Con una alta ocupación en los albergues de la sociedad civil, los refugios del Estado y la Federación son insuficientes, pero la decisión de retirar sin violencia a las 700 personas de El Chaparral “es firme”, coinciden Ayuntamiento y Estado. Ex gobernador Jaime Bonilla inauguró “un elefante blanco” con el Santuario Migrante, programa sin presupuesto. Iniciativa privada propone bolsa de trabajo y vivienda económica
El futuro de las personas en contexto de movilidad que sobreviven en el campamento instalado alrededor del puerto fronterizo El Chaparral, es la reubicación. Tanto la gobernadora del Estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda, como la presidente municipal de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, coinciden en retirarlos, pero sin el uso de la fuerza.
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Desde el 19 de febrero que se instalaron las primeras tiendas de campaña, ninguna autoridad se hizo presente en el lugar. Conforme avanzaban los días, aumentaba su número de habitantes. Niños, mujeres embarazadas, personas de la tercera edad de origen haitiano y centroamericano, fueron los primeros en poblar el campamento “Esperanza”.
Asociaciones civiles, el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Dirección de Atención al Migrante de Tijuana, calculaban en promedio alrededor de mil 500 personas viviendo en esa zona, con la esperanza de agilizar sus trámites de asilo humanitario en Estados Unidos.
Sin embargo, el 29 de octubre, luego del operativo realizado en el sitio para censar y delimitar el área del campamento con una valla metálica, el titular de Atención al Migrante, Enrique Lucero Vázquez, anunció que había 769 personas, de las cuales 316 eran menores de edad; al cierre de esta edición, jueves 11 de noviembre, informaron que hay 700.
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También señaló que del total de migrantes contabilizados en El Chaparral, 51.03% provenían del interior del país, mientras que 33.16% procedían de Honduras, 9.62% de El Salvador y 4.81% de Guatemala.
Para la siguiente semana, el Ayuntamiento comenzó con los primeros reubicados y regresados a sus lugares de origen. En total retiraron del campamento a 25 personas, 15 de ellas fueron enviadas al albergue (inaugurado el último día de gestión del ex gobernador Jaime Bonilla Valdez) Santuario Migrante.
Este grupo de personas se componía de cuatro familias, dos de origen hondureño y dos provenientes de Guerrero, quienes venían con tres menores de edad con doble nacionalidad (mexicoamericanos); en total eran nueve niños y niñas.
Mientras que diez personas fueron regresadas a Michoacán, Guerrero y Jalisco, grupo en el que viajaban dos menores de edad acompañados de sus madres.
Lucero Vázquez agregó que los gobiernos Federal y estatal reubicaron a alrededor de 45 migrantes del campamento.
Por otra parte, informó a ZETA que la Dirección de Atención al Migrante trabaja con 17 refugios para personas en contexto de movilidad y desplazamiento interno forzado, de las cuales 15 son de asociaciones civiles, una del Gobierno Federal y otra del estatal.
Detalló que los albergues son Ejército Salvación, Casa Puerta Esperanza, Casa del Migrante, Instituto Madre Asunta, Proyecto Salesiano, Movimiento Juventud 2000, Misión Evangélica Roca Salvación, Pro Amore, Fundación Regalo Amor, Espacio Migrante, Casas YMCA para Menores Migrantes, Casa de Oración para el Migrante, Jesucristo Príncipe de Paz, Aldea de Infantiles y Embajadores de Jesús.
La mayoría de estos espacios, reconoció, se encuentran a su 90% de capacidad y en promedio aceptan entre 10 y 15 personas. Por otra parte, mencionó que el albergue temporal del Gobierno Federal, el Centro Integrador para el Migrante “Carmen Serdán”, sólo les ha ofrecido 20 lugares disponibles y el Santuario Migrante (del gobierno estatal), espacio para 33 familias.
Además, se agrega el albergue de la Organización Internacional para las Migraciones, el cual funge (al igual que Santuario Migrante) como hotel filtro, donde las personas pasan quince días sin poder salir, para después canalizarlos a otro refugio de la ciudad.
SANTUARIO MIGRANTE REQUIERE DE 2 MDP MENSUALES PARA OPERAR
El edificio devuelto por Brenda Ruacho, esposa del ex gobernador Francisco Vega de Lamadrid, por el acuerdo realizado con la fiscalía estatal para regresar más de 6 millones de pesos al Estado para no ir a la cárcel por delitos como abuso de autoridad, peculado, enriquecimiento ilícito, entre otros, se convirtió en albergue para migrantes.
Este espacio se habilitó el lunes 8 de noviembre y recibió a cuatro familias que para el miércoles 10 ya se habían reubicado en otros albergues de la ciudad. El espacio cuenta con 33 habitaciones, con dos camas cada una, con baño completo en el interior.
Tienen área de usos múltiples, un pequeño jardín, bodegas con ropa donada tanto para niños como para mujeres y hombres, además de productos higiénicos; de los 33 cuartos amueblados con camas individuales, dos son para personas contagiadas de COVID-19.
De igual forma, se brinda atención psicológica, médica y asesoría jurídica.
De acuerdo con la directora del DIF Estatal, Mónica Vargas Núñez, Santuario Migrante requiere de 2 millones de pesos al mes para operar, comprar alimentos e insumos en general, pagar sueldos del personal, de trabajadores sociales, doctores y abogados.
SIN RECURSOS, SANTUARIO MIGRANTE SE CONVERTIRÍA EN ELEFANTE BLANCO
Román Cota, diputado local y presidente de la Comisión de Asuntos Migratorios del Congreso de Baja California, asegura que, si no se destina el recurso suficiente para la operatividad del Santuario Migrante, este podría convertirse en un elefante blanco.
Sin embargo, declaró desconocer cuánto se necesitaba aprobar en el Congreso, ni cuánto solicitaría el Estado o Municipio para atender los temas relacionados a migración. Eso sí, admitió que los tres niveles de gobierno están rebasados para atender la problemática.
Respecto al operativo del Ayuntamiento de Tijuana para “poner orden” en El Chaparral y el corte de luz que sufrieron la semana pasada, dijo que se trata de medidas drásticas y polémicas, pero que algunas eran inevitables de realizarse, como el caso del corte de luz, ya que se incurre en un delito.
Tal problemática compete principalmente al Ayuntamiento y al Estado, más que a la Federación, como lo habían asegurado funcionarios municipales de la administración anterior.
“El tema del ordenamiento le compete de atención, y procurar el orden, le compete al Municipio y al Estado; el estatus migratorio es competencia de la Comar (Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados), Instituto Nacional de Migración y Secretaría de Relaciones Exteriores”, expuso.
Finalmente, dio una posible solución de la mano de la iniciativa privada. Cota reveló que en días pasados se reunió con representantes de la iniciativa privada, quienes le externaron su voluntad de apoyar en el tema de migración con fuente de empleo y vivienda a bajo costo.
IP PROPONE SOLUCIONES PARA ATENDER A MIGRANTES DE EL CHAPARRAL
Francisco Rubio Rangel, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Tijuana, explicó cuál fue la propuesta que le presentaron al diputado local para atender el tema migrante. El apoyo sería principalmente a aquellos migrantes que no vengan huyendo de la justicia y quieran integrarse a la ciudad.
Primero, está la propuesta de abrir una oficina en Plaza Viva Tijuana, donde habrá representantes de diferentes países y estados para orientar a los migrantes sobre la oferta de empleo y a los patrones sobre el estatus legal del solicitante, para integrarlos en algún trabajo.
“Comentamos que las empresas pueden enviar camiones para recogerlos en los refugios donde se encuentren para llevarlos a trabajar y regresarlos, también la posibilidad de que adquieran una cuenta bancaria para depósito de su sueldo”, detalló, para agregar que hay miles de vacantes de empleo que se pueden destinar a la población en contexto de movilidad o desplazados del centro y sur del país.
Otra de las propuestas de la iniciativa privada, es que se donen terrenos abandonados o invadidos para edificar vivienda de bajo costo para estas familias, donde todos saldrían ganando, tanto Estado como Municipio, con el pago de servicios e Impuesto Predial, así como los migrantes con una vivienda a bajo costo.
Por último, Alejandro Jiménez, presidente estatal de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, comentó a ZETA que aún es una propuesta “en el aire”, ya que no se han aterrizado los detalles, pero hay voluntad de apoyar.
MIGRANTES NO QUIEREN IRSE DE EL CHAPARRAL: INM
De acuerdo con Francisco Garduño Yáñez, comisionado del Instituto Nacional de Migración, pese a que “hay muchos espacios”, las personas que acampan en el cruce fronterizo no quieren irse del lugar porque siguen esperando que les resuelvan su solicitud de asilo humanitario.
“Les hemos ofrecido un albergue con dignidad y humanismo, el Centro Integrador ‘Carmen Serdán’, donde tenemos una capacidad de 3 mil personas, pero ellos se niegan, están esperando y respetamos esa inquietud y derecho; también esperamos que próximamente tengan una respuesta de Estados Unidos, donde nosotros no tenemos competencia”. aclaró.
El Centro Integrador se encuentra abierto desde hace dos años, brindando comida y servicio médico, además de vigilancia. Se les permite entrar y salir, pero no lo han querido aceptar y ahora es cuestión que lo resuelvan la gobernadora y la alcaldesa de Tijuana.
“Les hemos ofrecido esto, sin embargo, la señora gobernadora y la presidente de Tijuana han estado atendiendo El Chaparral y esperemos que próximamente se encuentre una solución. Estamos dispuestos a seguir colaborando y a coordinarnos para atender a esta manifestación pública”, concluyó el representante del INM.
