Abarca el diseño, construcción, equipamiento y operación del Sistema de Conducción de Agua Recuperada para el Valle de Guadalupe por un monto de mil 544 millones de pesos, que traerá agua tratada de la planta Punta Bandera. Contrato otorgado por la CESPT en la recta final de la administración del panista Francisco Vega de Lamadrid
Tres años después de firmado el contrato con la empresa israelí Odis Asversa para llevar aguas tratadas a los viñedos del Valle de Guadalupe, otorgado en la recta final de la administración del panista Francisco Vega de Lamadrid, el equipo de transición de la gobernadora electa Marina del Pilar Ávila Olmeda ha retomado el proyecto junto con vitivinicultores.
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Tras la gira de Ávila Olmeda y productores de Baja California a Napa Valley los pasados 4 y 5 de septiembre, el uso de aguas revitalizadas para uso agrícola en la zona vitivinícola más importante de México fue puesto de nuevo sobre la mesa, tomando la experiencia de los californianos que data de los años 90.
Sin conocer a detalle el contrato entre Odis Asversa y la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), así como el proyecto, el equipo de transición en materia de desarrollo económico, encabezado por Kurt Honold, confirmó a ZETA la intención de la próxima gobernadora y los vitivinicultores de aterrizar el acueducto.
El propio ex presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Tijuana dijo que el equipo de transición ha obtenido información de donde ha podido para entender bien la concesión y el proyecto, revisar los términos legales y transparentar todo el proceso.
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Lo más importante, aseguró, es resolver la escasez de agua en el Valle de Guadalupe, de ahí que la gobernadora electa haya viajado a Napa Valley para conocer los beneficios y posibles problemas de utilizar aguas tratadas en viñedos.
De acuerdo con Honold, el viaje sirvió mucho para entender el tema y saber que es viable ejecutarlo en el Valle de Guadalupe, además de que las cinco asociaciones de vinicultores y productores están de acuerdo.
El acuerdo entre gobierno electo y productores fue reunirse con la empresa concesionaria y después todas las partes para tratar de aterrizar el proyecto de manera transparente.
Sobre los diversos permisos municipales, estatales y federales para la realización del proyecto, Honold comentó que, según lo dicho por los productores, la empresa ya los tiene, pero ese será tema de revisión una vez que se reúnan las partes, e insistió, la gobernadora electa lo ve viable.
De la municipalización de la CESPT y la afectación que tendría en cuanto a la realización del proyecto, respondió que existe una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ordenó detener todo, por lo que habrá que esperar la de este asunto.
Kurt Honold reconoció que los productores han insistido en que el precio del agua tratada planteada por Odis Asversa es muy elevado -entre 18 y 20 pesos por metro cúbico, según lo expresado por vitivinicultores a lo largo del proceso-. Sobre una posible modificación del contrato, indicó que tal vez no sea necesario, siempre y cuando se pueda aterrizar el proyecto y se haga de manera transparente.
PROYECTO MODIFICADO Y RETRASADO
En mayo de 2018, la CESPT adjudicó la licitación a la empresa y el 13 de septiembre del mismo año se firmó el contrato con el Gobierno del Estado, en un evento celebrado en el Museo del Vino con la presencia de diversos productores de la región.
La Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) con clave 02BC2019H0049, fue ingresada a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) el 17 de septiembre de 2019, aprobada el 9 de julio de 2020 y publicada en la Gaceta Ecológica el 23 de julio del mismo año. A finales de julio de ese mes, el Ayuntamiento respondió a ZETA que Odis Asversa no había solicitado a la Dirección de Administración Urbana, Ecología y Medio Ambiente el uso de suelo ni la licencia de construcción, tampoco Gobierno del Estado.
A través de Comunicación Social, se solicitó una actualización de información en torno a solicitudes de permisos municipales para realizar el proyecto, pero no hubo respuesta.
El proyecto original fue modificado sin una nueva licitación; originalmente se contemplaba traer agua tratada las plantas La Morita y Arturo Herrera, pero se cambió por agua de la planta Punta Bandera.
El costo estimado asciende a mil 544 millones de pesos, de los cuales el 20% de inversión procederá de la empresa Odis Asversa y 80% se obtendrá de crédito bancario.
El proyecto, según lo publicado en la Gaceta Ecológica, consiste en la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales para dar tratamiento a un metro cúbico por segundo; una vez tratada, será conducida a través de un acueducto de 111.103 kilómetros de longitud y diámetros de 46 o 48 pulgadas, a una estación de rebombeo y sistema de recepción para distribución de agua tratada a diversos productores del Valle de Guadalupe; asimismo, cuando el agua no se aproveche, se dispondrá en el escurrimiento de San Antonio de los Buenos, para riego en campos de golf o para retornarla a la CESPT.
El contrato tiene vigencia de 20 años y posibilidad de prórroga por 10 más, en tanto que la planta de tratamiento tendrá capacidad para operar durante 50 años.
El proyecto comprende tres obras principales: una nueva planta de tratamiento de aguas residuales en el predio de la actual Punta Bandera, con capacidad de un metro cúbico por segundo; un acueducto de 111 kilómetros lineales con 46 a 48 pulgadas de diámetro y una planta de bombeo en Santa Anita.
La zona donde se pretende construir la nueva planta corresponde a un predio propiedad del Gobierno del Estado de Baja California, administrado por la CESPT en la zona de Punta Bandera, perteneciente a San Antonio de los Buenos, municipio de Tijuana.
“En virtud de los tiempos de gestión será necesario contar con un plazo para la construcción equivalente a cuatro años y de 30 años para llevar a cabo las actividades de operación y mantenimiento. El inicio de las obras de preparación del terreno y construcción del proyecto está programado tentativamente para el primer semestre de 2020. El inicio de operaciones de la planta de tratamiento y del acueducto se prevé para mayo de 2022. El tiempo necesario para lograr el desarrollo de las obras y actividades puede ser de 36 meses previos a las pruebas de arranque. Durante toda la etapa de operación se les dará mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones”, describió Odis Asversa en la MIA.
En el contrato firmado entre la CESPT y la empresa israelí se establece una contraprestación de 87 centavos a favor de la paraestatal, en tanto que Odis Asversa pretende vender a los productores a 19 pesos el metro cúbico.
Tomando en cuenta que el volumen garantizado es de 86 mil 400 metros cúbicos diarios, lo que anualmente se traduce en 31 millones 536 mil metros cúbicos y 630 millones 720 mil metros cúbicos en 20 años, la empresa generaría 11 mil 983 millones 680 mil pesos. Diez veces más de lo invertido, recuperando la inversión en dos años.
IMPULSO, SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO
En su gira de trabajo por Napa, la gobernadora electa Marina del Pilar Ávila refrendó su compromiso por consolidar el vino de Baja California en el mapa mundial, a través de un apoyo histórico e incentivos, cuidando además la vocación vitivinícola de los valles de la entidad mediante un esquema de protección de su vocación natural.
La política expresó que durante su administración se promoverán las mejores prácticas ambientales y de uso de agua para mejorar la calidad del vino, tener completa certeza respecto a la constitución del producto y colocar al resultado de la vid a la vanguardia dentro de la competitividad internacional.
“Queremos retomar las mejores prácticas que han llevado a Napa al plano mundial y retomarlas para nuestro Valle de Guadalupe, por lo que se va a impulsar el turismo responsable y sustentable en nuestro Valle de Guadalupe”, detalló.
En tanto, Fernando Pérez Castro, representante de Por un Valle de Verdad y vocero del Comité de Desarrollo Vitivinícola, hizo notar que si bien el Valle de Guadalupe cuenta con programas de ordenamiento que le dan viabilidad ecológica a esta región, también es cierto que el talón de Aquiles ha sido su implementación para convertirlos en instrumentos de utilidad para el desarrollo y no letra muerta, como lo son actualmente.
Los productores tuvieron la oportunidad de visitar el Valle de Carneros, una de las zonas más reconocidas de la región vinícola en California, que representa un caso de éxito en la incorporación de aguas revitalizadas para uso agrícola desde los años 90. Con la incorporación de esta tecnología de riego en el Valle de Guadalupe, se tendría el potencial de triplicar sus plantaciones, permitiendo mantenerse como líder absoluto en la producción de uva y vino en México.
