-Se pospuso para el 4 de marzo del 2022, la audiencia inicial de formulación de imputación en contra del alcalde electo Arturo González Cruz
-Expediente de Mariano Soto fue atraído por la FGR, investigaran homicidio y revisaran en trabajo de la FGBC
Este martes 28 de septiembre del 2021, la sala virtual uno, pospuso para el 4 de marzo del 2022, la audiencia inicial de formulación de imputación en contra del ex secretario de Desarrollo Económico del ayuntamiento de Tijuana, Arturo Pérez Behr y el alcalde electo Arturo González Cruz.
Citada para el jueves 30 de septiembre del presente año, la audiencia se pospuso porque la fiscalía general de Estado de Baja California, no permitió a los abogados defensores tener acceso al expediente en contra de sus representados.
La carpeta que también implica al ex secretario de seguridad pública, Jorge Alberto Ayón Monsalve y otros imputados, es por el homicidio del Mariano Soto, administrador de una página de Facebook, dedicada a la exposición de temas de inseguridad y quien cumplía en libertad una condena por extorsión, fue baleado el 4 de octubre del 2020.
El 9 de septiembre, previo a su muerte violenta, Soto denunció que lo habían atacado a balazos y declaró a través de un video en redes sociales: “Traigo una en el hombro y tres balazos en la espalda, sea quien haya sido, simplemente fue porque yo publico la verdad, este atentado yo se lo atribuyo al Cártel de Sinaloa, directamente culpo a René Arzate ‘La Rana’, al ‘Aquiles’ y al comandante de la Policía Estatal Preventiva, el Cristian, al que he venido señalando de la PEP…”.
La última semana de octubre del 2020, el alcalde de Tijuana, quien en contra de la voluntad del actual gobernador Jaime Bonilla, buscaba la candidatura y suplirlo en la gubernatura, fue acusado en varias de las transmisiones mañanera de Facebook del mandatario bajacaliforniano, de su presunta participación en el ilícito, lo que le impediría ser candidato.
Para imputar como sospechoso al acalde – dejándolo fuera de la pelea por la gubernatura- la FGE de Baja California, utilizó las declaraciones de un testigo protegido “ de oídas”, el diputado suplente Alfredo Rivas Aispuro, un ex policía que el mismo Fiscal Guillermo Ruiz, había solicitado al ayuntamiento de González Cruz, retirar y no contratar en la secretaria de Seguridad y Bienestar Ciudadano de Tijuana, porque existían múltiples denuncias de su presunto involucramiento en “ operativos irregulares y supuestos bajes de droga”.
ZETA también pudo conocer que para evitar el “conflicto de intereses”, el expediente fue requerido y remitido a la fiscalía general de la República (FGR), donde se investigará el homicidio de Mariano Soto, y la forma en que la FGEBC, llevó la investigación
