Como una moneda de cambio para convenios políticos y quebrantado por miles de millones de pesos a causa de omisiones estatales, municipales y decisión unilateral del gobernador Jaime Bonilla Valdez, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (Issstecali) enfrentará un precedente de ilegalidad por decreto.
