El poder agónico del gobernador Jaime Bonilla Valdez, recibió otra estocada, y ahora del líder moral y Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, cuya Consejería Jurídica presentó este miércoles primero de septiembre, una acción de inconstitucionalidad en contra del decreto 289 que municipaliza parcialmente los servicios de agua en Baja California.
El documento en poder de ZETA, consta de 4 páginas y está dirigido al Ministro Presidente, Arturo Zaldivar Lelo de Larrea, donde establece una invalidez a la norma general que reglamenta el servicio de agua potable en Baja California.
El documento emprendido por Julio Scherer Ibarra -antes de renunciar al cargo- prácticamente coincide con las controversias constitucionales 97/2021, 98/2021 Y 99/2021, interpuestas por los síndicos procuradores de los ayuntamientos de Mexicali, Tecate y Playas de Rosarito, además de la acción de inconstitucionalidad 119/2021 interpuesta por 12 diputados del Congreso del Estado.
El punto toral de la impugnación recae en el artículo 84 de dicha Ley, que tras su publicación reza lo siguiente:
Los propietarios o poseedores de predios o giros están obligados a pagar el costo de las obras a que se refieren los artículos 1 y 2 de esta Ley. El importe de las obras de conducción, distribución, conexión de las redes a los sistemas generales de las ciudades, tomas de agua, descargas de aguas negras u otras, serán los que fijen cada uno de los organismos encargados del servicio, de acuerdo a los costos que para éstas tengan dicha obra.
Un abogado consultado por ZETA refirió que el argumento expuesto por la Consejería Jurídica de Presidencia -según su análisis- está impugnando la inconstitucionalidad de esa facultad del organismo operador del agua, que sea la que determine los costos, lo que -a su juicio- violaría el principio de reserva de ley que dice que todas las contribuciones deben estar en una Ley, por lo que no podría ser configurada por el organismo.
Un día antes de que Presidencia presentara esta acción de inconstitucionalidad, la Suprema Corte de Justicia del Estado (SCJN) otorgó la suspensión al Congreso del Estado para “frenar” el avance de la Ley que desesperadamente ha querido aplicar el Poder Ejecutivo.
Con esto, todos los municipios se encuentran impedidos para avanzar en el proceso de recepción de facultades en los órganos operadores de agua.
