Mientras miembros de Morena defienden la propuesta para recuperar la soberanía del manejo y distribución de la energía, activistas y sector empresarial temen ante lo que consideran un monopolio gubernamental que se construye para la CFE, a costa de avances logrados en el uso de fuentes renovables
El 30 de septiembre, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó la iniciativa de reforma eléctrica de su gobierno. La restructuración que propone el mandatario despertó un bloque de oposición y señalamientos por parte del sector empresarial y sociedad civil, con el que afirma que la renovación del sector atenta contra el avance de la implementación de fuentes renovables.
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Ahora que se adelantará la discusión de la reforma energética de López Obrador para diciembre de este año, Juan Carlos Díaz León, activista integrante del movimiento Fridays for Future, expuso que Baja California Sur se encuentra en condiciones contrarias a las del resto del país, ya que el 95% de la electricidad se produce con base en combustible fósil y solamente el 5% con energía renovable y limpia.
La propuesta de reforma de AMLO se convierte en un polo opuesto a las leyes implementadas por el ex mandatario Enrique Peña Nieto, donde todo pasará a ser parte del ámbito público; sin embargo, anticipa que el beneficio será para las y los burócratas y para quienes están en el poder.
“Lo que pretende el Gobierno Federal es rescatar a Pemex, y que Pemex le siga suministrando combustibles fósiles a CFE y que la electricidad se siga produciendo a través de combustibles fósiles, pues, el panorama que tenemos aquí en el Estado y que podría escalar al resto del país”, mencionó.
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Las empresas extranjeras aprovecharon las ventanas de oportunidad y fueron las beneficiadas con los cambios aplicados durante el mandato de Peña Nieto, ahora que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se perfila para ser de nuevo un organismo estatal soberano. El activista recalca que la empresa opera con impunidad y sin transparencia.
“Más fuerza y más poder al organismo que no rinde cuentas y no tiene interés genuino en promover una generación de energía eléctrica, más barata, más accesible, más amigable. Nadie está optando por un término medio”, comentó.
Desde su perspectiva, existe una pelea por la economía y el recurso: si el dinero va a la bolsa de privados o extranjeros de la industria, o para la CFE y a los intereses políticos.
Considera que, por un lado, molesta a los que están en una esfera de privilegios, mientras que la Cuarta Transformación busca más recurso y rescatar a la paraestatal cuando esta no le rinde cuentas a nadie.
“Hay criterios que la 4T trae que me parecen aceptables, pero hay otros que no tanto. Conecto muy bien con la intención romántica de la 4T de que esta reforma beneficie al pueblo y al sector público, y que la CFE tenga mayoría en el sector energético y que eso traiga más ingresos al Estado; se comprende la lógica y al final se hace con la intención de que la gente sea la beneficiada, pero la realidad del gobierno mexicano es completamente diferente”, dijo.
Díaz León subrayó que la reforma de AMLO no será garantía de que mientras más ingresos tenga el Gobierno Federal, habrá más beneficios para el Pueblo. Entretanto, recuerda que los municipios de Baja California Sur han tenido avances en aplicación de energías renovables que podrían truncarse.
QUÉ PROPONE LA REFORMA
Según han expuesto autoridades y el sector empresarial, la iniciativa que AMLO envió al Congreso de Unión contempla la modificación de los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de México.
La secretaria de Energía, Rocío Nahle García, explicó en foros que, de ser aprobada, la CFE se convertirá en un organismo del Estado que concentrará la distribución, administración y generación de la energía eléctrica en el país. Pasará a ser una institución autónoma en el ejercicio de sus funciones, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
Con los cambios del Artículo 25, corresponderá al sector público el manejo de las áreas estratégicas, como minerales radioactivos y estratégicos, como el litio; así como la generación de energía nuclear y la extracción de petróleo.
En el Artículo 28 se establece que la CFE generará mínimo el 54% de la energía, mientras que el sector privado abarcará máximo hasta 46%, con lo que, asegura, el costo de la luz no se incrementará.
REFORMA ABARATARÁ TARIFAS: DIPUTADO
Por su parte, el diputado líder de la fracción de Morena en el Congreso de Baja California Sur, José María Avilés Castro, defendió la iniciativa del Presidente, argumentando que se busca quitar contratos “ventajosos” que se convirtieron en negocio para grupos privilegiados.
“Me parece excelentísima, creo que ha habido una distorsión de aquellos que resultaron beneficiados con la anterior reforma eléctrica. Una de las situaciones que critican es que no va a haber impulso a las energías verdes, no es cierto”, expuso.
Alegó que lo que se pretende ahora es revertir el proceso que se desarrolló a través de la primera reforma de 2013, en el que la CFE se fue diluyendo hasta que desapareció como un órgano público. Enfatizó que las leyes vigentes dan ventaja a la parte privada para ir acaparando activos en la comercialización y generación de energía.
Respecto a los límites de producción, que se establecen en el documento para el sector privado, el legislador sostiene que esto ayudará a recuperar la soberanía y se beneficiará a la población de Baja California Sur y México.
“Vamos a ver realmente los ciudadanos, cuando se concrete esta reforma, un abaratamiento de las tarifas. Ustedes recordarán la promesa cuando se hizo la primera reforma energética, que abarcaba la reforma eléctrica: lo que nos vendieron era que iban a bajar las tarifas, tanto en el combustible como en la energía eléctrica, y no ocurrió de esa forma”, indicó.
El regidor se declaró convencido que, de aprobarse la iniciativa, se recuperará el control, ya que, considera, un gobierno sin soberanía y manejo de la energía se convierte en dependiente de otros factores que terminan doblegando al Estado.
En ese sentido, en sus conferencias, el Presidente de la República observó que hay quienes se oponen a su reforma y les beneficia el marco legal actual. “Lo que fue la llamada reforma energética, que favorece a un puñado de empresas, a los potentados, a los que se sentían dueños de México a costa del sufrimiento de la mayoría de la gente”, señaló.
En sus declaraciones, concluyó que durante los últimos años se tramitó la legislación para ir debilitando a la CFE, quitándole mercado para apoyar a empresas particulares.
Apuntó que las grandes corporaciones pagan “muy poquito” por la luz, mientras que más de 40 millones de hogares y de usuarios en general tienen recibos más altos que aquellos que son dueños de centros comerciales y utilizan la energía por propósitos mercantiles, económicos y financieros.
Advirtió que, si no se hace la reforma a la Constitución, estas empresas terminarán por apoderarse de todo el mercado eléctrico y sucederá lo que en España, donde las tarifas para los usuarios están “por las nubes”.
REFORMA VIOLA TRATADOS INTERNACIONALES: COPARMEX
Gustavo Díaz Tronco, líder de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Baja California Sur, notificó a medios locales que enviaron una carta a los cuatro diputados federales de la entidad con el objetivo de exhortarlos a abrir un parlamento abierto y así discutir con la sociedad civil la iniciativa de AMLO.
Profundizó que la reforma es una violación abierta a los diferentes tratados internacionales que tiene México con otros países, como el T-MEC.
El presidente de la Coparmex recordó que en 2016, México firmó el Acuerdo de París, comprometiéndose a reducir los efectos de gas invernadero en un 35% para 2024. Sin embargo, los planes del mandatario atentan contra esta lucha contra el cambio climático.
Acusó que, con el amparo de estas modificaciones, la CFE obtendrá un monopolio gubernamental, y advierte que con la limitación del sector privado, se desmantelará el mercado eléctrico regulatorio, poniendo en riesgo la competitividad del país.
Según el líder, esto podría inhibir la inversión de empresas privadas que generen energías limpias en Baja California Sur y el resto de México. Además, anticipa que estará en juego la cancelación de contratos por efecto de esta iniciativa, lo cual sería una “grave señal” para los inversionistas extranjeros.
“Lo que podría suceder con la nueva reforma y también se prevé, es que el gobierno inicie a cancelar contratos que tenga con la iniciativa privada y la generación eléctrica. Ahí sí afectaría totalmente a cada uno de los proyectos, y obviamente aquí las empresas tendrían que pedir una indemnización por parte del Gobierno Federal por la cancelación”, adelantó.
Anteriormente, el Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental ha precisado que Baja California Sur tiene los costos de luz más altos en todo el país.
Especialistas de la asociación sostienen que apostar por terminales eléctricas en lugar de fuentes de energía renovables, es uno de los principales factores del encarecimiento.
De acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), en la entidad la tarifa ha llegado hasta 6 pesos la hora/kilowatt.
