Desde su instalación en 2008, la planta regasificadora se ha visto envuelta en un sinnúmero de litigios con particulares y hasta una clausura por las autoridades locales. Tras un juicio agrario, quedó nulo el trámite de compraventa firmado por el representante legal de Energía Costa Azul, filial de la transnacional, quien recobró la propiedad
El Tribunal Nacional Agrario declaró nulo el título de propiedad de una fracción del gran terreno que la compañía regasificadora de gas natural licuado Energía Costa Azul (ECA), filial de la transnacional Sempra Energy, explota en el municipio de Ensenada.
Desde su inicio de operaciones en 2008, la empresa procesadora de gas natural ha estado en medio de litigios por parte de los distintos propietarios de los predios donde se instaló, Organizaciones civiles han alegado daño ambiental y riesgo de contaminación, así como vecinos consideran a la transnacional como un riesgo de catástrofe.
Elías Flores Gallegos, abogado que ganó el litigio, informó a ZETA que en la sentencia más reciente se devuelve la propiedad a Jorge Octavio Chávez García, quien es albacea de la sucesión a bienes de su madre, María del Refugio García Sánchez, quien ya falleció y aparece como legítima propietaria de tres predios dentro de la zona de Costa Azul.
Uno de ellos, el lote 28, en la parte sur del polígono donde opera uno de los dos tanques de licuefacción, tendrá que ser devuelto a la familia y, al dejar sin efecto los permisos municipales, se desencadenará la nulidad de las otras autorizaciones estatales y federales.
“Ya no es propiedad de dicha empresa, por devenir de actos nulos declarados judicialmente, por lo que deberán revocarse todos aquellos trámites que se han efectuado con la documentación declarada nula”, señala el recurso de revocación recibido y sellado el 25 de agosto de 2021 por la Dirección de Desarrollo Urbano Ecología y Medio Ambiente del gobierno municipal.
Las instalaciones de ECA se ubican en el corredor costero Ensenada-Tijuana, sobre la Carretera Escénica, en el Kilómetro 77.5 y a menos de 5 kilómetros del complejo habitacional Bajamar.
Cuando el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, visitó a su entonces homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, anunciando una inversión superior a los mil 900 millones de dólares, dos meses después la compañía confirmó la inversión para crecer sus procesos.
Para corroborar el resultado de la sentencia, se buscó la versión de los directivos de ECA, quienes respondieron a este Semanario que no pueden emitir ninguna declaración al respecto porque se encuentran en medio de un litigio.
“Una vez que lo resolvamos, estaremos en condiciones de ofrecer nuestra versión”, argumentó uno de los voceros.
Por su parte, el Jurídico del Ayuntamiento y la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, se limitaron a aclarar que sí recibieron la notificación para la revocación de los permisos, sin embargo, aún no han contestado solicitud al tribunal.
En tanto, Alejandro Ruiz Uribe, delegado único federal, aseguró no haber recibido esa información de manera oficial y estar al tanto de la sentencia, luego de tener comunicación con el abogado que ganó el caso.
Recordó que se trata de un viejo litigio y que es un asunto a resolverse entre privados.
LA ORDEN DE REVOCACIÓN
El 25 de agosto del año en curso, Héctor Villalobos Buelna, director de Administración Urbana, Ecología y Medio Ambiente del Ayuntamiento, firmó de recibido el trámite para promover el recurso de revocación de diversos permisos de uso de suelo, licencias y demás otorgados.
Recientemente Villalobos Buelna fue removido del cargo y reemplazado por Óscar Quiñonez Uribe, quien se hará cargo del proceso.
De acuerdo con los antecedentes, el 21 de diciembre de 1962 se expidió el título de propiedad número 380, en favor de la autora de la sucesión, María del Refugio García Sánchez.
La notificación entregada al gobierno municipal indica que el lote en mención es el rústico número 28, con superficie de 08-93-79 hectáreas, ubicado en la colonia Agrícola y Ganadera “Costa Azul”.
La autoridad administrativa denominada Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) inició un procedimiento de aprobación de derechos agrarios en contra de María del Refugio, el cual surgió con una orden de inspección el 16 de mayo de 2008, que a la vez derivó en la cancelación del título de propiedad, basados en la Ley de Reforma Agraria abrogada años antes.
El predio fue cedido a Marco Antonio Bareño Arvizu, y por ese medio, ECA compró dicho terreno, en el que edificó uno de los tanques de licuefacción.
Posteriormente, se solicitó la nulidad del procedimiento de privación de Derechos Agrarios, y en 2017 un juez lo determinó improcedente. La determinación fue impugnada por los abogados de la familia Chávez y el expediente se remitió al Tribunal Superior Agrario con sede en Ciudad de México. Instancia que hace unos días revocó la sentencia del Tribunal Unitario.
El 11 de mayo de 2021, el Tribunal Agrario del Distrito 6 en Ensenada emitió una sentencia definitiva. Como consecuencia se declaran insubsistentes todos y cada uno de los actos posteriores al procedimiento de privatización de derechos, ordenando la cancelación del título de propiedad número 77535 expedido a favor de Bareño Arvizu.
También, llevar a cabo el proceso de cancelación de título ante la autoridad agraria y cancelar la inscripción del contrato de compraventa de 2013 entre ECA y Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo).
ECA INVIERTE MILLONES EN GOBIERNO DE AYALA
Esta resolución se da en medio de una polémica por el crecimiento de las operaciones de la planta procesadora de gas natural y una donación millonaria al XXIII Ayuntamiento de Ensenada.
La tarde del 12 de octubre de 2020, el presidente municipal organizó un evento protocolario denominado Firma del Acuerdo por la Reactivación Económica y la Participación Ciudadana, que resultó ser el primer aviso de que ECA ampliará sus instalaciones con una inversión de 46 mil millones de pesos, de los cuales 430 millones eran para 24 obras públicas para Ensenada.
Como condición para que el gobierno de Ayala pudiera recibir esa cantidad de donaciones, la Secretaría de Energía exigió -bajo oficio SENER/100/2020/348- una consulta “directa a la población”.
En menos de seis días, el 18 de octubre del mismo año, el Ayuntamiento de Ensenada se dedicó a rentar carpas, mesas, boletas, baños portátiles, lápices, módulos para votar, hojas de registro, casillas, equipo para tomar la temperatura y gel antibacterial; marcadores, alimentos y asignación de cinco personas por casilla, la mayoría servidores públicos de su gobierno.
En la encuesta, la primera pregunta a palomear estaba la parte superior y decía:
“Sí estoy de acuerdo en que la empresa Energía Costa Azul realice la ampliación de sus instalaciones y actividades en Ensenada y destine parte de sus ingresos para proyectos en beneficio de la comunidad”.
Al final de la hoja, planteaba la misma afirmación, pero de manera impositiva, es decir, palomear un “No estoy de acuerdo”.
El proceso de conteo no fue transparente y se realizó en privado en uno de los salones del Centro Cultural Riviera del Pacífico, mientras un centenar de manifestantes pedían ingresar al recinto para ser observadores.
Un día después, el alcalde dio los resultados: 12 mil 174 personas que votaron por el “No” y 19 mil 930 por el “Sí” al proyecto Sempra. En total se colocaron 58 en cuatro sectores de la ciudad, incluyendo los poblados La Misión y San Quintín.
Los proyectos que eligió el alcalde, algunos de estos anunciados semanas antes en su Informe de Gobierno, comprenden la canalización del Arroyo Ensenada, rehabilitación de Avenida Juárez, paso a desnivel de Avenida Reforma y Delante, semaforización inteligente y construcción de puente vehicular en Calle Ámbar y Avenida Reforma.
Además del Observatorio de Seguridad y Prevención -torres de seguridad en puntos estratégicos-, modernización y equipamiento de Centro de Seguridad y Vigilancia COP; rehabilitación de estaciones y subestaciones de Policía; Estación Integral de Protección Ciudadana en Valle de Guadalupe; Estación de Policía Turística Zona Centro, Estación Integral de Protección Ciudadana La Misión e incorporación de 50 unidades para la Dirección de Seguridad Pública Municipal.
De igual forma, se contempla la construcción de Ciclovía El- Sauzal-Ensenada; rehabilitación de los parques Braulio Maldonado en San Quintín, El Zorrillo y Chapultepec, así como el de la Obrera; y rehabilitación de campos de beisbol en San Quintín, Camalú y El Rosario.
Por último, destaca la construcción de una cancha de futbol rápido en Punta Colonet, rehabilitación del Parque Cañón de Doña Petra, rehabilitación de velatorios en Maneadero y de la Unidad Canina y Felina.
RESIDENTES DE BAJAMAR, EL OTRO CONFLICTO LEGAL
El complejo residencial más cercano a ECA es Bajamar, y desde 2003, los habitantes de 620 predios se han organizado para interponer diversos recursos legales en contra de la transnacional, alegando desde daño ecológico y riesgo humano, hasta despojo de tierras.
Fue en abril de 2008 cuando la regasificadora inició operaciones. En 2020, el Segundo Tribunal Colegiado con sede en Mexicali ordenó la suspensión para no autorizar el permiso final de las obras del proyecto de licuefacción de ECA, subsidiaria de Sempra Energy, sin antes resolverse el amparo 603/2018-III.
“Los vecinos del complejo habitacional han reclamado que no les han dado derecho a ser oídos en el procedimiento, donde pueden ser afectados en caso de un evento catastrófico”, indica el expedient
