Un gobierno aletargado, una alcaldesa que no destaca, una cuestionable operatividad del Cabildo, la pereza del secretario del Ayuntamiento y del coordinador de regidores, impiden desarrollar un plan de trabajo serio
Luego de la publicación realizada por ZETA, donde se exhibe un presunto caso de tráfico de influencias dentro de la administración del FEX, dirigido por Omar Landa Cabada
El costo que está pagando la alcaldesa de Mexicali, Norma Bustamante Martínez, por proteger a su amigo Omar Landa Cabada, director del FEX, es muy alto.
Aunque Ávila Olmeda logró su cometido, no ha podido evitar que regidores del Ayuntamiento de Mexicali repliquen el mismo mensaje, y cada vez es más evidente el rompimiento de Norma con su Cabildo.
Afirmó que los sitios donde se mantiene una alta incidencia de criminalidad no necesariamente representan un riesgo para el proceso de participación ciudadana.
El 14 de marzo, Mexicali cumplió 119 años de fundación y el gobierno municipal llevó a cabo una ceremonia oficial a la que fue invitada toda la plana mayor gubernamental y de diversos sectores sociales.
Al centro del escenario y con la presencia de su gabinete y del secretario general de Gobierno, Catalino Zavala Márquez, la funcionaria emitió un discurso tibio y plagado de retórica, donde no brindó datos concretos sobre los avances o condiciones en que detectó la administración que asumió el 1 de octubre de 2021.
En poco más de una semana, la administración del FEX de Mexicali -centro de espectáculos donde se llevan a cabo las Fiestas del Sol- ha sido el epicentro del desastre para la alcaldesa Norma Bustamante Martínez, quien ha priorizado la banalidad, lo superfluo, lo teatral, antes que realmente dirigir el municipio.
En una sesión extraordinaria de Cabildo, el conocido abogado y ex vicefiscal, Pedro Ariel Mendivil, fue nombrado el jefe policíaco de Mexicali, en sustitución de Joel Hidalgo Dueñes Hurtado, quien no cumplía ni 90 días en el cargo.
Con 16 votos a favor, el cabildo de Mexicali avaló el dictamen que crea la Secretaría de Seguridad del estado emitido por el Congreso del Estado y propuesto por la gobernadora Marina del Pilar Ávila; es el primer municipio en avalar la respuesta