Consideró que los preceptos vulneraban el principio tributario de legalidad, al permitir que sea el Registro Público de la Propiedad y el Comercio el que determine el costo de los otros servicios que presta
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El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó dos artículos de la Ley de Ingresos del Estado de Baja California del ejercicio fiscal 2021 (vigente) en la acción de inconstitucionalidad 20/2021, y conminó al Congreso del Estado a que “se abstenga de incurrir nuevamente en el mismo vicio de inconstitucionalidad de las normas declaradas inválidas”.
Los artículos 12, fracción XVI, y 14, fracción X, de la Ley de Ingresos invalidados establecían derechos tributarios por “otros servicios” que presta el Registro Público de la Propiedad y de Comercio (RPPC) a los mencionados en los mismos numerales, y que se cobrarían de acuerdo con lo que estableciera el RPPC, sujetándolos a que fueran proporcionales al costo.
El máximo tribunal del país determinó que esos artículos de la Ley de Ingresos vulneraban el principio tributario de legalidad, al permitir que sea la citada autoridad administrativa quien determine los elementos cuantitativos de contribución.
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La SCJN también decidió que esas disposiciones transgredían el derecho fundamental a la seguridad jurídica, ya que los contribuyentes no sabrían a qué atenderse al desconocer cuáles son los conceptos que integrarían el costo y, por ende, las cuotas que se cobrarían por los “otros servicios”.
En un comunicado, emitido este jueves 23 de septiembre de 2021, la SCJN recordó que la acción de inconstitucionalidad 20/2021 fue promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos demandando la invalidez de diversas disposiciones de la Ley de Ingresos del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal de 2021.
