* Marco Moreno Mexía, quien será secretario de Hacienda en la administración de Marina del Pilar Ávila Olmeda, refiere la dramática situación de liquidez que heredarán de la administración de Jaime Bonilla Valdez
* De recurso disponible, Bonilla dejará menos de 100 millones de pesos, cuando la nómina del sector educativo de noviembre y diciembre (pago de aguinaldos) supera los 2 mil millones de pesos
* El todavía gobernador solicitó adelanto de las participaciones de noviembre y diciembre (ya el periodo de Ávila), por mil millones de pesos, para pago de gasto corriente. Además, en septiembre, recibió “recursos extraordinarios por 3 mil 500 millones de pesos”
* Gobierno de Marina del Pilar deberá contratar deuda de corto plazo para cerrar 2021
* Moreno sostiene que se debe terminar la práctica (del gobierno de Bonilla) de gastar más del ingreso disponible
* Buscará próxima administración federalizar el gasto educativo; ya están en pláticas con el Gobierno de México
* BC se encuentra en la posición 30 de 32 en inversión sobre gasto total; en la siguiente administración proyectan invertir para aumentar ingresos fiscales
* “Sin lugar a dudas, no tenemos la intención de trabajar con Fisamex”, advierte Moreno
* Revertirán proyecto de planta fotovoltaica de Bonilla
La administración de Jaime Bonilla Valdez dejará alrededor de 100 millones de pesos en las arcas públicas, cantidad mínima para que el próximo gobierno de Baja California, encabezado por Marina del Pilar Ávila Olmeda, enfrente las necesidades de gasto corriente.
Si bien la crisis de liquidez financiera que aqueja al Estado no es reciente, el actual gobierno tomó decisiones que no ayudaron a resolverla, y, por el contrario, Bonilla Valdez terminará su gestión con una deuda mayor a la que recibió.
El próximo secretario de Hacienda, Marco Moreno Mexía, estimó que, con base en la información a la que ha tenido acceso en la transición y que data del segundo trimestre de 2021, el pasivo “seguramente andará en el orden de los 30 mil millones de pesos”. Cantidad que equivale a la mitad del presupuesto que se proyecta ejercer en 2022.
Ante la “dramática” situación de liquidez, el gobierno entrante prepara un plan financiero que dé una “ruta de solución a las finanzas públicas del Estado” y tiene como premisa lograr el equilibrio presupuestal; es decir, que no se gaste más de los ingresos con los que se cuentan. A continuación, parte de la entrevista concedida a ZETA por Moreno Mexía.
— ¿Cuánto dinero les dejará en las cuentas el gobierno de Bonilla el 1 de noviembre?
“Los recursos de libre disposición que estimamos, se tendrán el 1 de noviembre, serán de una cantidad menor a 100 millones de pesos”.
— Eso no alcanza ni para nómina. ¿Cuál va a ser la primera acción?
“Hay dos grupos de recursos que va a dejar el Gobierno del Estado. Hay una parte del recurso etiquetado que tiene que ver con la disposición del último crédito de 3 mil millones de pesos. Esos recursos tienen que ser destinados a inversión pública productiva, en la medida en que no se alcancen a ejecutar, va a haber una porción importante de esos 3 mil millones de pesos. Al menos la mitad, posiblemente, van a estar inmovilizados en las cuentas del Estado para atender procesos de inversión en obra pública.
“La otra parte tiene que ver con recursos de libre disposición, donde ciertamente un importe de 100 millones de pesos es una cantidad mínima para las necesidades de gasto corriente del Estado. Por poner un ejemplo, los requerimientos para atender las nóminas del sector educativo en noviembre y diciembre son superiores a los 2 mil millones de pesos, entonces, evidentemente al inicio de la administración -y como se está gestionando en la actual administración un adelanto de participaciones que tendrían que ser descontadas al Estado en noviembre y diciembre-, tenemos que buscar una alternativa a través de la contratación de deuda de corto plazo, y eventualmente, de apoyos con la Federación que ya estamos buscando para tratar de solventar las necesidades de liquidez del cierre del ejercicio”.
— Está diciendo que Jaime Bonilla pide en octubre que le adelanten participaciones de noviembre y diciembre. ¿Por qué cantidad?
“Una cantidad menor a los mil millones de pesos”.
— ¿Para qué los necesita?
“Para el gasto corriente. La situación de liquidez del Gobierno del >Estado es dramática, y es algo que no viene generándose a partir de esta administración. El gobernador Bonilla recibió una situación de caos financiero de la administración de Francisco ‘Kiko’ Vega, y esos problemas de liquidez se han venido incrementando a lo largo de los años. Hay un problema estructural en las finanzas públicas del Estado que se tienen qué corregir, con procesos más formales de reestructuración”.
— El secretario de Hacienda (Adalberto González) había señalado que esperaban 3 mil millones de pesos. ¿Esos mil millones que está comentando son adicionales?
“Sí. El Gobierno del Estado recibió ya un apoyo extraordinario de parte del Gobierno Federal de 3 mil 150 millones de pesos. Fueron aportaciones extraordinarias que se realizaron en los meses recientes -a partir de agosto si mal no recuerdo- y se fueron entregando mensualmente. El último componente de ese apoyo extraordinario se realizó la semana pasada, para completar esos 3 mil 150 millones de pesos”.
— O sea que para su cierre fueron 4 mil 150 millones de pesos…
“Insisto: la situación de liquidez del Estado es muy compleja. No tiene capacidad de atender el pago del gasto corriente que tiene el Estado en toda su dimensión”.
— Este gobierno tuvo herramientas que otros no; por ejemplo, pudo refinanciar la deuda, incrementó algunos impuestos, pidió deuda para infraestructura, tuvo créditos de corto plazo y más recursos federales ¿Cómo se puede entender, o dónde está el dinero y por qué estamos viendo este problema de crisis financiera?
“Por la dinámica del gasto. El problema que tiene el gobierno en términos financieros es que el gasto crece mucho, por encima del comportamiento del ingreso y eso se refleja en que la deuda crece a una dinámica mayor. Mientras eso suceda, evidentemente no habrá forma de resolverlo. Lo primero que tienes que hacer en una entidad en crisis financiera es ponerle un tapón de generación de déficit, si no, no vas a poder empezar a ver los beneficios de un mayor ingreso o de recursos de otro tipo, como el crédito en infraestructura.
“La dinámica es compleja. La motivación de las decisiones en materia financiera las desconozco. No fui parte de esta administración, lo que sí me parece es que no hubo un proceso de planeación financiera integral para evaluar la forma en que estos proyectos estratégicos que pretendieron impulsar, pudieran absorberse por parte de las finanzas del Estado, y afortunadamente la mayoría de los casos no tuvieron posibilidad de aterrizarse”.
— ¿Eso significa que gastaron mucho, que gastaron donde no debían hacerlo, que no invirtieron, que tomaron decisiones erróneas?
“Seguramente es un poco de todo. A final de cuentas, dos años es un periodo de tiempo muy corto para resolver el problema financiero que recibieron, para hablar en su justa dimensión. Venían de una crisis de liquidez profunda, tuvieron la oportunidad con estos recursos adicionales de mejorar las cosas, pero buscaron invertir en sus programas, en sus proyectos; algunos no se materializaron como los de gran calado, afortunadamente, porque esos proyectos tienen implicaciones de deuda contingente para el Estado que hubieran imposibilitado que el nuevo gobierno entre a resolver lo antes posible”.
— ¿Cuál es su propuesta de plan financiero?
“Estamos completando el diagnóstico. Evidentemente necesitamos toda la información a detalle para poder armar un planteamiento. Como premisa fundamental, tenemos que lograr el balance presupuestario, no debe continuar esta práctica de gastar consistentemente más del ingreso disponible, porque ese déficit tiene que buscar una vía de financiamiento de una u otra manera, entonces, lo que estamos planteando y tenemos confianza en que se puede lograr entre uno y tres años es ese balance presupuestal.
“Luego los cómos. Vemos espacio de mejora en los niveles de recaudación sin necesidad de incrementar impuestos. Pensamos que hay un espacio de incremento recaudatorio trabajando fundamentalmente en una mejora de los sistemas de información. Estamos platicando con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) federal para establecer algún mecanismo o convenio que nos permita incrementar el proceso de recaudación. Tenemos confianza en que pudiéramos estar incrementando en los siguientes dos años un nivel de mil 500 millones de pesos adicionales de recaudación. Tenemos un espacio adicional muy importante de recaudación de los organismos operadores del agua.
“En términos de la administración central, también vemos un espacio en los mecanismos de gasto. Tenemos un reto fundamental en gasto educación y en salud, ahí también ya iniciamos conversaciones con el Gobierno Federal en el sentido de rápidamente poner en la mesa o explorar el mecanismo de federalización del gasto en educación, fundamentalmente”.
— Es una lucha de muchos sexenios…
“Platicamos con el Presidente (Andrés Manuel López Obrador) y se mostró totalmente dispuesto a ello. Ya tuvimos una primera conversación con la Secretaría de Hacienda. Son temas que no son sencillos, pero el recurso a final de cuentas saldría del espacio federal presupuestal y hay una lucha feroz por el presupuesto, eso lo entendemos, pero tengo confianza en que, si logramos articular un plan financiero integral, convincente de la Federación, tenemos la posibilidad de lograrlo”.
— Pero también significaría menos recursos para Baja California, porque se restan los recursos a educación, que es casi 50%
“Exacto, pero el gasto en educación está provocando un déficit en sí mismo en el rubro educativo. Si logramos federalizar el gasto en educación y en salud, y que todo el presupuesto que se ejerza en el Estado de esos dos principales rubros venga directamente de la Federación, no tendríamos el problema que tenemos este momento. Claro, hay que acompañarlo con una serie de medidas adicionales.
“En el gasto en el cual tenemos capacidad de incidir en su comportamiento, también vemos un espacio de mejora en ciertos rubros muy identificados, que estamos revisando y queremos completar. Ya con la información en toda su profundidad, determinar cuáles son las áreas del gasto susceptibles de recorte. Hay rubros en particular que han crecido de forma extraordinaria, como el gasto en servicio de alimentación de los Cereso, y tiene que ver con una concesión que se le entregó a una empresa privada para atender ese proceso. No quiero adelantarme porque no tenemos completado el análisis, pero vemos un espacio de mejora en ese rubro.
“Parte de los ejes de este plan financiero es un mecanismo importante de inversión en infraestructura, que tiene un efecto muy positivo en el tiempo en las finanzas públicas, porque la inversión en infraestructura y en general la privada, genera inversión que se traduce en mayores ingresos fiscales para el Estado. Si revisamos el comportamiento del gasto de capital o de inversión sobre el gasto total en los últimos ocho años, somos el Estado número 30 de 32 en ese desempeño, evidentemente siendo un Estado enseguida de California -una de las economías más importantes del mundo-, no podemos continuar con esos niveles de inversión.
“Estamos platicando con el Gobierno Federal, con los agentes financieros, para impulsar un programa de inversiones que permita acelerar este aumento de ingresos fiscales, para poder salir lo antes posible de esta condición financiera. Hay otros rubros importantes que son ejes que tenemos que ejecutar, uno tiene que ver con Issstecali y el otro con los organismos operadores del agua. Ambos requieren a profundidad un proceso de reestructura operativa y financiera, son entidades que están generando déficit que está siendo absorbido por las finanzas públicas del Estado en su conjunto”.
— ¿El hecho de regresar algunas áreas como antes de la administración de Jaime Bonilla implica un gasto? Por ejemplo, separar la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, la Secretaría de Turismo de la SEST, y el SAT BC, ¿regresarlo a las facultades de la Secretaría de Hacienda?
“Bueno, cada área tiene una lógica distinta. En el caso de Fiscalía General del Estado se fue con un presupuesto consolidado que se incrementó en los últimos dos años. Lo que estamos haciendo en el proceso de redefinición de las funciones, es buscar un planteamiento de un techo financiero que permita llegar a los niveles de gasto en los dos grandes procesos, Ministerio Público y acción policial, y que no haya un incremento efectivo del presupuesto asignado a esa área.
“En el caso de la Secretaría de Economía y el regreso a atender actividades de turismo de manera independiente, tiene la misma lógica, es decir, no incremento del presupuesto. Estamos buscando analizar un cambio en la definición de los recursos que van a las actividades de promoción turística y del Estado, promoviendo utilizar los fondos del Fideicomiso Empresarial (Fidem) y del Fideicomiso de Turismo para que en su mayor parte se destinen a procesos de promoción económica y a apoyos financieros a las MiPyME, a las actividades productivas del Estado.
“Nuestra intención es dejar el SAT BC como una unidad recaudatoria, con ese enfoque, dentro de la Secretaría de Hacienda, y redimensionar las funciones de las áreas de recaudación para que queden colgadas del SAT BC.
“En el caso de la Procuraduría Fiscal, evitar duplicidades de procesos de análisis fiscal. La intención es que lógicamente, con el mismo gasto, con menos gasto, generar esa recaudación adicional que estamos buscando”.
— Se ha hablado que hay diferentes juicios en contra de los cobros de Fisamex. ¿Se tiene un estimado de cuánto podría devolver el gobierno?
“No. Es parte de la complejidad de no tener la información a profundidad de los organismos operadores del agua. Estamos trabajando en un proceso de entrega-recepción desde hace prácticamente 90 días, como marca la Ley.
“En el caso de la Secretaría de Hacienda y Sidurt hemos recibido la información que hemos requerido y la disposición a revisar los asuntos importantes, cosa que no ha sucedido en la Secretaría del Agua y en los organismos operadores del agua. Entiendo la preocupación de Fisamex y es algo que queremos revisar a la brevedad, porque eventualmente los cobros realizados a nombre de Fisamex y los pagos que se han hecho por parte de los organismos operadores a Fisamex, si no están en una condición jurídicamente sólida y hay procesos de demanda importantes contra esos cobros, pudieran implicar tener un pasivo contingente a cargo del Estado”.
— ¿No de Fisamex?
“Si se da el caso, lógicamente buscaríamos ir contra Fisamex por la devolución de los recursos que se le hayan liquidado y que se haga responsable de su gestión. Pero insisto: no tengo elementos ahorita para plantear cuál es la situación en el caso concreto de Fisamex”.
— Pero ¿es un hecho que termina la colaboración de Fisamex con el gobierno?
“Sin lugar a dudas. No tenemos la intención de trabajar con Fisamex a futuro”.
— ¿El próximo gobierno tiene la intención de continuar con la Secretaría del Agua, o se eliminará?
“Estamos haciendo un análisis para definir si se queda la Secretaría del Agua o si se fusiona con la CEA (Comisión Estatal del Agua)”.
— El secretario del Agua (Salomón Faz) declaró estar a punto de cambiar al proveedor de electricidad del Acueducto Río Colorado-Tijuana a E3, que es parte del consorcio que ganó la licitación para la planta fotovoltaica. ¿Se sabe si ya se hizo el cambio de proveedor?
“Nuestra postura ha sido muy clara, y de parte mía, personalmente lo he manifestado a través de oficios directamente al secretario del Agua. No estamos de acuerdo en que a estas alturas de la administración se procese un nuevo cambio de contrato de energía eléctrica. Voy a tratar de decirlo con mucho cuidado, pero también con mucha claridad: el manejo del suministro eléctrico por parte de la CEA ha sido poco favorable para el Estado.
“Recibe esta administración una situación donde hay un contrato por parte de un suministrador privado, Sumex; decide cambiarse a otro suministrador privado que es Orca y en cada proceso de cambio se generó un costo adicional para el Estado y un pasivo no pagado al suministrador. La Secretaría del Agua reconoce un adeudo del orden de 80 millones de pesos con Sumex y un adeudo por el orden de 275 millones de pesos con Orca. Después de que terminan el acuerdo con Orca, que también es sujeto de una demanda por parte de Orca -que vamos a revisar en su oportunidad-, el Estado no tuvo otra alternativa que contratar los servicios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de nuevo, pero bajo la modalidad de suministro de último recurso, que es el perfil de precios más inadecuado por el volumen de energía que requiere el acueducto.
“Cambiarse en este momento a dos semanas de que concluya la administración a un nuevo administrador privado, nos parece por decirlo menos ilógico. Si has demostrado que en estos procesos de cambio han sido cada vez con condiciones peores que con el previo, no podríamos esperar algo adicional, sobre todo que este proveedor privado es una empresa vinculada a la del proyecto de la planta fotovoltaica.
“No estamos de acuerdo, así se lo hemos manifestado a la actual administración y a las autoridades federales, tanto a la CFE como a la Secretaría de Energía, a todas las instancias involucradas en este cambio. Tenemos confianza en que no lo van a poder hacer en esta parte final de la administración”.
— ¿Ustedes piensan revertir esta planta fotovoltaica?
“Desde luego. Hay un grupo de proyectos que ya revisamos, el más importante es el de la planta fotovoltaica. Conceptualmente, por supuesto nadie en su sano juicio va a estar en contra de que haya generación de energía renovable en el Estado, el problema con el proyecto de la planta fotovoltaica son las condiciones bajo las cuales se negoció ese contrato. En ese proyecto hemos tenido mucho cuidado, lo que hicimos fue integrar un grupo de especialistas técnicos, jurídicos y financieros para revisar a profundidad el proyecto y las conclusiones que tenemos son contundentes: representa un mal negocio para el Estado.
“Las condiciones principales del contrato están totalmente a favor de la empresa privada, la empresa privada inclusive en estas fechas no reúne los permisos requeridos por el Gobierno Federal para su funcionamiento. En ese sentido, es un despropósito continuar con ese proyecto”.
— Sobre el presupuesto para 2022, ¿qué ingresos y egresos podrían estimarse y a qué rubros darán prioridad?
“El presupuesto del Estado en 2021 fue del orden de los 58 mil 500 millones de pesos. El presupuesto estatal 2022, sin considerar partidas de gasto de capital o inversión, va a andar por el orden de los 60 mil millones de pesos.
“Quiero ser muy claro, tampoco hay muchas maneras de redistribuir el presupuesto, porque la mayor parte es gasto ya comprometido. Si vemos la concentración del presupuesto, el gasto en educación y salud tiene prácticamente 55%. Si incorporamos el efecto de pensiones, nos vamos al 65%, entonces, el gasto en el cual tenemos capacidad de incidir en un cambio es relativamente pequeño.
“Lo que estamos haciendo, es trabajar en una mesa conjunta con todos los involucrados de las áreas de gobierno para que este gasto corresponda al planteamiento del plan de gobierno que ha mencionado la gobernadora electa, y que lógicamente logremos iniciar este proceso de normalización presupuestal. Vamos a tener que ser muy cuidadosos y enfáticos en el control del gasto. Si tenemos un déficit en promedio de 3 mil 500 o 4 mil millones de pesos, tenemos que buscar que baje a la mitad desde el primer año, con la intención de lograr este equilibrio presupuestal a partir del segundo año.
“Tendremos que buscar, insisto, ser imaginativos con la redistribución del gasto, buscando empujar áreas de inversión que sean a su vez generadoras de flujo”.
— ¿Inversiones en infraestructura que tengan beneficios en la generación de flujo, como APP (Asociaciones Público Privadas)?
“Puede ser una alternativa, desde luego. Recuperación de vialidades importantes que tengan posibilidad de generar un aforo como el Bulevar 2000, hay un plan que pudiera permitir cobrar a todo el tráfico industrial un aforo por el uso de la vialidad y que se justifica de manera muy clara por las condiciones en las que está. Procesos de ingeniería financiera que permitan adelantar el proceso de inversión, estamos platicando con algunos fondos de infraestructura importantes a nivel internacional que están dispuestos a tomar riesgo en Baja California.
“Insisto: tenemos que salir con un diagnóstico claro y un plan financiero por seis años que dé confianza a los actores involucrados. Agencias calificadoras, fondos de inversión en infraestructura, esto no puede continuar de esta manera. En los últimos ocho años hemos recibido siete bajas de calificación, eso tiene una implicación en el gasto del servicio de la deuda.
“En la medida que eres más confiable o tus niveles de riesgo como acreditado financiero son mejores, eso te permite bajar los niveles de servicio de la deuda. Tenemos que empujar en ese sentido. La inversión en infraestructura y la inversión en general van a ser vitales por el efecto elástico que tienen en la actividad económica”.
Gracias.
