Autoridades federales han reducido el saqueo de hidrocarburos a través de ductos de 2019 a la fecha. Las pérdidas económicas de Pemex suman más de mil 714 millones de pesos en este periodo. Hidalgo, Puebla, Estado de México y Guanajuato acumulan el 75 por ciento de los ilícitos; Baja California en décimo lugar. Espontáneos son detenidos, organizaciones criminales aún cooptan a empleados de la paraestatal y elementos policiales, incluidos agentes de la Guardia Nacional. Huachicoleros obtienen penas bajas al acogerse a procedimientos abreviados durante los juicios penales
Durante dos años siete meses de la presente administración, se registraron en el país 30 mil 063 tomas clandestinas en las redes de hidrocarburos de Petróleos Mexicanos (Pemex), según se desprende sus propias estadísticas. Aunque las cifras muestran una tendencia a la baja en este tipo de ilícitos, año tras año, las pérdidas económicas para la paraestatal suman mil 714 millones 921 mil 809 pesos en ese mismo periodo.
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La actividad delictiva de las bandas de huachicoleros y de las células de cárteles que se dedican al control del tráfico ilegal de combustibles no ha cesado, pero ahora se concentra en cuatro entidades, donde sustraen el 75% de las gasolinas y diésel que va a manos del mercado negro para su comercialización. Esos estados son, en ese orden, Hidalgo, Puebla, Edomex y Guanajuato, aunque este último tuvo una importante disminución de perforación de ductos a raíz de la detención de José Antonio Yépez Ortiz “El Marro”, a mediados de 2020.
Según datos de Pemex, en 2019 se tuvo un reporte de 13 mil 054 tomas clandestinas con un quebranto de mil 350 millones 157 mil 445 pesos, a pesar de que en enero de ese año fueron cerrados diversos tramos de los ductos como parte inicial de una estrategia que afectó a los consumidores. En 2020, hubo 10 mil 968 perforaciones a las redes de hidrocarburos, con pérdidas económicas de 192 millones 525 mil 510 pesos. Y en 2021, de enero a julio, se reportaron 6 mil 041 afectaciones a las tuberías, con daño patrimonial de 172 millones 238 mil 854 pesos.
En la administración del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, Hidalgo ocupa el primer lugar en tomas clandestinas, con 11 mil 604; le sigue Puebla, con 4 mil 949; Estado de México, 3 mil 968; Guanajuato, 2 mil 010; Tamaulipas, mil 602; Veracruz, mil 417; Querétaro, 645; Tabasco, 609; Michoacán, 593; y en décimo lugar, Baja California, que reporta 524 casos. Estados como Jalisco, que antes ocupaban los primeros sitios en el ranking de los delitos en materia de hidrocarburos, ahora está en decimotercer lugar.
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Uno de los principales problemas de Pemex para la protección de sus refinerías, plataformas marinas, redes de suministro y transporte en buques o a bordo de pipas, es la escasez de personal, pues la Subdirección de Salvaguardia Estratégica (SSE), dependiente de la Dirección Corporativa de Administración y Servicios, sólo cuenta con mil 368 agentes divididos en dos turnos, lo que reduce la vigilancia efectiva a solo 684 elementos por guardia, siempre y cuando no haya bajas.
Pemex cuenta con siete mil 724 instalaciones terrestres y 305 instalaciones marinas, con 66 mil 464 kilómetros de ductos, lo que humana y materialmente hace imposible salvaguardar la totalidad de los puntos, a pesar que desde hace años cuenta con tecnología para detectar los tramos en los que delincuentes “pinchan” los ductos. También se tiene la dificultad de que algunos de los ilícitos se fraguan desde el interior de la paraestatal con documentación falsa o los choferes de los carro-tanques son atracados durante su trayecto.
Por lo anterior, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) apoya a la petrolera con 4 mil 392 elementos y la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) aporta 573 agentes, que además se coordinan para operativos espaciales con policías de los tres niveles de gobierno y con la Guardia Nacional, en tanto Pemex crece su plantilla de Salvaguardia. Apenas el 7 de septiembre, la empresa recibió 60 vehículos pick-up doble cabina, con equipamiento táctico, cámaras de vigilancia perimetral y GPS, de un ambicioso proyecto a futuro de 2 mil 200 unidades de ese tipo.
CRIMEN ORGANIZADO
La complejidad para abatir los delitos derivados del apoderamiento de los petrolíferos estriba en la estructura de las organizaciones criminales, su operatividad, la cooptación de personal de Pemex y de cuerpos de seguridad, incluyendo a elementos de la Guardia Nacional, de acuerdo con carpetas de investigación que obran en agencias del Ministerio Público de las áreas especializadas de la Fiscalía General de la República (FGR), como ha ocurrido en Puebla con el grupo denominado Nueva Sangre Zeta.
Según la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), que ha realizado pesquisas hasta por más de un año a una misma célula criminal, con plantones, seguimiento de personas, colaboración de informantes e intervención de comunicaciones privadas autorizadas por autoridad judicial, estos conglomerados son dirigidos por un líder y un segundo al mando, quienes controlan la sustracción, comercialización, transporte y posesión de hidrocarburos, entre estos petróleo y gas. También poseen narcóticos y armas para la defensa del territorio que tienen bajo su yugo.
Estructuras como Nueva Sangre Zeta cuentan además los “pinchadores” de ductos, con un contador que se encarga de recaudar y llevar las cuentas del dinero que proporcionan los líderes regionales por la sustracción de hidrocarburos, y con individuos que se encargan de la logística para la entrega del hidrocarburo en distintos puntos del Estado de México, Puebla, Acapulco y Celaya, Guanajuato, proporcionando la documentación que ampara la presunta propiedad del petrolífero.
Hay un coordinador para el robo de combustibles de los ductos y otro para el transporte y almacenamiento de sus productos, petróleo y gas. Otro recolecta las cuotas y las entrega a un mando superior que a manera de escalera hacen llegar las ilícitas ganancias al líder general y al contador. Cada célula cuenta con una “cabeza”, vehículos, choferes y “pinchadores” con las rústicas herramientas requeridas, y “halcones” dedicados a la vigilancia para avisar si alguna corporación de seguridad entra al territorio que tienen controlado. Una vez que se obtiene gasolina, diésel o gas, otros personajes se encargan de comercializarlo.
Los grupos criminales cuentan con sicarios para la defensa del territorio y guardan armas en puntos estratégicos. Y como en el narcotráfico, hay individuos que tienen la misión de gestionar la liberación de los vehículos de la organización que sean asegurados por las autoridades, a través del pago de sobornos para que no se investigue sobre las ilícitas actividades. Otra tarea de los sicarios es la privación de la libertad de personas contrarias a sus intereses para “alinearlas” o asesinarlas, de acuerdo a la encomienda de los jefes.
En algunos casos, como en Puebla, se ha detectado la cooptación de elementos de la Guardia Nacional, con la intención de que permitan el paso de unidades cargadas con hidrocarburos robados, siendo la labor de esos agentes gestionar con otros de sus compañeros el paso libre de vehículos o proporcionar información de los operativos que las autoridades realicen en la región y pongan bajo riesgo sus actividades criminales.
Recientemente, en un proceso penal seguido en el expediente 111/2020, del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez (Altiplano), también muestra que células delictivas siguen contando con el auxilio de personal de Pemex, encargado del monitoreo de los ductos que “permite el ingreso de los vehículos a las tomas clandestinas, e indica cuando suena la alarma de la toma clandestina, mediante el pago de cuotas”.
PENAS NEGOCIADAS
Leonardo y Potenciano escucharon atentos las preguntas del Juez de Control durante la audiencia: “¿Admiten su responsabilidad en la comisión del delito de posesión ilícita de petrolífero? ‘Sí, Señoría’. ¿Aceptan que se dicte sentencia con base en los medios de convicción expuestos por la fiscalía? ‘Sí, Señoría’. ¿Aceptan la pena que ha solicitado la fiscalía? ‘Sí Señoría’”. Así, los imputados fueron sentenciados a seis años ocho meses de prisión y una multa de 6 mil 667 días de salario.
Ambos jóvenes, detenidos cuando transportaban diez contenedores con 12 mil 590 litros de gasolina Magna robada, a bordo de un camión de redilas, optaron por la terminación anticipada del proceso penal al sujetarse voluntariamente al procedimiento abreviado, salida que eligen algunos delincuentes que son capturados y serán condenados irremediablemente. Un descuento en la pena original aplicable cuando se declaran culpables y cubren la reparación del daño.
Los huachicoleros de esta historia habrían alcanzado la sanción que establece el Artículo 9, (fracción II, inciso d) de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, que es de diez a quince años de prisión, y de diez mil a quince mil días multa. Se ahorraron tres años cuatro meses en la cárcel, y la reparación del daño por el costo operativo del trasiego del combustible sustraído fue tasada en 15 mil 992 pesos que ya pagaron los condenados.
De acuerdo con el III Informe de Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, las autoridades han detenido a 468 personas involucradas en la sustracción, transporte, almacenamiento, comercio y otras modalidades delictivas relacionadas con el combate al robo de combustibles. Aunque no se precisa cuántos quedaron libres, ni cuántos son procesados, se informó que 49 carpetas de investigación fueron judicializadas, se obtuvieron once sentencias condenatorias y se aseguraron 5 millones 368 mil 440 litros de hidrocarburos.
En otra vertiente del combate a estos ilícitos, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la FGR han asegurado durante el primer semestre del año, cuentas bancarias de personas o empresas ligadas a las modalidades del robo de hidrocarburos por 131 millones 400 mil pesos, aunque la información no está desagregada en número de cuentas, actividad de los cuentahabientes y las entidades federativas donde operan.
Aunque son pocos los peces gordos detenidos por huachicoleo, y por lo general a los capturados se les procesa como si hubiesen participado por cuenta propia, el 2 de octubre reciente, la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz informó de la aprehensión de Héctor “N”, alias “El Cholo” y/o “El Chalita”, objetivo prioritario de las fuerzas estatales y federales por ser identificado como presunto jefe de plaza de una célula delictiva del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) que opera en Orizaba.
La captura ocurrió en las inmediaciones de Campo Grande, municipio de Ixtaczoquitlán, en la región montañosa veracruzana, donde la policía ya contaba información de su presencia y lograron localizarle. El presunto huachicolero que intentó huir y disparó contra sus captores, también se dedica a delitos contra la salud, robo de vehículos y cuenta con varios atentados contra instituciones de seguridad. Portaba un chaleco táctico con las siglas “CJNG”, informó la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz.
