La Secretaría de Gobernación (SEGOB) confirmó, este martes 5 de octubre, que en lo que va de la presente Administración encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, desde diciembre del 2018 a la fecha, han sido asesinados un total de 47 comunicadores, además de 94 activistas, lo que da un total de 141 personas y la mayoría de estos crímenes están impunes.
Enrique Irazoque Palazuelos, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, en la que estuvo acompañado por Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, el funcionario federal sostuvo que del total de asesinados, sólo seis estaban en el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
“Del último caso, de Gustavo Sánchez Cabrera, que pertenecía al ámbito periodístico de Oaxaca, nosotros mismo como mecanismo generamos una solicitud para que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos iniciara una investigación por las posibles omisiones que pudiera haber de cualquier autoridad, tanto del ámbito federal como del ámbito local, que eran quienes estaban implementando las medidas de ese periodista”, dijo Irazoque Palazuelos.
En el caso de los asesinatos de activistas, que suman 94, el funcionario federal detalló, solo se han dictado sentencia en dos casos, por lo que la impunidad alcanza el 99 por ciento, mientras que en los homicidios contra periodistas se ha emitido cinco sentencias, por lo que la impunidad es del 89 por ciento.
Según añadió Irazoque Palazuelos, ara el primer grupo, el mayor número de asesinatos se han cometido en Guerrero, Oaxaca, Chihuahua, Chiapas, Veracruz y Michoacán, en tanto que el segundo, la mayor incidencia se concentra en Sonora, Guerrero, Veracruz, Michoacán, Estado de México y Oaxaca.
“Desde el mecanismo hay un monitoreo constante de las agresiones que, sin ser homicidios también se cometen, tenemos información que las amenazas, las agresiones físicas, el robo, la persecución y la desaparición son las agresiones que más proliferan entre las y los periodistas, ya sea por servidores públicos, que tenemos un 40 por ciento de involucramiento en ese rubro; de la delincuencia organizada y también de perfiles no identificados”, afirmó el funcionario federal.
Irazoque Palazuelos comentó que se firmarán convenios de colaboración con las 32 entidades federativas para generar políticas públicas de prevención contra las agresiones, las amenazas y los riesgos de las personas defensoras de los derechos humanos y periodistas.
“También intensificar la protección hacia los casos vigentes y a los que se sigan presentando y, por supuesto, generar protocolos estrictos de seguridad que deban atener las personas beneficiarias del mecanismo”, expresó el funcionario federal.
Por su parte, Encinas Rodríguez aseguró que se realizarán las acciones necesarias para mejorar el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y que, entre éstas, está mejorar la coordinación con las autoridades locales, que son las que en primera instancia deben garantizar la seguridad.
“Tenemos que atender el riesgo, el contexto de riesgo que se presenta, en donde la expresión más delicada, por supuesto, es el homicidio o el secuestro, pero, por supuesto, desde las amenazas a las agresiones físicas, al robo de equipo, a la intromisión de los hogares, implica una tarea para enfrentarlo de manera integral. Necesitamos que las autoridades locales cumplan con su responsabilidad”, enfatizó el subsecretario.
