El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó, este jueves 14 de octubre, que su Administración impugnará la resolución de Claudia Irene Gámez Galindo, secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de México, en funciones de jueza de Distrito, con sede en Naucalpan, quien ordenó que se considere a todos los menores de 12 a 17 años de edad, en la Política Nacional de Vacunación del Gobierno Federal, y que dicho grupo de la población sea inoculado contra el coronavirus SARS-CoV-2 (que causa la enfermedad COVID-19).
El mandatario nacional señaló que dicha resolución “no es cosa juzgada”, por lo que acudirán ante las instancias legales pertinentes para aclarar la Política Nacional de Vacunación. Asimismo, aseguró que no es que no quieran aplicar la vacuna a los menores de edad, sino que, según él, no hay evidencia científica de que este grupo poblacional necesite ser inoculado.
“Esto es ya vacunar a todos, pues no, porque hay un plan de vacunación. Además, no se puede definir una política pública a partir del interés de una persona o de un grupo, entonces para qué es el Estado y para qué es el Estado de bienestar”, comentó López Obrador.
“Entonces, legalmente eso se va a respetar, pero al mismo tiempo se va a ir a la instancia correspondiente para aclarar. Entonces, vamos a ser respetuosos de la legalidad, pero esto no implica que ya paramos la vacunación, todas las vacunas, y vamos a atender esto. No es así, porque se presentan recursos, es una instancia todavía, no es cosa juzgada, no está terminado el proceso”, afirmó el político tabasqueño.
“No es que no se quiera aplicar también la vacuna a los menores, es que no hay una recomendación médica en ese sentido. Todavía no definen porque sí puede causar daño, entonces tenemos que esperarnos. Además, hay algo que deben ustedes tomar en cuenta: ya se está haciendo la investigación en México y va muy bien la vacuna Patria”, insistió el presidente.
“Entonces, vamos a tener nuestra vacuna, estamos trabajando para eso, tiene todo el apoyo del [Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología]CONACYT, el equipo de investigación, acabamos de autorizar 180 millones de pesos para apoyar la investigación”, añadió el titular del Poder Ejecutivo Federal.
Por último, durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional, el político tabasqueño mencionó que México cuenta con las dosis suficientes de la vacuna desarrollado por la farmacéutica estadounidense Pfizer -en conjunto con el laboratorio alemán BioNTech- para poder vacunar a los menores de edad.
“Sí [las tenemos], o sea, si no se establece un nuevo contrato. Tenemos ahorita un contrato vigente, nos deben vacunas, o sea todavía nos tienen que entregar vacunas y no habría ningún problema. Tenemos buena relación, creo que es la farmacéutica que mejor ha cumplido”, aseveró el mandatario nacional.
Por último, López Obrador reiteró su llamado para que la Organización Mundial de la Salud (OMS) certifique las vacunas china CanSino y la rusa Sputnik, ya que, según el mandatario mexicano, han demostrado combatir con eficacia al coronavirus SARS-CoV-2, además de ser seguras para la población.
Durante la audiencia que se realizó el pasado 7 de octubre, la secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en Edomex, en funciones de jueza de Distrito, concedió una suspensión definitiva a una menor, de 15 años de edad, para que fuera vacunada contra la COVID-19, medida cautelar que tiene efectos generales, ya que argumentó en su resolución que “conviene precisar que es obligación del Estado mexicano salvaguardar el derecho a la salud”.
Gámez Galindo indicó que su fallo no tiene el ánimo de generar un desequilibrio en el funcionamiento y estrategia contra el coronavirus SARS-CoV-2, sino proteger el derecho humano a la salud de un sector que no ha sido contemplado por las autoridades. Asimismo, indicó que su resolución con efectos generales no es un criterio aislado, ya que existen precedentes en diversos temas.
Por este motivo, la secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de México, en funciones de jueza de Distrito, dio un plazo de 48 horas al Gobierno Federal, a partir de su legal notificación, para que se comience a inocular a todos los menores con la vacuna desarrollada por la farmacéutica estadounidense Pfizer, en con conjunto con el laboratorio alemán BioNTech.
“Además, diversos órganos jurisdiccionales han adoptado medidas similares en temas relacionados con regulaciones energéticas que involucran a un sector de la producción; en consecuencia, por mayoría de razón, si el derecho a la salud, en el caso específico involucra a todos los niños, niñas, y adolescentes del país, es inconcuso que este determinación debe hacerse extensiva a la generalidad, pues se busca la protección de ese sector de la población frente a la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, que evidentemente también afecta a los infantes”, explicó.
Gámez Galindo puntualizó que en caso de que exista desabasto de la vacuna mencionada, “tal circunstancia no puede considerarse una justificación para no cumplir con la medida cautelar decretada”. Además, comentó que para garantizar el derecho humano a la salud, el Estado debe adoptar las medidas necesarias.
Ello hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, su plena efectividad, de ahí que deben realizarse todos los esfuerzos indispensables para satisfacer, con carácter prioritario, sus obligaciones mínimas requeridas en materia de salud.
La secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de México, en funciones de jueza de Distrito, recordó que, a partir del 1 de octubre del año en curso, en la página http://vacunacovid.gob.mx, se puede llevar a cabo el registro de menores de 18 años, especialmente aquellos con comorbilidades de riesgo, así como a las adolescentes embarazadas a partir de la novena semana.
Sin embargo, Gámez Galindo insistió que no se contempla a todos los adolescentes del país que se encuentran en dicho rango de edad, quienes por no presentar algún padecimiento de los que se describen en la página web, quedan excluidos de la Política Nacional de Vacunación contra el coronavirus, lo que atenta contra su derecho humano a la salud consagrado en el artículo 4 constitucional.
“Si bien es cierto, es prioritaria la inoculación de los menores que presentan algún padecimiento, igualmente cierto es, que los que se consideran médicamente sanos, no están exentos de contagiarse del virus, que les puede ocasionar graves daños a su salud o incluso a perder su vida”, agregó la secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de México, en funciones de jueza de Distrito.
“Por lo cual, los esfuerzos de las autoridades del Estado para combatir eficazmente la pandemia ocasionada por el coronavirus SARS-CoV-2 deben estar encaminados a garantizar el derecho humano a la salud a la colectividad, en el caso específico, a todos los adolescentes de entre doce y diecisiete años de edad”, apuntó Gámez Galindo.
La secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de México, en funciones de jueza de Distrito, advirtió que el incumplimiento de la medida cautelar implica el delito de abuso de autoridad previsto por el artículo 262 fracción III y 265 fracción I, de la Ley de Amparo y sancionado por el numeral 215 del Código Penal Federal.
“Por lo que cualquier violación a la misma dará lugar a que se dé vista al agente del Ministerio Público de la Federación”, finalizó Gámez Galindo en su fallo, el cual aún puede ser impugnado por el Gobierno Federal, al presentar un recurso de revisión para que sea analizado por un Tribunal Colegiado.
El pasado 2 de septiembre de 2021, la madre de la menor que recibió la suspensión definitiva -de quien se reservó su identidad-, interpuso un juicio de amparo para que a su hija se le aplicara la vacuna contra la COVID-19, con el biológico desarrollado por Pfizer y BioNTech.
“Sí, muchas gracias. Vimos la noticia, hasta ahorita sólo un periódico de circulación nacional la trató, nos llamó la atención el énfasis que le da, ningún otro medio lo toma”, respondió, el pasado 12 de octubre, Hugo López-Gatell Ramírez, titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud Federal.
“No hemos recibido notificación oficial, cuando la recibamos pues analizaremos cuidadosamente el caso, por supuesto, con el apoyo extraordinario que siempre nos da la consejera jurídica, que ahora está aquí presente, y el Secretario de Gobernación”, agregó el funcionario federal, durante la conferencia de prensa matutina presidencial.
“Como siempre, la instrucción del presidente [Andrés Manuel López Obrador] es clarísima: respetamos la independencia de los poderes, acatamos las disposiciones del Poder Judicial y actuamos con una base científica para proteger la salud de todas y todos. Esa es nuestra prioridad también”, añadió López-Gatell Ramírez.
