Cientos de féminas se manifestaron de forma presencial, respaldadas por miles que mostraron su apoyo a través de redes sociales, para exigir que la despenalización sea una realidad ahora que Morena y PT tienen mayoría en el Congreso del Estado. Advierten que el abandono de las instituciones se agrava ante una escalada de violencia que afecta directamente a sus derechos reproductivos
La marea verde sumergió a Baja California Sur en el Día de Acción Global por el Aborto Libre y Seguro. La ola de pañuelos verdes se elevó entre las protestas que realizaron las colectivas feministas en diversas ciudades de Baja California Sur, con marchas y colocación de símbolos en espacios públicos el 28 de septiembre.
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Antes de que salieran los primeros rayos del sol, los principales monumentos de La Paz y los puentes peatonales de Cabo San Lucas fueron vestidos con la prenda característica de la lucha feminista, con letreros como “El aborto no es delito”.
Aunque BCS continúa en un descenso de casos de COVID-19, miles de mujeres se quedaron en casa y prepararon sus redes sociales para acompañar en la distancia a las activistas que encabezaron las marchas que se realizaron en La Paz, Cabo San Lucas y San José del Cabo.
La lucha por los derechos sexuales y reproductivos no ha terminado, mencionaron las manifestantes mientras preparaban cantos de protesta para evidenciar la violencia que ejercen sobre ellas los tres niveles de gobierno, la Iglesia y el sector empresarial.
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La consigna del 28S fue clara: exigir la liberación de mujeres que han sido encarceladas por interrumpir su embarazo en Baja California Sur y en México.
Al Gobierno del Estado que ahora encabeza Víctor Castro Cosío, y a la población de la entidad en general, demandaron que se termine la persecución de aquellas que deciden sobre su cuerpo.
De igual forma, en las explanadas de los puntos donde se alzaron los puños con pañuelos verdes, exigieron al Congreso del Estado trabajar en la reforma al Código Penal y Código de Procedimientos Penales para eliminar la tipificación del aborto como delito.
Otro pendiente del Poder Legislativo es la modificación de la Ley General de Salud del Estado para eliminar los obstáculos para el acceso al término de la gestación en un ambiente seguro, que reduzca la mortalidad y los riesgos que conllevan estos procedimientos que hoy se llevan a cabo en la clandestinidad. Presión para que las autoridades de justicia vigilen y persigan con perspectiva de género, para que los responsables de violaciones y embarazos precoces reciban la sanción que les corresponde. Y también, solicitaron castigos para quienes usen sus cargos públicos para imponer creencias religiosas personales y el Estado laico prevalezca.
Las mujeres no olvidan la gran deuda del Congreso local. En junio del año en curso, la XV Legislatura discutió la iniciativa para despenalizar el aborto en la entidad hasta la semana número 12 de gestación, sin embargo, la reforma fue rechazada con ocho votos a favor, seis en contra y dos abstenciones. Además, cinco diputados de la Cuarta Transformación abandonaron el recinto antes de la votación.
Manifiestan que cientos de miles de mujeres sudcalifornianas quedaron abandonadas una vez más por sus instituciones, y ahora siguen obligadas a practicarse abortos en condiciones inseguras, con riesgos de muerte.
Baja California Sur pudo ser la cuarta entidad en despenalizar el aborto, y al final no sucedió. Hoy exigen que esto sea una realidad, mientras tanto, colectivas como Tú Decides BCS y Las Calafias, ofrecen acompañamiento y educación sobre la interrupción del embarazo.
AUTORIDADES PERSIGUEN A 18 MUJERES POR ABORTAR
Para las feministas, las cifras de delitos a los que las autoridades dedican esfuerzo y recurso en perseguir son una prueba de la falta de perspectiva de género que hay en las instituciones encargadas de administrar y procurar justicia.
Denotan un claro contexto de seguimiento y acoso a las mujeres que deciden abortar, que no se da con la misma insistencia en contra de quienes incurren en delitos de violencia de género en cualquiera de sus modalidades.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), con corte hasta agosto de 2021, publica que en BCS se iniciaron 18 carpetas de investigación por interrupción de embarazo: ocho en 2021 y diez en 2020.
La violencia en contra de la mujer se ha disparado desde el inicio de la pandemia y, según asociaciones como Observatorio Nacional Ciudadano, las denuncias han ido en escalada.
Las activistas recalcan que las mujeres que deciden abortar se encuentran en un escenario hostil, de incertidumbre económica y de vida. La violencia recrudeció para ellas, afectando directamente su sexualidad, reproducción y autonomía.
Daniel de la Rosa Anaya, titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), respondió a las manifestaciones. Señaló que las carpetas que mencionan las feministas están en fase de investigación porque en el plan de persecución penal o en la política se han priorizado otro tipo de delitos. Aseguró que, en lo que corresponde a este año, no se ha encarcelado a mujeres por abortar.
“En este caso particular de este tipo penal, están en etapa de investigación inicial. Se han aperturado prácticamente en los últimos meses de marzo a la fecha”, dijo.
Sobre el cambio que habrá en la PGJE respecto al tratamiento de estos casos, luego que a principios de septiembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinara inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta, el funcionario explicó que el Congreso local debe bajar al terreno de las leyes estatales las resoluciones para que entren en vigor la reforma.
“Lo que hay que ver bien son los alcances jurídicos que se están estableciendo con esa resolución, con todo ello se tendría que legislar. Quien tiene la última palabra aquí, es el Poder Legislativo del Estado, porque es el poder del Estado competente para hacer esas adecuaciones a nuestro Código Penal. Como instancia de procuración de justicia, estamos obligados a cumplir con lo que establece la Ley, y en estos momentos es lo que está como Ley vigente en nuestro Estado. Si hay un cambio, lo estaremos cumpliendo tal y como lo marque el Poder Legislativo estatal o la iniciativa correspondiente que puede proceder del titular del Poder Ejecutivo”, declaró De la Rosa Anaya.
ESCALADA DE VIOLENCIA
De acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y agosto de 2021 se han interpuesto 518 denuncias por delitos contra la libertad y seguridad sexual en Baja California Sur. Anteriormente, autoridades de la PGJE explicaron que niñas, niños, mujeres adolescentes y adultas, son las principales víctimas de este tipo de ilícitos.
Las colectivas feministas agregaron que, durante la pandemia, los módulos del Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4) recibieron 3 mil 19 llamadas de emergencia por violencia de pareja y 6 mil 561 por violencia familiar.
“Consideramos inaceptable que en México reine la impunidad cuando se trata de prevenir y castigar los actos de violencia de género, mientras que el mismo Estado y sus instituciones persiguen a las mujeres”, aseguran.
Compartieron que, en 2020, la Secretaría de Salud practicó seis abortos voluntarios a mujeres de entre 14 y 44 años de edad en La Paz y Los Cabos, todas víctimas de violación.
“Los derechos de las mujeres no deben ser concesiones de las autoridades en turno, sino obligaciones y mínimos indispensables que deben ser respetados y garantizados, además de permanecer siempre vigentes y en avance, sin retrocesos. El Estado de Baja California Sur no debe permitir violaciones a nuestros derechos fundamentales, sexuales y reproductivos, sino garantizar el acceso a una vida plena”, manifestaron.
DESPENALIZACIÓN YA ESTÁ EN LA AGENDA DEL CONGRESO
Para María Guadalupe Moreno Higuera, diputada por Morena y presidenta de la Comisiones de Salud y la Familia, el tema de la despenalización del aborto está muy claro: simplemente tiene que aceptarse y dar avance con este derecho humano reconocido por organismos internacionales.
“Definitivamente ya es una Ley que se tiene que aplicar y respetar, independientemente de eso, nosotras como mujeres tenemos nuestros derechos; lo que no es de derecho, es que otros decidan por nosotros mismos”, respondió la legisladora.
La fracción de Morena ya tiene en la agenda el pendiente de la despenalización y otras reformas a leyes para que las mujeres accedan a este servicio de salud de forma gratuita y sin condicionamientos. No obstante, Moreno no respondió si hay una fecha determinada para dar avance con la legislación correspondiente, además de reconocer que no ha tenido acercamiento con las colectivas feministas.
Mencionó que también trabaja con las reformas necesarias para bajar al plano estatal las determinaciones de la SCJN respecto a que es inconstitucional criminalizar el aborto.
Por su parte, las activistas recordaron que, durante las campañas electorales, la coalición “Juntos Haremos Historia” (Morena-Partido del Trabajo) enlistó los derechos reproductivos de las mujeres como una de las promesas de trabajo. Ahora, con mayoría absoluta, con 14 diputados y diputadas, no debería existir objeción para que el aborto legal y seguro sea una realidad en este periodo.
