Este viernes 1 de octubre, mientras la edición impresa de ZETA empiece a circular, tres de los cinco ayuntamientos que integran el Estado bajacaliforniano estrenarán a sus respectivos alcaldes electos el pasado mes de junio. Y los otros dos ediles morenistas reelectos -quienes ya se desempeñaron en el cargo por dos años-, iniciarán el próximo trienio como segundo ciclo.
Entre el 1 de octubre de 2019 y el 28 de septiembre de 2021, los ayuntamientos bajacalifornianos acumularon 6 mil 139 víctimas de muertes violentas: 4 mil 189 homicidios en Tijuana, 807 en Ensenada, 453 en Mexicali, 412 en Tecate y 275 en Rosarito.
Con esos números, la inseguridad y la violencia homicida son el principal problema a combatir, y el pendiente, la promesa incumplida número uno que los alcaldes deberán encarar.
Pero no es el único problema en común. También está la llegada de migrantes, el déficit de policías, el incumplimiento de su derecho a acceder a prestaciones sociales, el prometido saneamiento de finanzas y eliminación de pasivos; la falta de transparencia, la deficiencia de los servicios de limpia y agua y una larga lista de obra pública pendiente.
No la tienen fácil.
De entrada, tendrán que luchar por su autonomía y librar la evidente intervención del Estado. Para muestra, la tragicomedia que se vivió entre la madrugada del 29 y 30 de septiembre, en la que el gobernador en funciones, Jaime Bonilla Valdez, y la gobernadora electa, Marina del Pilar Ávila, usaron al Congreso y al ayuntamiento de Tijuana para jugar a las vencidas.
Unas guerritas en las que uno y otro lado, decidieron -a su conveniencia- manipular e interpretar las leyes en lugar de acatarlas. Todo, en medio de la lucha de Bonilla por imponer, y de Ávila por detener, una ventajosa e incompleta municipalización de los servicios de agua potable, en la que el dinero queda en manos del Estado, mientras el trabajo y la operatividad son responsabilidad de los ayuntamientos
Luego, el tema económico de ayuntamientos que han acumulado pasivos. En BC, se trata de municipios a los que -en campaña- Bonilla prometió recursos para salir de deudas y a la mera hora no pudo, porque a él tampoco lo apuntaló la Federación.
Pero en medio de ese “cada quien hágale como pueda”, a los ayuntamientos les tocó llevar la peor parte, porque la administración bonillista no sólo no les dio, no los ayudó a salir de los problemas financieros, sino que les quitó, generando boquetes en los erarios. Porque mediante acuerdos ilegales, les retuvo las “inembargables” participaciones federales- más de mil 300 millones de pesos sólo a Tijuana- y usó esos recursos etiquetados en temas diferentes, como pagar deudas del Estado.
Peor les fue a los presidentes municipales caídos de la gracia del ingeniero Bonilla, a quienes les complicó el panorama político y financiero a través de la Fiscalía General del Estado, encabezada por su compadre Guillermo Ruiz Hernández. Ahora, el rezago que generaron los ataques y falta de apoyo, será lo que tendrán que cargar los alcaldes entrantes de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, y el de Tecate, Darío Benítez Ruiz.
A Benítez le tocará cumplir sus promesas y las que dejó pendientes su antecesora, como eficientizar el sistema de recolección de basura, la operatividad de auditores de obra pública, incrementar el alumbrado y una lista pendiente de obras públicas. Caso similar al de Caballero en Tijuana, con el combate a la ola homicida que tiene al municipio en los primeros lugares de inseguridad, el problema del tráfico y la carencia de vialidades, el combate a la corrupción, la implementación de programas de transporte público, el fortalecimiento de la seguridad pública, el combate a la ola homicida o la construcción de parques y áreas deportivas, entre muchos otros problemas.
El próximo trienio también será difícil para el ensenadense Armando Ayala, ahijado consentido del gobernador saliente, quien se la pasó diciendo que era el mejor munícipe de la región, a pesar de encabezar la entidad donde la violencia homicida ha crecido en mayor proporción durante el bienio que concluye: 848 asesinatos en dos años, 877 si se suman los de San Quintín, poblado en proceso de municipalización.
Sin la protección del padrino, Ayala deberá hacer frente a los temas de calles bacheadas y pavimentadas que se destruyeron con las primeras lluvias, a una población que reclama el prometido acceso equitativo al servicio de agua, que sigue esperando el programa de transporte público eficiente y el Plan de Movilidad Urbana, o la creación y mejora de las carreteras para entrar y salir del municipio.
En medio de estas filias y fobias políticas, Rosarito y su alcaldesa que repite, Araceli Brown, pasaron casi desapercibidos, de no ser por las amenazas del narcotráfico, en las que el Cártel Jalisco Nueva Generación acusó al gobierno municipal de favorecer a la mafia sinaloense. Pero poco se habló de las promesas incumplidas a sus electores y que ahora Brown tendrá otros tres años para saldarlas, por ejemplo, reorganizar la estructura del ayuntamiento, sanear el presupuesto, la asistencia técnica y financiamiento para microempresas, un nuevo modelo de desarrollo policial, el programa integral de pavimentación, la cobertura de servicio de recolección de basura pesada y el plan de protección y preservación del Cañón de Rosarito.
Para Norma Bustamante Martínez, alcaldesa de Mexicali Capital, la lista de pendientes dejada por la gobernadora electa, Marina Ávila quien dejó el cargo siete meses antes de terminar, es extensa: una Guardia Comunitaria, aumentar el alumbrado público, casas de bienestar y convivencia, mantenimiento de vialidades, rescate de las lagunas, mejora regulatoria, transparentar compras y demás etcéteras.
En esta nueva etapa, en teoría, Tecate y Tijuana tendrían menos obstáculos; Ensenada reduciría su acceso al trato privilegiado, que ahora podría disfrutar Mexicali por ser el municipio de origen de la nueva mandataria estatal.
Pero aun con este piso más parejo, los cinco ayuntamientos y San Quintín -como municipalidad en formación-, deberán hacer frente a las complicaciones económicas, exacerbadas por las consecuencias de la pandemia de COVID-19 y a una larga lista de promesas incumplidas por los morenistas que los antecedieron, o por ellos mismos, como Armando Ayala en Ensenada y Araceli Brown en Rosarito.
