Segunda causa penal en la que el ex director de Pemex recibe prisión preventiva justificada. La semana anterior se quedó preso tras comparecer por el presunto soborno de la empresa Odebrecht
En tan solo una semana, Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) se topó con lo que durante 15 meses había esquivado, la medida cautelar de prisión preventiva justificada en los dos casos por los que es imputado en el Centro de Justicia Federal enclavado en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.
Luego de una audiencia que no fue tan prolongada en tiempo como las anteriores, de poco más de dos horas, el juez de control Artemio Zúñiga Mendoza resolvió decretar prisión preventiva justificada a petición del Ministerio Público Federal por el caso Agronitrogenados.
La defensa de Emilio Ricardo Lozoya pretendía que su cliente gozara de libertad en ese proceso penal, y también había solicitado que se revocara la misma medida cautelar en el caso Odebrecht; sin embargo en ambos asuntos el juzgador se mostró implacable ante la necesidad de prevenir el riesgo de que el imputado no se evada de la justicia.
El juez Zúñiga desestimó la petición de los abogados del ex director de Pemex al señalar que era incompatible decretar la libertad y que no podía dejar en el “limbo” y sin ninguna medida cautelar para un “debido control procesal”.
El impartidor de justicia retomó los argumentos de la Fiscalía General de la República (FGR) respecto a la medida solicitada para que Lozoya permanezca dentro del reclusorio, que considera que efectivamente existe el riesgo de fuga del procesado que cuenta con los medios económicos y las amistades para hacerlo.
Durante la mañana, Miguel Ontiveros Alonso, abogado de Emilio Lozoya anunció la pretensión de llegar a un acuerdo reparatorio garantizando la reparación del daño por la cantidad de 3.4 millones de dólares, monto del presunto soborno recibido para autorizar la compraventa de la planta de Agronitrogenados a Altos Hornos de México.
Ese monto fue utilizado por Emilio Ricardo Lozoya para la compra de una residencia en Lomas de Bezares, en la Ciudad de México, según la acusación del Ministerio Público Federal, formulada en julio de 2020. La reparación del daño se pretendía realizar con un inmueble que amparara dicha cantidad.
