Regidores están en contra de las medidas vengativas contra los de oposición. Deben dos catorcenas a dos de los que votaron en contra de la propuesta del presidente municipal de trasladar la administración del organismo operador del agua al ayuntamiento, el cual les costó la demanda de juicio
El presidente municipal Armando Ayala Robles es el tercer presidente en la historia reciente de Ensenada en recibir una denuncia de juicio político, además de sus antecesores priistas Enrique Pelayo Torres y Marco Antonio Novelo Osuna.
Tanto las denuncias de Pelayo Torres como de Novelo Osuna, fueron desestimadas en Comisiones del Congreso del Estado, mientras que el juicio de Ayala Robles, en el que también implican a su secretario del Ayuntamiento, Rubén Best Velasco, se encontraron elementos para iniciar una investigación.
Al alcalde reelecto y su secretario -quien fue ratificado- se les atribuyen violaciones a diversos artículos del Reglamento Interno del Ayuntamiento, al intentar que el Cabildo les aprobara el Acuerdo de Creación del Organismo Operador Municipal, denominado Agua y Saneamiento Municipal de Ensenada.
El 4 de octubre de 2021, la Comisión de Reforma de Estado y Jurisdiccional que encabeza la diputada María del Rocío Adame Muñoz, presentó el Dictamen 002/2021, aprobado por la mayoría de los integrantes. Fueron seis votos a favor y sólo uno en contra, por parte del diputado Sergio Moctezuma Martínez López.
Los firmantes de la denuncia son los ex regidores Adolfo Muñoz Benítez, Diego Alejandro Lara Arregui, Carmen Lidia Salazar Guerra, Raúl Vera Rodríguez, Carmen Elizabeth Jiménez García, Marisol Sánchez García y la reelecta Brenda Aracely Valenzuela Tortoledo.
Todos ellos votaron en contra de la propuesta del presidente municipal, apoyada públicamente por el gobernador Jaime Bonilla Valdez, para que el Ayuntamiento de Ensenada se hiciera cargo de la administración del agua.
En conjunto, los regidores mencionaron a ZETA que la causal principal de la denuncia es que Ayala está violando todas las características legales de un Cabildo, al no acatar el resultado de un punto votado en contra.
Encima de eso, incurrió en una irregularidad al haber llamado a una segunda convocatoria “en falso” -la totalidad del Cabildo- para someter de nuevo el tema, sin respetar el Reglamento de Administración Pública Municipal.
“No sólo estamos en contra de la violación a los reglamentos, también de las medidas vengativas en contra de todos los regidores considerados de oposición a quienes retuvo sus cheques quincenales, despidió a todo el personal a su cargo y les retiró el apoyo social. A dos de los ex ediles, Diego Arregui y Marisol Sánchez García, aún se les debe dinero de la nómina”, acusan.
VIOLENTARON DERECHOS DE AYALA: MOCTEZUMA
Durante el análisis para la creación de un dictamen de juicio político, Sergio Moctezuma Martínez, abogó a favor del alcalde:
“Un juicio político puede tener, en particular, un sesgo con una dedicatoria que nos da una señal de desorientar o de que hay un clima de poca concordia, de no armonía política y puede ser muy específico al pueblo de Baja California”.
Se refirió al Artículo 14 de la Ley de Responsabilidades, donde se establece en lo general lo referente a juicios políticos, el cual establece 30 días naturales que pueden prorrogarse siempre y cuando lo apruebe el Pleno; 12 o 13 de agosto se amplía, el 11 de septiembre vence el término y fenece el 26 de septiembre.
“No se resuelve en 30 días actuales y no se actualizó la hipótesis de solicitud de prórroga”, argumentó el regidor.
Además, defendió que, debido a que el proceso de transferencia del agua se encuentra paralizado por órdenes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), no existe una ilegalidad, “por un lado, creo que el Congreso podrá declarar la improcedencia del juicio y generar un acuerdo que, en tanto no se resuelva, no hay elementos necesarios para nosotros -los diputados- pronunciarnos al respecto. No se ha causado daño grave porque la potestad del agua sigue en manos del Gobierno del Estado y no del gobierno local”.
Y exhortó:
“No debemos mandar una señal equívoca al pueblo de Baja California de que se están jugando vencidas”.
ESTATUS DEL JUICIO POLÍTICO
La denuncia de juicio político fue presentada y ratificada el 12 de agosto de 2021 ante Oficialía de Partes por motivos de agravios en contra de los ediles y quedó a cargo de la Comisión Dictaminadora de Reforma de Estado y Jurisdiccional.
El 25 de agosto, el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa decretó la suspensión de la Creación del Organismo Operador del Agua en el municipio. Lo mismo sucedió el 1 de septiembre, cuando la SCJN suspendió transferir organismos del agua a los municipios, ante el antecedente de inconstitucionalidad.
En materia administrativa, el mismo día el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se posicionó en contra de la municipalización del agua y presentó una acción de inconstitucionalidad en contra del Decreto 289, el cual municipaliza los servicios de agua en Baja California.
El siguiente acto jurídico y político, es que la presidenta de la Comisión de Reforma de Estado y Jurisdiccional presente el dictamen para aprobación de los legisladores, y con ello, el juicio siga su curso.
De acuerdo con el Artículo 75 de la Ley de Responsabilidades, en los casos de responsabilidades administrativas, la secretaría, sindicaturas u órganos internos de control impondrán las siguientes sanciones administrativas: amonestación pública o privada; suspensión del empleo; cargo o comisión; destitución de su empleo; cargo o comisión; inhabilitación temporal para desempeñar empleos; cargos o comisiones en el servicio público; y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.
ALCALDE CONFÍA EN HONESTIDAD DE DIPUTADOS
Tras la determinación de la Comisión de Reforma del Estado y Jurisdiccional del Congreso, Armando Ayala Robles se declaró respetuoso de los tiempos, procedimientos y de la normatividad en general. Confía en que el asunto lo llevarán a cabo de manera correcta y los legisladores actuarán de manera responsable y en estricto apego a Derecho.
Consciente de las situaciones a las que está expuesto por el cargo que ostenta, misma que asume de manera responsable, Ayala enfatizó que en sus actuaciones como primer edil de Ensenada, se ha priorizado el beneficio social en favor de los intereses de la ciudadanía, lo cual se ve reflejado en un mayor bienestar de la población.
Ello, agregó, fue un factor fundamental para que, en la pasada elección, la población ensenadense le refrendara su confianza para continuar con la encomienda de dirigir los destinos del municipio.
“Nos mantendremos atentos al desarrollo de este proceso y habremos de actuar en consecuencia. Estoy seguro de que nuestros diputados desahogarán el caso de manera honesta, transparente y apegado a Derecho, con la debida diligencia y responsabilidad que a su vez conlleva su toma de decisiones como órgano jurisdiccional en materia de juicio político”, pronunció.
SESIÓN DE CABILDO APÓCRIFA
El miércoles 4 de agosto, a las 18:00 horas se tenía programada una sesión de Cabildo extraordinaria y de extrema urgencia para aprobar la transferencia de las responsabilidades de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (CESPE) al Ayuntamiento.
La sesión se celebró, pero el proyecto del alcalde fue rechazado por ocho de los trece integrantes del pleno.
Inconforme con el resultado, Ayala Robles y su secretario Rubén Best cancelaron la sesión y, en vez de cumplir con el Artículo 82 del Reglamento Interior y regresar el punto a Comisiones para presentarlo en otra ocasión, optaron por organizar otra a puerta cerrada.
La segunda sesión se realizó una hora y cinco minutos más tarde vía Zoom, en la que estuvieron presentes sólo los ediles que estuvieran a favor, mientras que al resto de los regidores se les negó el acceso.
Con estas acciones, señala la denuncia, se violenta el Artículo 5 de la Ley del Régimen Municipal, el cual dicta que el Ayuntamiento adopta las resoluciones mediante votación mayoritaria y el 60 del Reglamento Interior por no convocar con al menos dos horas de anticipación.
Se suma el Artículo 47 del Reglamento Interior, el cual establece que, tratándose de las sesiones virtuales de Cabildo, estas se desarrollarán en la plataforma dispuesta por la Dirección de Informática y el secretario fedatario deberá hacerlo del conocimiento de todos los munícipes para su uso y desarrollo adecuado.
Además, afirman que se atentó contra el Artículo 62 del multicitado Reglamento Interior, el cual establece como condición para el desarrollo de las sesiones, que el secretario fedatario se cerciore de que la convocatoria fue entregada a todos los integrantes del Cabildo, pues no se acreditó previamente la verificación y cumplimiento de la notificación a la totalidad de los ediles y que estos tuvieran las condiciones técnicas y materiales de acceso a la plataforma electrónica.
“Hay agravios particulares y generales, ya que los ediles, con relación a su derecho de participar en las sesiones de Cabildo para gestionar los intereses municipales, tal como lo prevé la Ley, también se afecta la dimensión colectiva e institucional del Ayuntamiento, pues este es un órgano colegiado que adopta sus resoluciones mediante el voto mayoritario de sus integrantes”, indican en el documento.
Al día siguiente de las sesiones extraordinarias, 5 de agosto, Armando Ayala Robles anunció el inicio del proceso de transición de operaciones de la CESPE al XXIII Ayuntamiento de Ensenada.
