Dos años de omisiones y abuso de autoridad podrían generar denuncias penales contra el aún gobernador, alcaldes y el secretario de Salud, Alonso Pérez Rico. Al “borrón y cuenta nueva” del mandatario, le darán para atrás, dice líder magisterial, mientras burócratas de Mexicali se han amparado contra la cancelación del cobro de recargos a los ayuntamientos de Ensenada y Tecate, porque les afectará
Como una moneda de cambio para convenios políticos y quebrantado por miles de millones de pesos a causa de omisiones estatales, municipales y decisión unilateral del gobernador Jaime Bonilla Valdez, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (Issstecali) enfrentará un precedente de ilegalidad por decreto.
Así lo consideran líderes sindicales de burocracia, magisterio y trabajadores jubilados que, entrevistados por ZETA, condenaron la utilización del Instituto para fines que benefician a unos cuantos y afectan a más de 140 mil derechohabientes.
El 7 de octubre, el gobernador del Estado emitió un decreto sin justificación legal, mediante el cual solicitó a la Junta Directiva del Issstecali, “de manera inmediata” sesionar y condonar el 99.99 por ciento de recargos de una deuda histórica -que no incobrable- a los ayuntamientos de Ensenada y Tecate, gobernados por sus alcaldes aliados: Armando Ayala y Darío Benítez.
Según cifras proporcionadas por integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto, se trata de 2 mil millones 940 mil 555 pesos de deuda total por cuotas de Ensenada, de las cuales se habrían condonado mil 600 millones de recargos; en Tecate la deuda asciende a mil millones 747 mil 990 pesos, cuyos recargos son de 748 millones de pesos. Sin embargo, la deuda se amplía por aquellos organismos paramunicipales correspondientes y el esquema de “borrón y cuenta nueva” no ha sido del todo legal ni transparente.
El 14 de octubre, Odylar Moreno, director del Issstecali, minimizó la acción realizada en sesión exprés de manera virtual, bajo el argumento que se condonó dinero inexistente en términos prácticos: “Estos rezagos son producto de recargos, no es dinero que hayan aportado ni los trabajadores ni los patrones, sino dinero que en economía es denominado de papel, casi virtual, por lo que no hay afectación económica”, expresó ante medios de comunicación.
BURÓCRATAS Y MAESTROS AUGURAN AFECTACIONES
“Ningún sistema resiste estos embates, el acuerdo político antes de esto era que todos los organismos en convenio pagaran la cuenta corriente y entregaran abonos de la deuda histórica, aquella en la que se perdió el dinero patronal, pero también lo que descontaron a los trabajadores; eso ya no se cumplió en estos dos años”, explicó el secretario general de los burócratas y miembro de la junta del Isssstecali, Manuel Guerrero Luna.
Según sus cálculos, basados en documentos del Instituto, las cuentas pendientes equivalen a más de 6 mil millones de pesos de omisiones de patrones, gobiernos municipales, gobierno estatal, así como organismos descentralizados.
En ese sentido, “tronó el sistema, pero al final no creo que pase nada, a la condonación se le va a dar marcha atrás; para quitar o mover recargos hay una Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos y estamos obligados a cumplirla, si ahí está establecido cómo quitar recargos y tú lo cambias, estás cometiendo una falta a esa Ley”, comentó el líder sindical y diputado por Morena.
Mientras tanto, los burócratas de Mexicali ya se han amparado en contra de la resolución de la Junta de Gobierno del Issstecali, pues prevén una afectación al patrimonio y servicios de salud de la paraestatal, en caso de que proceda “perdonarle” la deuda millonaria a los municipios de Tecate y Ensenada.
MAESTROS JUBILADOS SIGUEN ESPERANDO “RESCATE”
Por su parte, jubilados del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) se manifestaron en la más reciente visita del Presidente Andrés Manuel López Obrador para reclamar que en el gobierno de Jaime Bonilla se utilizó al Issstecali como una especie de “caja chica”, pues al inicio de su mandato se tomaron las reservas del Instituto como un préstamo, y al final de la administración, se vuelven a tomar decisiones financieras que golpean a la institución de salud, sin consultarlo con sus derechohabientes.
Así lo expuso la maestra jubilada Guadalupe Sánchez, quien en agosto realizó una huelga de hambre a las afueras del edificio de Gobierno del Estado en Mexicali, para presionar al jefe del Ejecutivo a cumplir con sus promesas de campaña.
“Bonilla Valdez ha sido el más omiso, les ha mentido a los maestros, nos ha tenido en espera de manera indigna, esperando por la pensión que por derecho nos corresponde y encima pensó que Issstecali era una alcancía; prometió un rescate y lo que pasó fue todo lo contrario”, reclamó.
GOBERNADOR, PÉREZ RICO Y ALCALDES DE ENSENADA Y TECATE COMETIERON DELITOS
Por los delitos de administración fraudulenta y abuso de autoridad, podrían ser llevados a juicio el gobernador Jaime Bonilla Valdez; el secretario de Salud, Alonso Pérez Rico; así como los alcaldes de Ensenada y Tecate, Armando Ayala y Darío Benítez.
Así lo considera la ex diputada y ex líder de los burócratas, Victoria Bentley Duarte, quien asegura conocer “las entrañas” del Issstecali, pues durante su paso por la Junta de Gobierno, estudió la deuda histórica y promovió el juicio contra el ex alcalde Francisco Pérez Tejada por el desvío de cuotas para la institución.
“El Issstecali está peor que nunca, cuando recibieron no se debían más de 6 mil millones de pesos de omisiones de los patrones, llámese ayuntamientos, el propio Gobierno del Estado y las descentralizadas. En 2017, cuando dejamos la Junta Directiva, el pasivo era de 2 mil millones, ahorita supera los más de 10 mil millones de pesos y hemos visto cómo los ayuntamientos de Ensenada, Tecate, Tijuana, siguen sin pagar y el propio gobernador dejó de pagar las cuotas; tampoco el Instituto está cumpliendo la Ley, porque dejaron de embargar y de cobrar a sus morosos”, explicó.
Bentley hizo énfasis en que Jaime Bonilla no actuó conforme a la Ley, pues únicamente ordenó condonar la deuda de dos municipios, además de ser incongruente con sus políticas de cobranza, aplicadas en las comisiones de agua.
“Es un acto completamente arbitrario, no puede haber un decreto para dos municipios, los decretos fiscales son claramente para todos y no se puede hacer una exclusión así, de beneficio sólo para dos. Este decreto que envía el gobernador y casi ordena a la Junta Directiva, deja un precedente pésimo para los próximos gobiernos que quieran condonar por no pagar en tiempo, cuando él mismo, su leyenda es ‘En Baja California, todos pagan’”, exclamó Victoria Bentley en entrevista para ZETA.
En el caso de Alonso Pérez Rico, la ex candidata a la gubernatura refirió que -sin consultarlo- dio la orden de que durante la pandemia de COVID-19, el Issstecali atendiera a personas que no estaban en el padrón de derechohabientes, situación que vulneró los servicios médicos para los trabajadores que pagan cuotas.
“En un acto de ilegalidad, de negligencia, porque no podía controlar sus hospitales ni hacer un plan efectivo contra COVID, Pérez Rico dio esa orden arbitraria que afectó directamente la salud de muchas personas, en esos meses de pandemia”, comentó.
Junto a un grupo de 500 jubilados, donde se han promovido amparos contra el desabasto de medicamentos oncológicos, de diabetes y otros de alto costo, se analizaría emprender acciones legales contra el secretario de Salud.
Bentley concluyó que es válido promover el juicio político contra Jaime Bonilla y los alcaldes de Ensenada y Tecate por la condonación de los recargos de la deuda de los municipios, al incurrir en delitos en perjuicio del patrimonio de una institución de salud, poniendo en riesgo el servicio para miles de familias.
