Sigue sin investigación y sin justicia el secuestro de una mujer, exportadora de aguacates, que el miércoles 3 de noviembre fue sacada a punta de pistola del edificio de los Juzgados Civiles en Tijuana. Falló el arco detector de metales, y la seguridad en el edificio es contratada con una empresa privada, la cual no fue capaz de responder para evitar el plagio. Abogados demandan seguridad al Poder Judicial
Dos hombres le apuntaron a una mujer con armas cortas, la cachetearon, la golpearon con el puño, le jalonearon el cabello y la arrastró frente a decenas de personas para sacarla de los patios de los juzgados civiles ubicados en calle 16 de septiembre, de la colonia Anexa 20 de noviembre, La Mesa, en Tijuana.
El 3 de noviembre, con impunidad, a pleno mediodía y sin que nadie se los impidiera, a la mujer (a quien no dejaban de apuntar con la pistola) la obligaron a subirse a una camioneta Nissan Murano negra placas 6PRA378 de California, sin reporte de robo.
Imposibilitados para actuar en defensa de la mujer, funcionarios del Poder Judicial y ciudadanos presentes en los juzgados, solo atinaron a videograbar los hechos de violencia.
De acuerdo a posteriores investigaciones, la mujer fue recluida en una casa de seguridad en las inmediaciones de la colonia Yamillé, donde fue localizada. La torturaron, le reclamaron una deuda de narcóticos inexistente, y cuando los criminales se dieron cuenta del error, la liberaron, y huyeron impunemente por segunda ocasión en el mismo día.
Según los investigadores, el comando secuestrador fue contratado por otros delincuentes en Guadalajara, quienes proporcionaron información personal de la víctima por vía telefónica.
El operativo criminal fue realizado por un total de tres sujetos, y participó otra camioneta Jeep Wrangler negra de placas desconocidas; fue videograbado en celulares de algunos testigos, quienes denunciaron e hicieron públicos los hechos casi de manera simultánea al acto delictivo.
En cuestión de minutos las autoridades fueron informadas que la víctima, a quien ya se buscaba a través de patrullajes y los arcos lectores de placas, se llamaba Cecilia Monserrat A.P, a quien identificaron inicialmente como litigante.
Arnoldo, hermano de la víctima, se presentó a la Fiscalía General del Estado alrededor de las 2:50 p.m. para denunciar el secuestro de Cecilia; explicó que comparecía a pesar de no haber recibido petición de rescate, porque sabía que el esposo de la plagiada que vive en Estado Unidos, sí había recibido telefonemas, aunque desconocía el contenido de los mensajes y el número del que le habían marcado.
Mientras estaba en las instalaciones de la FGE, el denunciante recibió una llamada de otra hermana informándole que Monserrat había sido liberada [fue localizada aproximadamente a las 2:30 p.m.] “y una patrulla de la policía municipal la llevaría a las instalaciones del ministerio público de Zona Rio”.
La víctima, que es ciudadana México-americana, es comerciante exportador; presentaba huella de golpes, y en primera instancia se negó a declarar, y aseguró no poder reconocer a sus plagiarios.
De acuerdo a los reportes de inteligencia de las mesas de Coordinación por la Paz y Seguridad, los captores le reclamaron una deuda de 600 mil dólares por un cargamento.
Sin embargo, la única deuda reconocida por la mujer, es con un productor de Guadalajara, por 200 mil pesos por un cargamento de aguacate, que efectivamente le habían vendido diciéndole que era michoacano, pero como no era de ese estado, y no fue lo que pidió, no lo exportó a Estados Unidos, por lo que ofreció regresarlo pagando el flete; pero el vendedor no aceptó y estaba trabajando para resolverlo por la vía legal.
Cuando los criminales armados se dieron cuenta que no se trataba de droga ni de cientos de dólares, la liberaron sobre la vía rápida, y la victima caminó entre 10 y 15 minutos hasta llegar a la central dé abastos, donde fue interceptada por elementos de la Policía Municipal.
Fallaron arco detector de metales y guardias
Abogados que acuden con regularidad a los Juzgados Civiles y Familiares, ubicados sobre la Vía Rápida Poniente, señalaron que los delincuentes pudieron plagiar a una mujer la tarde del 3 de noviembre, porque no hay ninguna medida de seguridad en el inmueble.
ZETA realizó un recorrido por el recinto de justicia el 4 de noviembre y los litigantes, al igual que usuarios, coincidieron que no se sienten seguros tras la privación de la libertad de un día anterior.
“Ellos -los plagiarios- pudieron caminar por el estacionamiento (entrando por la calle 16 de septiembre), se fueron a la entrada, pasaron como si nada; nunca se activaron los arcos que detectan si una persona trae armas. Luego la sacaron a la fuerza, la jalonearon, esto ante la mirada de muchas personas que grabaron los hechos y lo empezaron a compartir [en redes sociales]; después la subieron a una camioneta, con todo el tiempo del mundo”, dijo Juan Carlos Gómez, abogado.
Otro de los litigantes entrevistados, señaló que a pesar de que hay casetas de seguridad, cámaras visibles, arcos electrónicos, nada sirve porque no hay agentes armados; solamente hay unas personas de una empresa seguridad privada.
“Nos dimos cuenta que nada sirvió, nada; ni las cámaras, porque la Policía tardó, ni los guardias, porque quién sabe en dónde se metieron. Gracias a Dios la mujer apareció, pero esto es un mensaje claro que las cosas deben de cambiar”.
“Además, aquí de repente ves un guardia o dos y de lo que se encargan es ayudar a estacionarse a la gente, esperando ver si les dan una propina”, mencionó Pendro González, abogado.
Algunos de los comerciantes que atestiguaron de frente los hechos, quienes prefirieron no dar sus nombres, señalaron que inmediatamente marcaron al 911, pero temieron intervenir por su propia seguridad.
“De repente ve uno que hay pleitos, golpes, y la autoridad nada, pero ayer [3 de noviembre] creo que estuvo bien pesado, porque como que no sabíamos qué estaba pasando; por lo menos yo tardé en entender que era un secuestro. Uno dice ‘¿pero cómo se van atrever a levantar a una persona así, aquí?’. No me lo creía y luego dices ‘¿Qué hago?, ¿si me meto y me matan?’”, explicó comerciante.
En el Poder Judicial de Baja California solo emitieron un boletín dirigido a la comunidad jurídica, que dice: “ante los lamentables hechos registrados en los Juzgados Civiles de la Ciudad de Tijuana, reprobamos esta situación, no existe antecedente de un hecho similar. La investigación está a cargo de las autoridades competentes, por lo que nos encontramos en constante comunicación y coordinación con ellos”.
Abogados exigen seguridad en juzgados
En conferencia de prensa el 4 de noviembre en el restaurante La Diferencia en Tijuana, abogados exigieron al Poder Judicial de Baja California (PJBC) que se mejore la seguridad en los Juzgados Civiles y Familiares, para que no se repita un hecho como el plagio sucedido el miércoles 3.
Así lo reclamaron Hassan Franco Ruiz, presidente del Colegio de Abogados de Tijuana, y Catalina Salas Bravo, presidenta de la Federación Estatal de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados de Baja California (FEDABO).
Franco Ruiz declaró que el riesgo de ser víctima de algún delito es muy alto para cualquier persona, pues en ese recinto se manejan casos muy delicados y no hay seguridad. Por lo que exigen se instale la misma seguridad que en Juzgados Penales o Federales, donde hay personal armado que controla accesos; de igual manera que se arreglen los arcos detectores de metal.
“La vulnerabilidad del estado de Derecho es la pérdida de la confianza de la ciudadanía de acudir a un recinto, a que se le imparta justicia, eso es lo que impacta. Ya habían asaltado, hay amenazas de bomba, incluso hubo un pleito en los Juzgados Familiares no hace mucho” recordó.
“Entraron (los plagiarios) de adentro del Poder Judicial, o sea, se pasaron el filtro”, dijo Hassan del operativo criminal del día previo. Agregó: “…creemos en la Fiscalía (FGE), creemos en el nuevo gobierno, porque la gobernadora era abogada, trabajó en el Poder Judicial, no es indiferente a la situación que pasó aquí”.
La licenciada Catalina Salas Bravo, indicó que en los Juzgados Civiles y Familiares se manejan casos que provocan “apasionamientos”.
“Ahora los asuntos en materia familiar pues generan también muchos apasionamientos, estamos hablando de tutelas, también de dinero, de pensiones alimenticias, de gente que no se quiere divorciar, la otra parte que se quiere divorciar. Hay mucho apasionamiento”, señaló la presidenta de la FEDABO.
Informó que entregarán un oficio al PJBC para que resuelva el tema de la inseguridad en los juzgados, “que tomen las medidas lo más pronto posible, pero sí que lleve un término, porque como comentamos, sí hay vulnerabilidad en los juzgados, siempre la ha habido y aún en condiciones de seguridad normal donde hay policías”.
“El licenciado René Ortiz Quiñones fue presidente del Colegio de Abogados Constitucionalistas; a una cuadra de ahí -Juzgados Civiles y Familiares- fue asesinado y a la fecha no hemos tenido ningún resultado”, declaró Salas Bravo.
