Moody´s advierte que la iniciativa que reconstituye a la Comisión Federal de Electricidad como un monopolio “es crediticiamente negativa” para el sector eléctrico mexicano y disuadirá inversiones. “He estado hablando con varios diputados del tricolor, y varios que sí entienden, sí leen y que no tienen cola que les pisen, están diciendo ‘no vamos a ir’”, comentó a ZETA la senadora Xóchitl Gálvez
Si el Congreso de la Unión aprueba la iniciativa propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, “México sufrirá un retroceso” en la generación de electricidad, se incrementarán los costos de la electricidad, se limitarán la participación de los privados y la competencia en el mercado eléctrico y no se cumplirán los compromisos ambientales firmados con instancias internacionales.
Sin embargo, estas advertencias de expertos, calificadoras y sectores productivos del país parecen quedar de lado ante el juego político que por lo pronto tiene dos escenarios: Palacio Nacional y San Lázaro.
La batalla se desató esta semana, cuando el presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, aseguró que la bancada de su partido en San Lázaro votará en bloque la iniciativa presidencial, después de hacer foros y debates para tener una decisión. Lo cual se ha visto como un “coqueteo” con López Obrador, quien ha dicho que el PRI tiene la oportunidad de seguir con la política privatizadora de Carlos Salinas de Gortari o retomar el camino de los presidentes Lázaro Cárdenas y Adolfo López Mateos, quienes defendieron los bienes de la nación.
La postura de “Alito” no la comparten todos sus correligionarios. La senadora Claudia Ruiz Massieu considera que la reforma es “regresiva” y que generará apagones; sin embargo, descartó división al interior del partido tricolor.
En tanto, para el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, uno de los impulsores de la alianza “Va por México” (que conformó un bloque opositor electoral PRI-PAN-PRD para competir con Morena y sus aliados), la iniciativa de AMLO será “una buena prueba de fuego” para la vida de la coalición y su futuro.
En entrevista con ZETA, la senadora Xóchitl Gálvez opinó que Alejandro Moreno está jugando un juego con el gobierno, pero sus estatutos no le permiten votarla a favor. “He estado hablando con varios diputados del tricolor, y varios que sí entienden, sí leen y que no tienen cola que les pisen, están diciendo ‘no vamos a ir’”.
Según la fracción de Morena, la iniciativa podría ser discutida antes del 15 de diciembre. En caso de que llegara a pasar en la Cámara de Diputados, en el Senado “no hay manera” de que la iniciativa obtenga los votos necesarios, afirmó la legisladora horas después que el coordinador blanquiazul en San Lázaro, Jorge Romero, dijera que, de aprobarse la reforma de AMLO, se acaba “Va por México”.
Gálvez retó a Manuel Bartlett “a que sostenga un debate serio, sin ideología, absolutamente técnico, y demuestre que esta iniciativa va a bajar los precios de electricidad, no hay manera. Hoy CFE genera hasta 400% más cara por la electricidad, si no fuera por los privados, CFE perdería muchísimo más dinero”, expuso.
Aun cuando la secretaria de Energía, Rocío Nahle, negó que se van a eliminar los paneles solares de las casas, la iniciativa presidencial dice claramente que se cancelarán todos los contratos con privados y que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es la única que va a poder generar electricidad. “Se ve que ni siquiera la leyeron, la hicieron con las patas”, criticó Xóchitl Gálvez.
EL RETROCESO DE LA CFE
El analista en energía y economía, Ramsés Pech consideró que dotar de más facultades a la CFE y reconstituirla en un monopolio como lo fue antes de la Reforma Energética de 2014 -tal como propone la iniciativa presidencial- es un retroceso que abre paso a la corrupción, toda vez que la empresa dirigida por Manuel Bartlett será quien determinará la tarifa, a qué empresas privadas les otorga el permiso de generación y a quién le comprará la energía que se subirá al Sistema Eléctrico Nacional.
Aunque la iniciativa señala que la intención es “restablecer un sistema eléctrico comprometido con el pueblo que asegure el abastecimiento confiable de energía eléctrica a los más bajos precios”, resulta una falacia si se considera que la mayor parte de la electricidad producida por la CFE tiene costos más elevados que la generada por los privados.
Según el especialista, los altos costos de la CFE se deben a su ineficiencia y a que utiliza combustibles, cuyos precios están sujetos al mercado internacional, por lo que aprobar la iniciativa presidencial generará una mayor presión para las finanzas públicas que tendrán que destinar más recursos a subsidios.
“La pregunta es cuánto le va a costar al gobierno mexicano dar subsidios a la electricidad para que sus tarifas estén por debajo de la inflación y no contribuyan a incrementarla” en un contexto donde la inflación está siendo un asunto complejo para México y el mundo, cuestionó Pech.
Óscar Ocampo, experto en temas energéticos del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), dijo que el costo promedio de generación kilowatt/hora en 2020 fue de mil 413 pesos en la CFE, mientras que el promedio en las energías renovables a través de subastas de largo plazo fue de 401 pesos (una diferencia de 252%).
“De ese tamaño es el boquete que abriría para las finanzas públicas” el apostar por los combustibles fósiles de la CFE. Ese diferencial tendría que pagarse ya sea mediante tarifas más altas o vía subsidios. Para 2022 se contemplan 73 mil millones de pesos, monto que irá incrementándose si se implementa la iniciativa presidencial, aseguró.
Ocampo acusó que la iniciativa “limita la libre competencia” al proponer que la CFE tenga el 54% de la participación del mercado eléctrico en México, y el sector privado el 46%.
La propuesta prevé cancelar todos los permisos de generación eléctrica otorgados y los contratos de compraventa de electricidad con el sector privado, así como las solicitudes pendientes de resolución. Sin embargo, no se establece el modelo contractual que permitiría a los privados participar en el nuevo umbral del 46%.
También propone eliminar a los organismos reguladores autónomos como la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), así como la incorporación del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) a la CFE, convirtiéndola en “juez y parte”, ya que determinará qué plantas serán despachadas al sistema eléctrico, cuando actualmente se da prioridad a la energía de menor costo. Esto “atenta contra el Estado de Derecho, porque de forma retroactiva vulnera los derechos de los inversionistas que ya invirtieron en México”.
En entrevista con ZETA, el analista Ramsés Pech criticó que la iniciativa de AMLO esté mandando el mensaje al extranjero de que “no es seguro invertir en México” y sea un factor que inhibe la inversión privada con el cambio de reglas, en lugar de que el gobierno de la Cuarta Transformación y el Poder Legislativo estén enfocados en la reactivación económica tras la pandemia de COVID-19.
Hace unos días, en declaraciones a El País, el subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, dijo que una “reforma de este tipo es como un incentivo negativo, adverso para motivar la inversión privada”, la cual está “muy deteriorada y tiene perspectivas difíciles”.
En ese sentido, Pech recordó que la inversión privada es necesaria para impulsar el crecimiento económico, por lo que juzgó innecesario estresar al Poder Legislativo con la aprobación de esta iniciativa, y al Poder Judicial con la ola de juicios que traerá consigo su aval cuando la CFE, la CRE, el Cenace y los privados pueden sentarse a resolver los contratos legados que datan de 1998 y los contratos de auto abasto que están generando el conflicto.
El 6 de octubre, la agencia calificadora Moody´s advirtió que la propuesta de AMLO “es crediticiamente negativa para el sector eléctrico mexicano, porque disminuirá su transparencia operativa, disuadirá la inversión privada en generación, desincentivaría la generación renovable y probablemente aumentaría el costo general de la electricidad”, recordando que esta es el tercer intento de la 4T para cambiar la forma del mercado, luego que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarara inconstitucional las disposiciones emitidas anteriormente.
Aunque es menos probable que se apruebe, al requerir las dos terceras partes de los votos en la Cámara de Diputados y en el Senado necesita la mayoría simple de los 32 congresos locales, “si se aprueba, la propuesta desencadenaría disputas legales internacionales, afectaría la competitividad de la inversión extranjera”.
LO QUE DICE LA INICIATIVA
El 1 de octubre, el Presidente López Obrador envió a la Cámara de Diputados la iniciativa para modificar los artículos 25, 27 y 28 constitucionales.
Además de los cambios antes expuestos, la iniciativa pretende eliminar el concepto de “empresas productivas del Estado” y los criterios para su regulación. En el Artículo 27 se plantea incorporar al litio y demás minerales estratégicos para la Transición Energética, los cuales no podrán ser concesionados. Las concesiones mineras que ya está explorando y/o explotando oro, plata, cobre y otros minerales “se conservan en los términos en que fueron otorgadas. Sin embargo, estas concesiones no amparan la explotación y producción de litio”.
Los cambios al Artículo 28 Constitucional pretenden establecer que “no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en áreas estratégicas”. Ello, pese a que de facto la CFE regresaría ser un monopolio, como han advertido los especialistas.
En las modificaciones a dicho artículo plantea integrar en un solo organismo a la subsidiaria CFE Telecomunicaciones y las filiales de CFE (CFE Energía, CFE Internacional, CFE Capital) cancelando su separación legal, misma que ha permitido la competencia en el mercado eléctrico.
Asimismo, determina que una vez aprobada la iniciativa por el Congreso de la Unión, el decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial de la Federación. El mismo día, la CFE se hará cargo del Sistema Eléctrico Nacional, ya que el Cenace será incorporado a esta y quedarán cancelados los permisos de generación eléctrica otorgados y los contratos de compraventa de electricidad con el sector privado, así como las solicitudes pendientes de resolución.
86 MIL EMPLEOS EN RIESGO
En un comunicado conjunto, la Asociación Mexicana de Energía Eólica y la Asociación Mexicana de Energía Solar, señalaron que aprobar la iniciativa presidencial significaría “desmantelar” la industria de la energía renovable en el país, la cual consiste en 300 proyectos eólicos y solares que suman una capacidad total de más de 12.9 gigawatts, representan 19 mil millones de dólares de inversión directa, nacional y extranjera y dan empleo a 86 mil trabajadores en el país.
De aprobarse la iniciativa, México “violaría flagrantemente” el Acuerdo de París, así como las metas obligatorias de energía limpia en la legislación nacional.
Consideraron que la iniciativa de AMLO “tiene efectos retroactivos y expropiatorios” al relegar o incluso excluir a los actores privados que han invertido en el desarrollo y sustentabilidad del país, y “lo más grave”, que elevará el costo de la electricidad, afectando al consumidor final.
PREOCUPA A SECTOR EMPRESARIAL DE BC
Francisco Rubio, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Tijuana, reconoció que la iniciativa presidencial preocupa al sector, debido a que Baja California es el único Estado que no está interconectado al sistema eléctrico que repercute en un déficit de 600 MW y, “por más peticiones que se han hecho para la interconexión, dicen que no hay dinero”.
Subrayó que BC, particularmente Mexicali, tiene potencial para atraer inversión para plantas solares, “quisiéramos que se viera más hacia ese lado”, pero esta propuesta del Presidente va en contra, pese a que en ningún país se espera que el gobierno lo haga todo.
“La CFE no tiene infraestructura, dinero, ni personal para hacerlo todo. Quisiera entender la voluntad del Presidente de fortalecerla, pero ni siquiera vemos un equilibrio en el manejo del presupuesto, donde todo se va a gasto social y se dejan de lado temas tan importantes como la inversión en infraestructura”, comentó Rubio.
Por otra parte, la Confederación de Cámaras Industriales alertó que “un incremento obligado y no justificado en un insumo básico sería muy grave para la viabilidad de un sinnúmero de actividades productivas, que representan empleos”.
Mientras que, en un mensaje difundido en redes sociales, Gustavo de Hoyos Walther, integrante de la asociación Sí por México, llamó a los legisladores de todos los partidos -independientemente de su condición ideológica- a rechazar con razones y sus votos la iniciativa, “cuya lógica expropiatoria resulta dañina para el país”.
A la par del CCE, organismos como la Confederación Patronal de la República Mexicana y el Instituto Mexicano de Ejecutivo de las Finanzas expresaron su rechazo a la propuesta.
AMLO SIGUE DEFENDIENDO PROPUESTA
Tras presentar su iniciativa, Andrés Manuel López Obrador defendió en sus conferencias matutinas de esta semana la iniciativa enviada al Poder Legislativo. El lunes 4 de octubre, aseguró que exhibirán a los legisladores que voten en contra, ya que demostrarán que “son empleados de grupos económicos” y los mexicanos tienen que enterarse.
“Si se decide apoyar a la CFE, que es una empresa pública, vamos a tener la garantía de no aumentar las tarifas, de que no va a haber apagones”, aseveró el titular del Poder Ejecutivo federal, rechazando que la iniciativa implique una nacionalización o una expropiación.
A propósito de una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, según sus siglas en inglés), denominada Pandora Papers y que reveló que la pareja sentimental del director de CFE, Julia Abdala Lemus, junto con otros personajes ligados a la 4T, transfirieron recursos millonarios a paraísos fiscales evadiendo a las autoridades, el Presidente de México cuestionó que los medios hayan destacado a estos de los 3 mil mexicanos que aparecen en la investigación.
