Una corte civil de Florida, Estados Unidos, reprogramó para el próximo 3 de noviembre, la audiencia para el caso donde se enfrentará la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y otras instituciones mexicanas contra Genaro García Luna y más de 40 entidades físicas y morales, incluida Linda Cristina Pereyra Gálvez, esposa del ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Federal, durante el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.
El ex funcionario federal es acusado por la institución que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP), de haber robado al menos 250 millones de dólares durante los seis años que duró el Gobierno de Enrique Peña Nieto, así como establecer una red de lavado de dinero para comprar automóviles de lujo, bienes raíces y crear empresas para transferir el dinero a Barbados y EE.UU.
La demanda radicada en la Corte de Circuito de Miami Dade -y que será presidida por el juez William Thomas-, fue presentada el pasado 21 de septiembre por los abogados Carlos A. Acevedo, Kevin A. Malone y Kelley B. Stewart, litigantes contratados por el Gobierno mexicano.
Acevedo, Malone y Stewart han enviado decenas de misivas a cada alguacil del estado de Florida, donde reside la mayoría de los acusados y se hallan establecidas las entidades demandadas, para que entreguen los citatorios a los implicados, algunos de los cuales se les hace un reclamo respecto a una propiedad.
UIF DENUNCIA A GARCÍA LUNA EN EU POR LAVAR DINERO Y ROBAR 250 MDD DURANTE GOBIERNO DE EPN
El pasado 21 de septiembre, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) acusó a Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Federal, durante el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, de haber robado al menos 250 millones de dólares durante los seis años que duró el Gobierno de Enrique Peña Nieto y establecer una red de lavado de dinero para comprar automóviles de lujo, bienes raíces y crear empresas para transferir el dinero a Barbados y EE.UU.
La demanda de carácter civil fue presentada por la institución mexicana dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en el Onceavo Distrito Judicial de Miami, en Florida, en la cual se destaca que “tiene derecho al establecimiento de un fideicomiso implícito que consiste en bienes inmuebles que los demandados compraron con fondos robados del Gobierno de México y cualquier beneficio derivado de los fondos mal habidos”.
“Por lo tanto, el demandante, los Estados Unidos Mexicanos, exige un juicio contra cada demandante para la devolución, restitución, transferencia de las ganancias mal habidas de cualquier bien inmueble comprado con ellos, y por los costos de esta acción y cualquier otra reparación adicional como la Corte lo juzgará justo y apropiado”, señala la denuncia civil.
La UIF detalla que dichos actos fueron cometidos entre el 2012 y el 2018, destacando que García Luna comenzó a crear una compleja red, similar a una “empresa” de lavado de dinero, desde que asumió la Secretaría de Seguridad Pública en el Gobierno de Calderón Hinojosa, y que “desde su posición de inmenso poder controlaba muchos aspectos de la seguridad del país”.
La demanda señala que García Luna recibió un total de 74 millones de dólares en contratos con la Secretaría de Gobernación (SEGOB)-, que fueron producto de sobornos, manipulaciones, ofertas o corrupción, pero que en total, ,os recursos obtenidos de forma ilegal suman al menos 250 millones de dólares, con un esquema para “ocultar los fondos robados en numerosos activos ubicados principalmente en Florida”.
La UIF acusó a ocho personas físicas: Genaro García Luna y su esposa, Linda Cristina Pereyra Gálvez, así como a un grupo de empresarios señalados como socios, presuntos prestanombres y coconspiradores del ex funcionario federal: Mauricio Weinberg López, Jonathan Weinberg Pinto, Synvia Punto de Winberg y Natan Wancier Taub. Así como José Francisco Niembro González, quien fue subsecretario de Tecnologías de la Información de la SSP, y su esposa, Martha Nieto Guerrero.
Además, 39 compañías y propiedades, 47 personas físicas y morales implicadas, fueron señaladas en la demanda por el Gobierno mexicano, quienes funcionaban como una “empresa” de lavado de dinero, en la que cada participante tenía un rol y tarea específica.
“García Luna armó una extensa red de socios comerciales que posteriormente utilizó para obtener contratos ilegales de diversas entidades y agencias de la República Mexicana por cientos de millones de dólares durante su mandato en el cargo, así como después de dejar su oficina”, insistió la UIF.
Asimismo, el ex funcionario federal y sus socios lavaron y retiraron el dinero de los contratos ilegales fuera de México, fuera del alcance de las autoridades mexicanas. “Orquestó la creación de una compleja red de múltiples entidades para comprar y mantener múltiples parcelas de bienes raíces y otros activos, incluidos numerosos automóviles de lujo y de colección”, detalla la denuncia.
La UIF explicó que su denuncia, se basa en que el ex titular de la SSP durante la Administración de Calderón Hinojosa “ocultó fondos robados del Gobierno de México y obstaculizó su recuperación por blanquear ganancias mediante la transferencia de los fondos robados, fuera de México a cuentas bancarias en Barbados, Estados Unidos y otros lugares”.
“Actos que se cometieron mientras estaban en Miami […] Con lo que pudo adquirir, controlar y mantener una gran y sofisticada empresa de lavado de dinero, principalmente a través de la compra y mantenimiento de bienes muebles e inmuebles ubicados en Florida”, agrega la demanda de 131 páginas.
La UIF destacó que dicha “empresa” de lavado de dinero, ideada y liderada por García Luna, transfirió 160.7 millones de dólares a Barbados en 2015; 12.9 millones de dólares en 2019 a Panamá, a través de la empresa Nunvav, propiedad de los Weinberg y Wancier, que sirvió como conducto principal para los fondos tomados ilegalmente de México.
También adquirió vehículos de lujo como Lamborghini, Ferrari y Rolls Royce. Además, destaca que en los últimos dos años, ya preso en Nueva York, García Luna vendió propiedades por más de 17 millones de dólares. Mientras que en otros casos, se siguen beneficiando de rentas, intereses.
UIF PRESENTA DEMANDA CIVIL EN EU PARA RECUPERAR 39 EMPRESAS Y FIDEICOMISOS DE GARCÍA LUNA
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó, el pasado 21 de septiembre, la primera demanda civil en el extranjero para recuperar activos vinculados con operaciones financieras ilegales realizadas por Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Federal, durante el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, así como por otras personas.
El litigio se presentó por la institución perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en coordinación con la secretarías de Relaciones Exteriores (SRE), así como la de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en Miami, Estados Unidos.
La institución, a cargo de Santiago Nieto Castillo, informó que dichos activos se derivan de “un gran esquema ilegal de contratación en el sector de la seguridad y defensa nacional, relacionado con el exsecretario”.
La acción judicial se presentó en las cortes de Miami, Florida, en Estados Unidos, donde la UIF identificó un importante número de empresas y propiedades asociadas a los actos de corrupción política y lavado de dinero que integran el litigio.
La demanda abarca 39 empresas y fideicomisos pertenecientes a García Luna, “sus cómplices y/o familiares”, que tienen operaciones en Florida y son dueñas de propiedades adquiridas con dinero derivado de un esquema de contrataciones ilegales.
“La presente demanda se basa en violaciones a la Ley Rico de Florida, conspiración y enriquecimiento injusto, entre otros. En el litigio se alega que los demandados son integrantes de un gran grupo de empresas creadas y utilizadas por García Luna y sus co-conspiradores para esconder recursos derivados de actos de corrupción”, explicó la UIF.
Estas acciones buscan “refrendar el compromiso de abatir las estructuras económicas de las organizaciones criminales y la impunidad, para hacer efectivo el derecho de la sociedad mexicana a recuperar activos procedentes de esquemas de lavado de dinero que tuvieron origen en territorio nacional, pero fueron incorporados y diversificados en jurisdicciones extranjeras. Lo anterior remarca la posición del Estado mexicano de cero tolerancia frente a actos de corrupción”, señaló.
El pasado 16 de agosto, la audiencia de Genaro García Luna, prevista para el 23 de junio, fue pospuesta, de nueva cuenta, para el 25 de agosto de este mismo año, luego de que el juez Brian M. Cogan, de la Corte del Distrito Este de Nueva York, aceptó la moción que le hicieron llegar fiscales y los abogados defensores del ex titular de la SSP Federal, durante el Gobierno de Calderón Hinojosa.
Después, el juez federal retrasó hasta el 26 de octubre una vista previa del juicio de García Luna. Cogan ordenó posponer la sesión a instancias de la Fiscalía del Distrito Este neoyorquina, que solicitó 60 días más de plazo, porque descubrió nuevas pruebas -más de 13 mil páginas de documentos- que se suman a las más de un millón que conforman el expediente elaborado hasta el momento por los fiscales contra el ex funcionario federal mexicano.
Según el diario Reforma, en el juicio por narcotráfico contra García Luna en una Corte Federal de Nueva York se ha ventilado que posee bienes raíces en Estados Unidos que suman casi 4 millones de dólares, entre ellos una propiedad de 1.2 millones que infructuosamente ofreció como garantía para su libertad bajo caución.
El ex titular de la SSP Federal mexicana tiene una casa en Golden Beach, Florida, que compró por medio de una empresa de papel en octubre de 2012, cuando aún era titular de la SSP, pagada con un millón de dólares en efectivo. A esa residencia se mudó al concluir el Gobierno de Calderón Hinojosa.
El mismo rotativo afirmó que el 2016, a través de la misma empresa con la que adquirió ese inmueble, García Luna compró un yate, mientras que otra compañía en la que tampoco aparecía su nombre, era la que pagaba las colegiaturas de sus hijos.
En 2018 García Luna también compró la oficina ubicada en el despacho 507 del edificio con número 2980 de la calle 207 en Aventura, un suburbio de Miami, por 1 millón 224 mil dólares. Asimismo, la investigación estadounidense señala que el ex funcionario recibía millones de dólares, tanto de compañías con las que está públicamente afiliado, como de empresas fantasma con sede en países como Panamá y que contaba con un grupo de prestanombres para encubrir operaciones.
El pasado 18 de junio, en el el memorándum enviado al juez federal, Mark Lesko, nuevo fiscal titular del Distrito Este de Nueva York, insistió en una “producción de descubrimiento adicional el 18 de mayo de 2021, por un total de más de 31 mil páginas de documentos nuevos”.
Además, Lesko adelantó que esperan “respuestas de citaciones pendientes”, así como documentación de las solicitudes que ha presentado el gobierno para tener acceso a “pruebas extranjeras”, como se informó en los memorándums entregados a dicha Corte neoyorquina en febrero y abril pasados.
Las audiencias contra García Luna -que ya cumplió un año y medio desde que fue detenido en diciembre del 2019- se han pospuesto primero en diciembre del 2020, después en febrero, más adelante en abril y esta semana.
Por último, esta misma semana se informó que se integran al caso contra García Luna, los fiscales Marietou Diouf e Hiral D’ Mehta, para reforzar al equipo que ya forman Michael Robotti, además de Ryan Harris, Erin Reid y Phillip Pilmar.
FISCALES DE EU PRESENTARÁN COMO EVIDENCIA, VIDEO DE GARCÍA LUNA EN CÁRCEL DE NY
Fiscales del Distrito Este de Nueva York informaron, el pasado 18 de mayo, que entre las pruebas que tienen contra Genaro García Luna, destaca un video de diciembre pasado en el que aparece junto a un recluso en el Centro Correccional Metropolitano de Brooklyn (MCC, por sus siglas en inglés).
A través de de una carta presentada al juez federal Brian M. Cogan y a César de Castro, abogado de García Luna, los cinco fiscales neoyorquinos dieron cuenta de una nueva serie de evidencias de los cargos de narcotráfico y lavado de dinero que le imputan al ex funcionario federal.
También anunciaron que en el juicio contra el mexicano planean presentar fotografías de Google Earth y documentos respecto a actividades de negocios que fueron obtenidos de Barbados, México y Panamá, a través de acuerdos o tratados de Asistencia Legal Mutua.
Los fiscales -citados por la agencia estadounidense The Associated Press (AP)- dijeron que el video de García Luna con otro preso fue tomado el 29 de diciembre del 2020,en el MCC, donde se encuentra el ex funcionario federal mexicano.
Los fiscales -encabezados por Mark Lesko-, también afirmaron en la carta dirigida a César de Castro, abogado defensor de García Luna, que tienen registros de propiedad, documentos financieros y grabaciones de conversaciones del acusado.
Entre las nuevas pruebas se cuenta también otra serie de grabaciones de comunicaciones que sostuvo García Luna, expedientes proporcionados por el Departamento de Estado de EE.UU. y expedientes provenientes del Gobierno de Colombia.
FISCALES DE EU PIDEN A JUEZ POSPONER 2 MESES AUDIENCIA DE GARCÍA LUNA
Fiscales del Departamento de Estado estadounidense, entre ellos Mark J. Lesko, pidieron al juez Brian M. Cogan,, que posponga dos meses la audiencia programada para el próximo 19 de abril, en la Corte del Distrito Este de Nueva York, por el caso de Genaro García Luna.
Asimismo, los fiscales asistentes Michael Robotti, Ryan Harris, Erin Reid y Felipe Pilmar anunciaron en un memorándum, la “producción de descubrimiento adicional el 1 de marzo de 2021, por un total de más de 32 mil páginas de documentos, así como un disco duro de grabaciones del acusado”.
Además, los fiscales del Departamento de Estado de EE.UU. le explicaron al juez federal, que esperan más pruebas del extranjero y a través de solicitudes del Tratado de Asistencia Jurídica Mutua (MLAT, por sus siglas en inglés), por lo que esperan que para la siguiente audiencia completen ya “un millón de páginas de documentos y voluminosas comunicaciones interceptadas y grabadas”.
Aunado a ello, los fiscales le indicaron al juez Cogan, que ellos han producido la mayor parte de esos materiales y anuncian que ambas partes han enfrentando demoras en la preparación del juicio” todo a raíz de la pandemia de la COVID-19, que ha impedido que “el Gobierno pueda reunirse con testigos encarcelados y las limitaciones en la capacidad del abogado defensor para reunirse con el acusado”.
Finalmente, Lesko informó al juez federal, que los fiscales seguido trabajando en el litigio con apego a la Ley de Procedimientos para Información Clasificada (CIPA, por sus siglas en inglés), lo cual les tomará varios meses más, pero que al final esperan obtener información clasificada que les permita reforzar aun más su caso “previo al juicio”, cuyas audiencias se han pospuesto en al menos en seis ocasiones.
PANAMÁ ENTREGA A EU NUEVAS PRUEBAS CONTRA GARCÍA LUNA
El pasado 3 de marzo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó nuevas pruebas contra Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Federal durante el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, entre las que se encuentran evidencias aportadas por las autoridades de Panamá.
A través del oficio MPR/RCH/EMR F.#2019R00927 -fechado el 1 de marzo de 2021 y firmado por Seth DuCharme, fiscal para el Distrito Este de Nueva York-, el Departamento notificó a la defensa de García Luna respecto al hallazgo y acumulación de nuevas pruebas contra el ex funcionario federal mexicano, entre ellas “archivos de la autoridad judicial panameña, foliados con los números 0000981467-0000983920”.
Según las autoridades estadunidenses, hasta ese momento eran 974 mil documentos los que se habían obtenido como pruebas contra García Luna. En el oficio del fiscal DuCharme, dirigido al abogado César DeCastro, que encabeza la defensa del ex titular de la SSP de México, se explicaba que entre las nuevas evidencias se encuentran fotografías y videos.
Además de documentos de la autoridad judicial mexicana, copias del pasaporte del ex funcionario mexicano, reportes financieros, documentación del Departamento de Estado de EE.UU. y registros de propiedades, así como extractos de un libro y “una carta escrita por el acusado con una traducción en borrador, foliada con los números 0001012315-0001012327”.
Aunado a ello existían grabaciones de llamadas telefónicas hechas desde el Centro Metropolitano de Detención (MDC, por sus siglas en inglés), en Brooklyn, en el cual se encuentra recluido García Luna, así como “documentos del gobierno mexicano relacionados con un procedimiento de decomiso contra el acusado, acompañados por borradores de traducciones, foliados con los números 0001012698-0001013086”.
“Respecto al aviso del decomiso mexicano, el Gobierno [estadunidense] se comunicará con usted por separado para organizar la entrega personal de esos documentos al acusado, de acuerdo con los procedimientos solicitados por el Gobierno mexicano”, según establecía el oficio del Departamento de Justicia de EE.UU.
El fiscal para el Distrito Este de Nueva York notificó también, a los abogados de García Luna, que la autoridad judicial de Estados Unidos contaba con un disco duro con grabaciones del acusado, “foliadas con el número 0001012333, lo cual es material protegido”.
SU CLIETE NO ES “EL CHAPO”, AFIRMA ABOGADO DE GARCÍA LUNA
El 28 de diciembre del 2020, César de Castro, abogado de García Luna, dijo en un documento enviado a la Corte del Distrito Este de Nueva York, que su cliente “no es ‘El Chapo’”, haciendo referencia al capo sinaloense Joaquín Guzmán Loera.
Ello porque el litigante solicitó a la Corte ubicada en Brooklyn que los testigos que se presenten contra su cliente sean públicos, esto debido a que los fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos pidieron que sean protegidas sus identidades, porque temen que el ex funcionario federal mexicano o sus asociados puedan atentar contra sus vidas.
“El señor García Luna no es ‘El Chapo’. Él no representa ningún riesgo a la seguridad de los testigos”, indicaba un fragmento de la carta, difundida en la red social Twitter por el periodista Keegan Hamilton, de Vice News.
En la misiva, el abogado de García Luna señaló que el ex funcionario federal mexicano es “un preso modelo”, que no ha incurrido en alguna infracción durante su encierro y que sólo ha sostenido comunicación con su familia.
A la par, señaló que “el sufrimiento [de García Luna] es de un nivel mucho más alto que cualquiera sufrido por el Sr. Guzmán Loera”, ex líder del Cártel de Sinaloa, condenado y preso en Estados Unidos.
FISCALES PIDEN APLAZAR AUDIENCIA PARA PROTEGER IDENTIDAD DE TESTIGOS
El 2 de diciembre del 2020, los fiscales neoyorquinos solicitaron al juez Brian Cogan aplazar la divulgación de la evidencia contra García Luna, para así proteger la identidad de los testigos.
“El acusado y sus conspiradores podrían llevar a cabo una campaña de acoso, intimidación y/o violencia contra los testigos y sus familias antes del juicio, para castigarlos por su cooperación, disuadirlos de testificar contra él y frenar así la cooperación de otros”, indicaron entonces los fiscales.
“Estamos seguros de que ninguna de sus comunicaciones dará lugar a la conclusión de que García Luna representa cualquier tipo de amenaza a la seguridad de los testigos o de cualquier otra persona”, insistió De Castro en la misiva.
En una carta dirigida al juez Cogan, firmada por el fiscal federal Seth DuCharme, también se solicita que los documentos se mantuvieran como clasificados hasta el 1 de marzo de 2021.
“Una orden de protección que permita plazas la divulgación de los materiales no iría en perjuicio del acusado y reduciría el riesgo de daño a los potenciales testigos de un juicio -al identificarlos-, así como el riesgo de exponer las investigaciones en desarrollo que los materiales identifican”, dice la misiva.
El texto añadía que dichos materiales “proveen de información que podría se usada para identificar testigos potenciales en un juicio, y cuyas identidades no han sido reveladas al acusado, a su defensa o al público”.
Dentro de los documentos que se solicitaba se mantuvieran reservados estaban comunicaciones grabadas, registros financieros y de propiedad pública, fotografías y “otros que revelarían la fuente del material”.
La petición, según abundaron los fiscales federales de EE.UU., permitiría “proteger a testigos potenciales, sus familias y la integridad de las investigaciones”, contra García Luna.
La misiva añadió que tanto los testigos como sus familias “enfrentarían riesgos de seguridad serios si su cooperación con el Gobierno [de Estados Unidos] y su calidad como posibles testigos de juicio, fuera revelado”.
El 6 de diciembre del 2020, Martha Bárcena Coqui, entonces embajadora de México ante los Estados Unidos, solicitó en una nota formal ante el Departamento de Estado de EE.UU., la extradición de García Luna.
Funcionarios de la FGR indicaron que una juez federal del Estado de México otorgó la orden de captura, debido a que el ex funcionario no demostró el origen de 27 millones de pesos que fueron utilizados para la compra de bienes inmuebles en México.
Un día después, el 7 de diciembre del 2020, García Luna compareció ante el juez Brian M. Cogan, en la Corte del Distrito Este de Nueva York, en Estados Unidos. Durante la breve audiencia, se fijó una nueva fecha de audiencia para el 17 de febrero de 2021.
Mientras que César de Castro, abogado del ex funcionario federal mexicano, se quejó ante el juez estadounidense, que desde el pasado 20 de octubre y hasta este día, no había hablado con su cliente, y que hasta tres veces se le cancelaron reuniones con García Luna sin explicación.
El ex titular de la SSP Federal mexicana está en prisión preventiva desde hace un año en el Centro Metropolitano de Detención, ubicado en Brooklyn, donde ahora se encuentra aislado debido al aumento de casos de coronavirus SARS-CoV-2 (que causa la enfermedad COVID-19) en el lugar.
Ante dicha situación, De Castro solicitó un aplazamiento de 60 días para poder ver las pruebas en contra de su cliente. El abogado solicitó tener acceso a la evidencia, mientras que los fiscales Michael Robotti y Ryan Harris, reconocieron que desconocían esa situación y aceptaron comenzar una coordinación con la defensa y el personal que tiene a García Luna en custodia.
En ese entonces, el fiscal Seth DuCharme mencionó que contaban con 955 mil páginas de evidencia, la mayoría proveniente de una exploración a dispositivos electrónicos, fotos y videos de García Luna, y también tenían una cantidad “voluminosa” de comunicaciones interceptadas.
Además, informó que la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York esperaba las respuestas de varias solicitudes de evidencia que hizo a gobiernos extranjeros, a través del Tratado de Asistencia Jurídica Mutua.
GARCÍA LUNA SE DECLARA INOCENTE DE CARGOS
El 7 de octubre del 2020, el ex titular de la SSP Federal se declaró inocente de los cinco cargos que le imputó el juez Brian M. Cogan, durante una audiencia llevada a cabo en la Corte del Distrito Este de Nueva York, en Estados Unidos.
De forma remota, García Luna escuchó la lectura de los los cinco nuevos cargos de la acusación ampliada, que se agregó al caso el pasado mes de julio, mismos que indican que el ex funcionario federal mexicano participó en envíos de droga a EE.UU.
“La acusación señala que usted era el jefe de varios cómplices y ganó una fortuna gracias a estos envíos”, le dijo Cogan a García Luna, quien se declaró no culpable de los cinco cargos, entre ellos por supuestamente recibir sobornos por parte del Cártel de Sinaloa y los Beltrán Leyva, para permitir el tráfico de drogas y falsedad de declaraciones.
El Departamento de Justicia de EE.UU. presentó el 29 de septiembre del 2020, un paquete de evidencia contra García Luna, que incluye comunicaciones interceptadas, videos y documentos de las autoridades mexicanas.
EU ACUSA A CERCANOS A GARCÍA LUNA
El 30 de julio del 2020, la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York acusó a Ramón Eduardo Pequeño García y a Luis Cárdenas Palomino, ex Coordinador de la División de Inteligencia para la Prevención del Delito y ex titular de la División de Seguridad Regional, ambos de la Policía Federal (PF), respectivamente, por tráfico de drogas en colaboración con el Cártel de Sinaloa.
Según lo informó el periodista Alan Feuer, ambos ex funcionarios federales, junto a Genaro García Luna, estuvieron implicados en el asesinato de un informante colombiano de la Administración para el Control de Drogas estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés), “hace más de una década”, según “ha testificado un renegado del cártel”.
“El informante estaba dando información a las autoridades estadounidenses sobre los envíos de cocaína controlados por Arturo Beltrán Leyva, el antiguo socio de Guzmán en Sinaloa […] Sergio Villarreal Barragán [alias ‘El Grande’], afirma que García Luna recibió el nombre del informante de un oficial corrupto de la PF en Bogotá [Colombia]”, indicó Feuer en su cuenta de la red social Twitter.
“Pequeño y Palomino ayudaron a darle el nombre a Beltrán Leyva. El informante fue secuestrado y torturado. Después de confesar que trabajaba para la DEA, fue asesinado”, agregó en una serie de tuits el periodista, corresponsal en Nueva York del diario The New York Times.
El Departamento de Justicia de EE.UU. acusó también a García Luna, por el delito de empresa criminal continua por colaboración con el Cártel de Sinaloa, y presentó tres cargos de importación de cocaína y conspiración internacional contra Pequeño García y Cárdenas Palomino.
FISCALÍA DE NY ACTUALIZA ACUSACIÓN CONTRA GARCÍA LUNA
La Fiscalía para el Distrito Este de Nueva York actualizó la acusación presentada originalmente contra García Luna el 4 de diciembre del 2020, que solo incluía tres cargos de narcotráfico y uno de falsedad en declaraciones.
En consecuencia, se solicitó a la Corte para el Distrito Este de Nueva York ordenar la aprehensión de Pequeño García y Cárdenas Palomino, a quienes la Fiscalía caracterizó como “fugitivos” en un boletín de prensa.
Para sustentar la acusación de empresa criminal contra García Luna, los fiscales neoyorquinos mencionaron seis cargamentos masivos de cocaína asegurados en Estados Unidos entre 2002 y 2008, que sumaron 50 toneladas.
En ese periodo, García Luna fue jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), y a partir de diciembre del 2006, titular de la SSP Federal mexicana.
“Entre 2002 y 2007, García Luna presuntamente ayudó a al menos seis envíos de cocaína por un total de más de 50 mil kilos de cocaína. Además, los acusados colocaron a otros funcionarios corruptos en posiciones de poder en ciertas áreas de México controladas por el Cártel de Sinaloa”, señala el comunicado del Departamento de Justicia de EE.UU.
Antes, el 27 de julio del 2020, los fiscales neoyorquinos y César de Castro, abogado del ex funcionario federal mexicano, dijeron estar experimentando problemas para reunirse con posibles testigos para el juicio de García Luna, en las diversas cárceles estadounidenses, debido a la crisis sanitaria que experimenta EE.UU.
El 24 de julio del 2020, la Fiscalía para el Distrito Este de Nueva York entregó a los abogados defensores de García Luna, un paquete de pruebas que usará para el eventual juicio contra el ex funcionario federal mexicano, entre ellas, cocaína y heroína decomisada en el periodo comprendido entre el 2002 al 2009.
Las pruebas contra el ex titular de la SSP Federal mexicana, incluyen 43.8 kilos de cocaína decomisados en Brooklyn el 24 de mayo de 2002, cuando García Luna era Coordinador General de la Agencia Federal de Investigación (AFI), de la ahora extinta Procuraduría General de la República (PGR).
Además, serán presentados 20 kilos de cocaína asegurados en el Buque Gatun, cerca de la costa de Panamá, en marzo del 2007, que fueron parte de un decomiso de 21 toneladas del narcótico en dicha embarcación, apenas días después de que el Gobierno mexicano encontró 205 millones de dólares en efectivo en la casa del empresario Zhenli Ye Gon, en Lomas de Chapultepec, de la Ciudad de México.
Asimismo, la Fiscalía neoyorquina -que depende del Departamento de Justicia estadounidense- también exhibirá ante la Corte del Distrito Este de Nueva York -donde se realizará el juicio contra García Luna- 22 kilos de cocaína y 4 kilos de heroína asegurados en Palisades, Nueva Jersey, en julio del 2009.
La defensa de García Luna, que encabeza el abogado César de Castro, también recibió al menos 60 mil páginas de documentos que no son públicos, como parte del procedimiento conocido como descubrimiento probatorio contra el ex funcionario federal mexicano.
Los documentos incluyen transcripciones de comunicaciones interceptadas, registros financieros, bancarios y de negocios, expedientes aportados por el Gobierno de México, así como declaraciones rendidas por el propio García Luna, quien fue detenido el 10 diciembre del 2019 en Dallas, Texas.
“El Gobierno llamará a declarar durante el juicio a expertos sobre análisis forense de drogas, los métodos de lavado de dinero proveniente del narcotráfico internacional, y sobre traducción de español a inglés”, agregó la Fiscalía neoyorquina, que aún no dio acceso a la defensa a la identidad, conclusiones e historial profesional de dichos expertos.
En abril y mayo del 2020, la Fiscalía de Nueva York ya había entregado otros documentos a la defensa, referentes a la vida que García Luna llevaba en Florida, a donde se mudó tras su salida del Gobierno Federal mexicano a finales de 2012, así como otras comunicaciones interceptadas.
Además, el 1 de junio del 2020, los Fiscales del Distrito Este de Nueva York entregaron a los abogados de García Luna, pruebas contra el ex funcionario federal mexicano, que incluyen correos electrónicos, fotografías, transacciones financieras y comunicaciones interceptadas.
En dos cartas disponibles en el sistema electrónico de los tribunales federales estadounidenses, los fiscales neoyorquinos dijeron que entregaron las pruebas a los litigantes, además de que pidieron pruebas recíprocas por parte de la defensa de García Luna.
Según lo informó la agencia estadounidense The Associated Press (AP), en ambas cartas, los Fiscales neoyorquinos dijeron, también, que entregaban a los abogados de defensores de García Luna, transacciones de dinero, de propiedades, informes de cuerpos de seguridad y declaraciones del ex funcionario federal mexicano.
