuncia a Santiago Nieto Castillo como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. El ex fiscal electoral congeló más de 40 mil cuentas bancarias con capitales sospechosos. Nieto participó en las más importantes investigaciones contra políticos corruptos. La UIF bloqueó más de 10 mil cuentas de bancos en menos de tres años a miembros del CJNG. Se investigó por igual a narcotraficantes, huachicoleros, políticos, jueces y artistas. En pocas ocasiones, Santiago contó con el apoyo de la Fiscalía General de la República, que judicializó escasas denuncias
Tan envuelta en la pasión, como su boda celebrada en Antigua, Guatemala, fue la renuncia del llamado “Zar Anti-lavado de Dinero”, Santiago Nieto Castillo.
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Inesperada, repentina y frenética. Así fue la salida de uno de los considerados puntales de la Cuarta Transformación, en quien el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se apoyó -desde su campaña- en su compromiso por combatir la corrupción.
Apenas una semana antes, el ahora ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) figuraba en la audiencia de imputación de Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos, durante su primera comparecencia en los Juzgados mexicanos tras su extradición quince meses antes. Ahí estaba Nieto Castillo en apoyo de la Fiscalía General de la República (FGR) para solicitar el cierre de la investigación complementaria y que se le dictara la medida cautelar de prisión preventiva justificada.
Su pecado: haber contraído nupcias en un lujoso hotel en el extranjero, haber invitado a varios cientos de personas, entre ellos, al propietario del periódico El Universal, Juan Francisco Ealy Ortiz, considerado, por las menciones al diario en la conferencia matutina del Presidente, un adversario. Además, que una funcionaria del Gobierno de la Ciudad de México haya viajado en el avión privado de Ealy Ortiz, donde este trasladaba 35 mil dólares en efectivo.
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El escándalo se desató al interior del gobierno de Morena y después de la crítica de López Obrador; Santiago Nieto presentó su renuncia la noche del 8 de noviembre y, sin cortapisas, se la aceptaron.
Muchas dudas se generaron en cuanto a la forma en que ocurrieron los hechos. Si se trató de un cese o de una renuncia disfrazada. De lo que sí existe certeza, es que se trataba de uno de los hombres importantes del gobierno morenista, que había encabezado esfuerzos para combatir la corrupción al interior, amedrentar a los adversarios del sistema fustigado por el primer mandatario, combate a las estructuras financieras del crimen organizado y acotar la evasión fiscal.
Su trabajo sobresalía por encima del desplegado por cientos de funcionarios. Los números así lo indican. Durante casi tres años se realizaron acciones de investigación en contra de unas mil 150 personas físicas, mil 100 personas jurídicas y 220 servidores públicos. De las pesquisas se enderezaron 378 denuncias ante la FGR, muchas de estas, convertidas en carpetas de investigación, se quedaron atrapadas en la burocracia y la apatía del Ministerio Público federal.
Una de las tareas principales de la UIF fue ordenar el bloqueo de aproximadamente 40 mil cuentas financieras a nombre de unas seis mil personas. Desde empresarios y comerciantes evasores de impuestos, artistas, funcionarios, jueces de Distrito y magistrados de circuito, hasta factureros, presuntos narcotraficantes, huachicoleros, compañías de medicamentos, gasolineros y universidades, entre otros probables lavadores de dinero.
Se estima que los montos de los bienes asegurados y congelados alcanzaron los 6 mil 500 millones de pesos, 339 millones de dólares y 16 mil euros, según datos que publica el periódico especializado El Economista. Ahora la UIF quedó en manos del ex diputado, ex senador y reconocido político de izquierda Pablo Gómez, sin antecedentes en funciones similares.
LAS ACCIONES
Pese a que los resultados de aseguramiento y bloqueo de cuentas bancarias no resultan definitivos, Santiago Nieto Castillo se ganó el respeto de propios y extraños por su incansable labor, misma que se transparentaba periódicamente en las conferencias mañaneras de AMLO, o en sus constantes comparecencias a foros académicos, donde informaba sobre cifras y avances en las investigaciones que realizaba la institución a su cargo, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
De las más de 40 mil cuentas bancarias aseguradas, más de 10 mil estaban vinculadas a personas y empresas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por un monto que se aproxima a los mil millones de pesos y un millón 307 mil dólares; a miembros de La Familia Michoacana les congelaron arriba de cuatro mil cuentas financieras por casi medio millón de pesos; y al Cártel de Sinaloa, unas dos mil 200 cuentas inmovilizadas por casi 106 millones de pesos y 6 millones de dólares.
Tan sólo en Ciudad de México, donde operan por lo menos 14 grupos importantes para el crimen organizado, le fueron bloqueadas más de mil 600 cuentas bancarias a La Unión Tepito por un monto que supera los 6 millones 600 mil pesos. Sin embargo, en otras regiones del país también se realizaron esfuerzos para combatir el lavado de dinero y se bloquearon cuentas de miembros de Guerreros Unidos, Los Zetas, Cártel Santa Rosa de Lima, una banda de delincuentes rumanos y una célula criminal nigeriana.
Capos del narcotráfico fueron afectados en sus finanzas, como el detenido José Antonio Yépez Ortiz “El Marro”, líder del Cártel Santa Rosa de Lima en Guanajuato; o familiares de los jefes del CJNG, Rubén Oseguera Cervantes “Nemesio” o “El Mencho” y Abigail González Valencia “El Cuini”. Además de un magistrado de circuito del Poder Judicial de la Federación, que presuntamente beneficiaba en sus resoluciones al CJNG.
En el ámbito de la delincuencia política o de cuello blanco, la UIF de Nieto Castillo participó en investigaciones para esclarecer hechos criminales y flujos de capital de dudosa procedencia, como ocurrió con los presuntos sobornos de los casos Odebrecht y Agronitrogenados, o de desvío de fondos públicos como fue la “Estafa Maestra”; en todos estos, hay personas detenidas y cuentas bancarias bloqueadas.
Se procedió en contra de bandas de huachicoleros y empresarios gasolineros que les pastoreaban asegurando sus cuentas en bancos, llevando incluso a prisión a ex militares de alto rango que estaban encargados del área de Seguridad Física de Pemex. También la UIF congeló los recursos financieros de ex gobernadores vinculados con la delincuencia organizada u operaciones con recursos de procedencia ilícita, e investiga a otros más.
Las pesquisas abarcaron hasta al ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Eduardo Medina Mora, que, aunque sea por unas horas, tuvo bloqueado su dinero en bancos y después ya no se conoció de la conclusión de la investigación. O el caso de la cooperativa cementera Cruz Azul, cuyos accionistas aún son sujetos de acciones legales de carácter penal por el presunto blanqueo de capitales.
Desde luego, uno de los casos más relevantes para la administración federal es el de la detención de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, acusado en Estados Unidos de haber brindado protección a los cárteles de la droga de Sinaloa y Beltrán Leyva durante el sexenio 2006-2012. A García Luna y familiares les congelaron once cuentas bancarias y diversas empresas e inmuebles tanto en México, como en la Unión Americana.
LOS TROPIEZOS
La credibilidad obtenida por Santiago Nieto Castillo al frente de la UIF le llevaron a que, incluso, los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, solicitaran su intervención durante las investigaciones del caso sin resolver desde aquel infausto 26 de septiembre de 2014. Víctimas de otros delitos también llegaron a pedir que el “Zar Anti-lavado” indagara los movimientos financieros de sus victimarios.
Pese a todo ese palmarés y esfuerzo, muchas de las acciones de la UIF quedaron truncas. Hubo aseguramiento e inmovilización de cuentas en bancos e instituciones que mueven el dinero, pero varios factores echaron por tierra los asuntos. Principalmente tres escenarios: Uno, la legislación obsoleta y que con candados impide la actuación plena de la UIF; dos, el recurso del juicio de amparo por parte de los afectados por los bloqueos, que debido al primer factor, obtienen resoluciones favorables; y tres, la poca colaboración de la FGR para investigar y dar validez ministerial a las acciones de la dependencia de la SHCP.
Ante la poca disposición de la FGR, la UIF gira la orden directa a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para inmovilizar cuentas financieras e impedir la apertura de nuevas cuentas a los sujetos incluidos en las listas de bloqueos. Dichos acuerdos no son convalidados en Juzgados federales, que estiman que la autoridad legitimada para solicitar los bloqueos, por la vía judicial, es el Ministerio Público federal.
Para muestra basta un caso. En las investigaciones a Emilio Lozoya Austin, por los asuntos Odebrecht y Agronitrogenados, la UIF ha formulado 23 denuncias ante la FGR, pero la institución a cargo de Alejandro Gertz Manero sólo ha judicializado dos: una que hoy mantiene en prisión preventiva justificada al ex senador Jorge Luis Lavalle Maury, y otra, por la que se dictó orden de aprehensión contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca García.
En asuntos en los que las personas que sufren bloqueo de cuentas y recurren al juicio de amparo, en la mayoría de las ocasiones, ya sea al resolverse la suspensión provisional o la definitiva, o bien en la sentencia del juicio de garantías, los juzgadores conceden la protección de la Justicia de la Unión a los quejosos, ya que el congelamiento no se realizó con base en una solicitud expresa de una autoridad extranjera.
Santiago Nieto Castillo se va de la UIF con varias preocupaciones y propuestas que no se pudieron materializar. Siempre pretendió que la Ley mexicana se adecuara a los estándares internacionales en materia del combate al lavado de dinero. Propuso eliminar del sistema financiero nacional los billetes de alta denominación, estaba en la línea de combatir las estructuras económicas de las redes de secuestradores y también anhelaba que la unidad a su cargo tuviera más “dientes”, entre estos, la facultad directa de congelar cuentas e iniciar procesos de extinción de dominio.
La vara quedó muy alta para el nuevo titular, Pablo Gómez, quien primero deberá empaparse del funcionamiento legal y operativo de la dependencia; vigilar y dar seguimiento para que los asuntos en curso no se vayan a “caer”; completar las investigaciones en curso e iniciar nuevas acciones que lleven su sello y firma, sin convertirse en un títere de quien pretenda utilizarle para sus venganzas políticas o medidas de presión. La moneda queda en el aire.
